Las protestas de la clase media

La española es una economía de servicios y el empleo en dicho sector aumenta constantemente, un empleo compuesto básicamente por trabajadores asalariados. Ello, en opinión del firmante, explica la tendencia al aumento de las huelgas en los servicios, en períodos de crecimiento de la conflictividad laboral. general.

Si nos preguntamos qué tiene en común la huelga en Iberia con la huelga en Renfe, con la huelga, desconvocada a última hora, en los paradores de turismo, con las huelgas de médicos, con la huelga de PNNs en la Universidad y con una posible futura huelga en la banca, la respuesta es que todos estos trabajadores trabajan en el sector servicios, es decir, producen un servicio. La consecuencia de una huelga en los servicios -la no prestación del servicio médico, docente o de transporte- tiene un impacto inmediato y directo sobre el usuario (el enfermo, el estudiante, o el viajero), a diferencia d, o que ocurre en el sector industrial.Pues, bien, un primer dato revelador es que la economía española es crecientemente una economía de servicios, tanto en términos de producto interior bruto como en términos de empleo. Así, en el año 1985 el sector servicios daba cuenta del 60% del producto interior bruto (al coste de los factores), mientras que en el año 1966 la cifra correspondiente era la de 45% (Banco de Bilbao, Informe Económico 1985).

Mas lo que aquí nos interesa sobre todo es el empleo, y un examen de la estructura del empleo utilizando datos de las encuestas, de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que el peso absoluto y relativo de los servicios en el mismo está aumentando constantemente. Hoy (datos de finales de 1986), la población ocupada en el sector servicios es algo superior a 5.718.000 personas, lo cual representa el 52,2% de toda la población ocupada, en tanto que hace 20 años (finales de 1966) las cifras correspondientes eran 3.640.000 personas y 30,5%. En segundo lugar, esa población ocupada en el sector servicios está compuesta en su mayor parte por trabajadores asalariados: 4.241.900 personas pertenecen a esta categoría a finales de 1986, número que representa el 74,2% del total de ocupados en el sector. Estos datos implican que las huelgas en el sector servicios, con los consiguientes efectos directos e inmediatos sobre los usuarios, constituyen un fenómeno que tiene una explicación estructural en la medida en que deriva de procesos estructurales.

Si la población ocupada en los. servicios tiende a aumentar (absoluta y relativamente) y si la mayor- parte de esa población está formada por trabajadores asalariados, entonces no debe sorprendemos la tendencia hacia un aumento de este tipo de huelgas en períodos de crecimiento de la conflictividad laboral general, por gra~es que sean las molestias y los perjuicios que tales huelgas causen y por muchas y altas que sean las lamentaciones y las denuncias, y si, como es previsible, la economía española- sigue la línea trazada por otras economías occidentales desarrolladas -en Estados Unidos, por ejemplo, el 72% de la población ocupada trabaja en el sector servicios en el año 1985-, podemos anticipar un creciente número de huelgas en este sector. Tendremos, pues, que aprender a soportarlas como hemos aprendido a soportar la contaminación o la congestión de tráfico en las ciudades, o como hemos aprendido a soportar un creciente número de víctimas de accidentes en nuestras carreteras, fenómenos todos que causan graves perjuicios y considerables costes.trata de huelgas en el sector público, y muchas de ellas, en la empresa pública. Este hecho ha conducido a la formulación de otro argumento en contra de tales huelgas, a saber, que en realidad los perjudicados por las mismas no son sólo los miles de usuarios, sino también los millones de españoles que sostienen esas empresas - con sus impuestos.

No es mi intención aquí combatir este argumento, que, en todo caso, tiene poco de iluminador. Lo que sí creo que tiene interés es señalar que la huelga en el sector público tiene, al igual que la huelga en los servicios, una explicación estructural. En efecto, los datos de las encuestas de población, activa del INE revelan, por un lado, que el numero de asalariados empleados en el sector público está aumentando constantemente, tanto en números absolutos (hoy son cerca de dos millones de personas frente a poco más de 800.000,20 años antes) como en términos relativos .(24,5 % frente al 11, 1 % de todos los asalariados en el país). Y si nos concentramos en la categoría asalariados en el sector servicios, los datos revelan un número también creciente de personas que trabajan en el sector público. En 1966 eran 712.100 (28,1% del total), pero en 1986 el número alcanzaba la cifra de 1.666.000 (es decir, 39,3% del total de asalariados en el sector servicios).

En suma, la estructura de la actividad económica está en proceso de cambio, y en la medida en que nos hallamos ante una, tendencia hacia el crecimiento del número de asalariados que trabajan en el sector público dedicado a la provisión y prestación de servicios, no puede ni debe extrañarnos que en períodos de conflictividad laboral tiendan a aumentar las huelgas de servicios en el sector público en general y en la empresa pública en aprticular, así como los efectos de las mismas.Ley de huelga'

Es de sobra conocido que el artículo 28 de la Constitución, en el párrafo 2, reconoce "el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses". Ahora bien, coincidiendo con la ola de huelgas en los servicios y en la empresa pública, el Gobierno ha anunciado la presentación en el Congreso para el otoño de un proyecto de ley de huelga. Dado que ya existen unas normas que establecen unas garantías que aseguran el manten¡miento de los servicios esenciales de la comunidad (los llamados servicios mínimos), se ha extendido entre los trabajadores la idea de que lo que el Gobierno va a proponer al Congreso es endurecer las condiciones que deben cumplirse para que una huelga sea considerada legal.

El interrogante crucial, a mi juicio, es el siguiente: ¿qué perseguiría el Gobierno con una nueva regulación de la huelga, cuál sería su objetivo? Reducir los efectos de las huelgas es la respuesta general. Pero en el caso de la huelga en el sector servicios encontramos dos posibles objetivos más específicos, ligados uno al otro, sin duda, pero analíticamente diferenciables: uno sería atenuar las pérdidas eocnómicasderivadas de la paralización del trabajo, y el otro, limitar el impacto negativo de la huelga sobre el usuario. Pues bien, mi impresión es que el objetivo que fundamentalmente se perseguiría con tal proyecto de ley de huelga sería el de limitar los efectos de las huelgas de servicios sobre el usuario, aunque se utilizara predominantemente el argumento económico del efecto devastador de tales huelgas sobre una economía sufriente.

Es mi tesis que la clase social que más afectada se ve por muchas de las huelgas en los servicios (piénsese, por ejemplo, en ramas de actividad como la banca, hoteles y restaurantes, transporte aéreo, o la medicina pública) es la clase media-, una clase social que, además, con el desarrollo económico ha estado ampliándose. El caso de las huelgas en Iberia y Aviaco, sobre las que tanto se ha opinado últimamente en todos los medios de comunicación de masas, es enormemente ilustrativo, pues su efecto está restringido en buena parte a un segmento de la clase media, a lo que suele llamarse la clase media acomodada.

Lo que quiero decir, en suma, es que las huelgas que se califican de insoportables lo son sobre todo para la clase media, y que, en definitiva, la atención que reciben en los medios de comunicación, las críticas más o menos abiertas a los trabajadores en huelga que hallamos en esos medios y la reacción del Gobierno responden todas ellas a la impaciencia creciente de una clase media que se siente más y más incótnoda por la paralización o la lentitud del trabajo en esas ramas de actividad. Mi conclusión es, pues, que si el Gobierno resuelve ir adelante con la presentación en el Congreso de esa llamada ley de huelga, estará tomando una decisión política que, una vez más, subordina los intereses de los trabajadores a los intereses de otras clases sociales, en este caso, la clase media.