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La mayoría de los redactores del plan económico del PSOE son altos cargos de la Administración y de empresas públicas

En sus primeras reuniones plenarias, los redactores de la parte económica del Programa 2.000, preparado por el PSOE, han insistido en la necesidad de definir con mayor claridad el futuro modelo tecnológico, en la insuficiencia de la apuesta europea y en la idea de perseguir la equidad en el reparto de la renta sin recurrir a políticas igualitarias. Una mayoría de las 87 personas que colaboran en el programa económico son altos cargos de la Administración y de las empresas públicas, si bien algo más de la tercera parte son expertos que no militan en el partido.

Al terminar las dos primeras jornadas de trabajo, el coordinador general del programa, Manuel Escudero, informó que han empezado a ser perfilados los puntos claves de cómo cambiará la realidad económica en los próximos años. Sobre esta base, a desarrollar en los próximos meses, se elaborararán los hipotéticos escenarios de la próxima década, para luego someter a los afiliados del partido y a la sociedad en general un conjunto de propuestas, algunas de las cuales podrían ser vaciadas en el programa socialista para las elecciones de 1990.Según Escudero, aunque en la parte económica han sido debatidos unos 40 informes distintos, no se han elaborado conclusiones, si bien subrayó algunas coincidencias. Entre ellas figura que hace falta definir con mayor precisión el modelo de desarrollo tecnológico que condicionará a la actividad económica en los próximos años. Igualmente, se ha empezado a esbozar las definiciones y prioridades del futuro estado de bienestar, con el fin de contrastarlas posteriormente con los recursos que generará la economía para poder atenderlo. Escudero precisó que se ha presentado de forma indiscutida la aspiración de igualdad, pero que también que ésta no ha de ser satisfecha mediante técnicas igualitarias.

A este respecto, los redactores económicos del Programa 2.000 parecen respaldar las afirmaciones del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en el sentido de que "no existe dilema entre eficiencia y equidad". "No puede haber equidad si no hay eficiencia económica", declaraba el primer día Guerra.

Coordinación

La coordinación del programa económico ha correspondido a Julio Segura, Federico Prades, Julio Rodríguez y Manuel Castells, con el apoyo de los dos miembros de la Ejecutiva del PSOE responsables de política económica y social: Francisco Fernández Marugán y Alejandro Cercás, respectivamente.Ya la figura de los cuatro coordinadores se adapta al esquema de procedencia de los redactores: Segura es un economista independiente que proviene del PCE y del eurocomunismo; Federico Prades es director general de Coyuntura, del Ministerio de Economía y Hacienda, y Julio Rodríguez, antiguo militante del PSOE, preside el Banco Hipotecario de España. Manuel Castells ha tenido una trayectoria similar a la de Segura y colabora desde Estados Unidos, donde da clases en la universidad de Berkeley. Castells está muy vinculado a Alfonso Guerra.

Entre los presidentes de grandes empresas públicas, junto a numerosos directivos de otras sociedades menores, figuran los de Renfe, Julián García Valverde; Tabacalera, Cándido Velázquez, y Telefónica, Luis Solana.

Bastante más numerosa resulta la concurrencia de altos cargos de la Administración, entre ellos, algunos secretarios de Estado, como José Borrell (de Hacienda y Planificación) y Javier Gómez Navarro (de Deportes). A su lado aparecen otros dos que lo fueron hasta resultar cesados por los dos ministros socialistas de Economía y Hacienda, José Víctor Sevilla, uno de los críticos más profundos de la política económica de Miguel Boyer incluso antes de que éste le cesara, y Luis de Velasco, víctima de la última escalada de la línea liberal en el departamento de Carlos Solchaga. Directores generales de diversos ministerios hay una decena. En cambio, la Administración periférica aporta pocos expertos, salvo el caso de Joaquín Leguina -presidente de la Comunidad de Madrid- y varios representantes del Ayuntamiento de la capital y del de Barcelona.

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