Ramallo reitera que se investigue la reprivatización de Rumasa

I. C. Luis Ramallo, diputado del Grupo Popular, volvió ayer a solicitar al Gobierno la creación de una comisión parlamentaria que investigue el proceso de reprivatización de Rumasa. La petición fue apoyada por los demás grupos parlamentarios, excepto por el socialista.

Ramallo, y el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, protagonizaron ayer en el Parlamento un nuevo diálogo de sordos en torno a la reprivatización de Rumasa. A Solchaga parece haberle ya agotado esa "especial sensibilidad, sospechosa sensibilidad diría yo", recalca el ministro, "que el Grupo Popular y sobre todo el señor Ramallo Eanes (sic) pone en el tema de Rumasa".

El ministro basa sus sospechas en que ningún otro grupo parlamentario le da guerra con el tema Rumasa, y en que AP no parece en absoluto preocupada por privatizaciones tan importantes como las de Campsa o Seat.

El 'caso Hispano Alemana'

Luis Ramallo volvió ayer a la carga con una nueva interpelación sobre las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de reprivatización de las empresas expropiadas de Rumasa. Ramallo centró su atención en el caso de Hispano Alemana de Construcciones (HASA), que, señaló Ramallo, "ha costado a los españoles 31.500 millones de pesetas).

El diputado denunció la misteriosa desaparición de 1.770 millones de pesetas del cheque -del Exbank- con que el patrimonio del Estado pagó en agosto de 1985 a Transworld 11.069 millones de pesetas por la compra de Hasa; de ese cheque sólo fueron ingresados, según Ramallo, 9.299 en la contabilidad de la constructora y del Banco Pastor, entidad en la que se depositaron los fondos. Ramallo se refirió también a las sociedades Invertécnica y Mafriesa.

El diputado popular pidió la creación de la consabida comisión investigadora sobre Rumasa, que fue apoyada por el resto de los grupos y negada por el PSOE. Sobre el paisaje detallista de Ramallo, pasó el ministro de Hacienda en vuelo rasante sin entrar en un detalle, resumiendo que el éxito del proceso de reprivatización se explica por sí mismo si tenemos en cuenta que de 240 empresas reprivatizadas "el señor Ramallo sólo puede encontrar cinco, que en realidad se agrupan en tres, que marchen mal".

En cuanto a la denuncia, Solchaga afirmó que el Gobierno perseguirá a los responsables de la comisión de cualquier delito si se demuestra que se ha producido, como ha hecho con la querella presentada contra el empresario mallorquín, Márquez Ruigómez, por apropiación indebída de fondos en el caso de las empresasa Hispamosa, Pickman y Herraiz.