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El juez archiva la querella de los Coca contra Banesto

La querella presentada en el pasado mes de enero por la viuda y los hijos de Ignacio Coca contra los máximos dirigentes de Banesto, por los presuntos delitos de falsedad de documento mercantil y usura, ha sido archivada según decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, para quien no existen motivos para proseguir las actuaciones. Los abogados de la familia Coca anunciaron ayer que recurrirán el auto del juzgado.La decisión del juez Eladio Galán Cáceres de decretar el archivo libre y definitivo de la querella criminal presentada contra Pablo Garnica, presidente de Banesto, José María López de Letona, vicepresidente y consejero delegado de la entidad, José María Sainz de Vicuña y Manuel Igea, ex directores generales, se basa, según fuentes de Banesto, en que las acciones presentadas como posibles delitos "no son constitutivas de acción penal alguna" y que las actuaciones que se siguieron para cerrar el proceso de absorción del Banco Coca por parte de Banesto fueron de absoluta corrección.

En el auto se señala la "nula participación" de López de Letonal, que en aquella época no estaba en Banesto, y se establece que Ignacio Coca tenía plena capacidad física y psíquica en el momento de realizar los acuerdos con los responsables de Banesto.

La querella ahora archivada argumentaba que la operación de absorción del Banco Coca, realizada en 1978, se materializó con un convenio por el que Coca respóndía con su patrimonio particular a las obligaciones desociedades filiales de su banco y a los créditos fallidos, asumiendo hasta el 85% de su importe. Estos fallidos supusieron algo más de 53.000 millones de pesetas que, en septiembre de 1983, se habían convertido en casi 89.000 millones al acumularse intereses.

Ignacio Coca y José María Sainz de Vicuña llegaron a un acuerdo por el que el primero entregó la titularidad de algunas sociedades por valor de 51.000 millones de pesetas, quedando una deuda pendiente de 37.646 millones de pesetas, que aumentaron en 10.000 millones más con el paso del tiempo al seguir cargándose intereses sobre la misma.

Fracaso de negociaciones

La llegada de Letona a Banesto, hace ahora poco más de un año, abrió la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo para liquidar dicha deuda pero, tras algunas conversaciones con responsables de Banesto, Ignacio Coca acabó quitándose la vida en el mes de junio de 1986. La viuda y los hijos de Ignacio Coca trataron, con posterioridad, de alcanzar un nuevo acuerdo, pero las condiciones solicitadas por éstos y lo que Banesto estaba dispuesto a dar estaban muy alejadas.

Rota la vía de las negociaciones, se abrió un nuevo frente ante los tribunales, iniciado por los Coca que, inicialmente, presentaron la querella ahora archivada en la que, además de los presuntos delitos de usura y falsedad se unía otro de haber atentado contra. la vida de Ignacio Coca. Los datos sobre este último aspecto fueron trasladados por el juez Galán al que instruyó las diligencias con motivo del suicidio del financiero y fueron también archivadas.

Fuentes de Banesto señalaron ayer que el auto del juez, "bastante prolijo y minucioso", establece claramente que no hay delito de usura porque los intereses cargados sobre la deuda, el 8%, eran bastante inferiores a los que regían en el mercado en aquel momento. El auto destaca también, según el banco, que "teniendo en cuenta la condición profesional de Ignacio Coca, a la sazón idéntica a la de los querellados, no existe irregularidad alguna en la actuación de Banesto".

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