La defensa de Yoldi pide a los jueces que cuestionen ante el Tribunal Constitucional la ley antiterrorista

BONIFACIO DE LA CUADRA ENVIADO ESPECIAL El juicio contra el parlamentario de Herri Batasuna (HB) Juan Carlos Yoldi y otros cuatro acusados de delitos de terrorismo fue declarado ayer visto para sentencia, tras comparecer ante el tribunal los cuatro procesados que no lo reconocieron y permanecieron ausentes de la vista, quienes denunciaron la represión padecida por el pueblo vasco. Previamente, el fiscal suavizó las penas solicitadas, y la defensa -que mantuvo su solicitud de absolución- sorprendió a la sala con la petición de que el pleno de la Audiencia Territorial de Bilbao, antes de dictar sentencia, cuestione ante el Tribunal Constitucional el artículo 8 de la ley antiterrorista por ir contra la Constitución.

El letrado Iñigo Iruín recordó que en las conclusiones definitivas del fiscal se imputa una serie de hechos a Yoldi y José María Lizárraga -la colocación de un artefacto explosivo en un taller de Renault, el ametrallamiento de un camión que trasladaba coches de la misma marca francesa y la colocación de dos artefactos en la estación de Beasaín-, a los que considera aplicables el artículo 8 de la ley antiterrorista, que tipifica los delitos de terrorismo.Iruín señaló que, según ese artículo, cometen este delito los integrantes de una organización armada que utilice armas "cualquiera que sea el resultado" de su acción. En aplicación de este artículo, que agrava sustancialmente las penas que según el Código Penal corresponderían por los mismos hechos el fiscal pide por cada uno de estos tres delitos de daños 11 años de cárcel. Iruín explicó que en caso de que el tribunal admitiera como probados los hechos relatados y las normas que les son aplicables según el fiscal, el fallo dependería del artículo mencionado, por lo que sería procedente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad antes de dictar sentencia.

División de opiniones

Los 11 magistrados del tribunal, que inmediatamente des pués de la vista se reunieron para deliberar, se encuentran divididos sobre la cuestión planteada. Un sector es partidario de no asumir el relato del fiscal y, en consecuencia, dictar sentencia sin aplicar el artículo 8 de la ley antiterrorista, lo cual rebajaría sustancialmente las condenas y eludiría el retraso en la sentencia de esta causa.

Otros estiman que se debe aplicar dicho artículo previo rechazo de la cuestión de inconstitucionalidad propuesta. Y otros magistrados, por último se inclinan por elevar la cuestión al Tribunal Constitucional lo que exigiría resolver la causa tras el pronunciamiento del alto tribunal. En estos dos últimos casos sería necesario que el pleno de la Audiencia Territorial de Bilbao, antes de decidir sobre la cuestión planteada, concediera al fiscal y a la defensa un plazo de 10 días para alegaciones, según determina la ley del Tribunal Constitucional.

Iruín anticipó ayer algunas de estas alegaciones cuando manifestó que el artículo 8 de la ley antiterrorista viola los artículos 9, 14 y 25 de la Constitución, en cuanto éstos establecen los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley penal, entre otros. La sesión de ayer, tras la práctica de las últimas pruebas entre ellas, la caligráfica sobre el croquis atribuido a Yoldi, en el que la grafóloga Alicia Martínez encontró alto grado de paralelismo con la letra del procesado en las mayúsculas-, se inició con el informe del ministerio fiscal. Mantuvo su petición de 39 años de cárcel para José María Lizárraga y siete años para José Suquía, y rebajó las solicitadas para los otros tres procesados del modo siguiente: los 64 años de cárcel pedidos para Yoldi los redujo a 59 años; los 31 años para José Goikoetxea los rebajó a 21 años, y los dos años para Mari Carmen Allerbe, a seis meses.

En su informe, el fiscal jefe de Bilbao, Jesús Cardenal, estimó ciertas las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil y ratificadas ante el juez central de instrucción por los procesados, a pesar de ser posteriormente negadas por ellos, y dio gran credibilidad a las pruebas periciales. En el caso de Goikoetxea, a quien rebajó en 10 años la petición de pena, resaltó su carácter de terrorista arrepentido y su actitud de no acusar a la Guardia Civil de torturas, aunque se manifestó "presionado por la insistencia de los interrogatorios". La teniente fiscal María Ángeles Montes negó que fueran veraces los malos tratos denunciados por Mari Carmen Allerbe.

El abogado Miguel Castells dibujó la irrupción del teniente de la Guardia Civil y sus hombres en el pueblo de Ataún, así como las detenciones, registros e incautaciones que dieron origen a la causa como un atentado a los derechos humanos. Denunció también irregularidades en el atestado policial que ha mostrado que faltan objetos incautados, que hay testigos dudosos y que existen guardias civiles y detenidos "ubicuos".

Criticó que el fiscal fundamentara su acusación en el atestado policial, a pesar de la evidencia de que se produjeron declaraciones nulas, por ser prestadas sin asistencia letrada. Recordó que ante las huellas de tortura que detectó en los procesados el 28 de junio de 1985 en Madrid pidió al juez central de instrucción número 1 que les examinara un forense inmediatamente, cosa que no se hizo hasta muchos días después, cuando habían desaparecido las huellas físicas.

Antes de que concluyera la vista, el presidente del tribunal facilitó a cada procesado que dijera la última palabra, en euskera, para lo que entraron en la sala uno a uno, custodiados por policías nacionales. Yoldi rectificó al intérprete cuando tradujo: "Soy consciente de que seré condenado por este tribunal". Yoldi le atajó: "No, he dicho que igual [probablemente] seré condenado". Añadió que su único delito era luchar por la libertad de su pueblo.

Lizárraga dijo que quería "deminciar la política represiva contra el pueblo vasco por los Estados frances y español", así como al Gobierno del PSOE "y sus cárceles de exterminio". Cuando gritó "viva Euskadi libre" parte del público coreó el grito, actitud que recriminó el presidente del tribunal. Goikoetxea avaló la alternativa KAS "frente a las soluciones de aplastamiento, tortura y masacre del pueblo vasco", dijo.