Diversas organizaciones anuncian conflictos poselectorales
Diversas organizaciones sindicales han anunciado en los últimos días que recurrirán a las medidas de presión después de las elecciones. El motivo de estas acciones radica en una diferencia presupuestaria con la Administración. Tres sindicatos del extinto Cuerpo Superior de Policía y otros dos de la antigua Policía Nacional han señalado que estas medidas se iniciarán en breve.El Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Unión Sindical de Policía (USP) y la Plataforma Unitaria de Policía (PUP) reúnen esta semana a sus respectivas ejecutivas -en el caso del SPP, a la junta nacional- para estudiar medidas de presión, incluida la de manifestación. La primera medida a adoptar será la de huelga de celo (cumplimiento estricto del reglamento). El SPP y la USP estudian acudir conjuntamente a las medidas de presión.
El motivo de la discordia con la Administración son 1.740 millones de pesetas que el Estado debe repartir entre los agentes para lograr la homologación entre los dos antiguos cuerpos de seguridad: el Superior y el de Policía Nacional. Los sindicatos entienden que la homologación (por ejemplo, la de un capitán con un inspector o un subcomisario) debe ser al alza, es decir, pagar a todos los antiguos empleos de la nueva categoría como el que más cobraba de los anteriores. Sin embargo, la Administración pretende realizar la homologación a la baja.
Manifestación prohibida
Asimismo, dos sindicatos de la extinta Policía Nacional han anunciado igualmente medidas de presión por una serie de reivindicaciones, entre las que destacan las económicas. Se trata del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU).El gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, ha prohibido la manifestación de policías convocada para el próximo día 20 en San Sebastián por el SUP y SPPU, informa José Luis Barbería. En su negativa, el gobernador civil de Guipúzcoa señala que la manifestación podría ser aprovechada por determinados grupos para alterar el orden público, e indica que el punto de la concentración, la calle de José María Salaberria, situada frente al Gobierno Civil, es una vía de escasa anchura".
Los sindicatos policiales han decidido, por su parte, no renunciar a la manifestación y presentar una nueva solicitud al gobernador civil, considerando que los argumentos esgrimidos por este último carecen de fundamento. La manifestación, en la que los policías marcharán sin armas, responde al propósito de protestar por la falta de respuesta a una serie de reivindicaciones, entre las que figuran el retraso en la aplicación de los traslados, la falta de un médico de empresa, las retribuciones económicas y el impago de las indemnizaciones por desaparición de enseres personales en el derrumbe parcial del cuartel de Aldapeta, de San Sebastián.
