Convalidado el real decreto de devolución de la contribución urbana y rústica

El Pleno del Congreso convalidó ayer el real decreto-ley de 10 de abril, por el que se concede un crédito extraordinario de 50.000 millones de pesetas para devolver el recargo municipal sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, anulado por una sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se pronunció en contra del recargo establecido por algunos ayuntamientos, y el pasado 17 de Febrero declaró nulos los acuerdos municipales por los que se fijaron tipos de gravamen distintos, de los generales, del 10% para las contribuciones rústicas o pecuarias y del 20% para la urbana, en los períodos impositivos de 1984, 1985 y 1986.El real decreto-ley "por el que se concede un crédito extraordionario para hacer efectiva la devolución de las cantidades ingresalas en exceso por las contribuciones territoriales rústicas y pecuarias y urbanas" regula, según destacó ayer ante el Pleno del Congreso el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, el procedimiento para efectuar la liquidación y las consiguientes devoluciones.

Según el ministro, el crédito extraordinario de 50.000 millones es ampliable, pues sería necesario aumentar los fondos en caso de que los contribuyentes justificasen devoluciones por encima de esta cantidad.

El recargo municipal y la libre fijación de gravámenes de las contribuciones se contemplaba en la ley de Medidas Urgentes para el Saneamiento de las Haciendas Locales y pretendía, subrayó el ministro, hacer frente a un "grave déficit financiero y de un enorme nivel de endeudamiento de las corporaciones locales" existente a 31 de diciembre de 1982.

En nombre del Grupo Socialista, Luis Fajardo rechazó todas las críticas de la oposición a este decreto, y más en concreto a la ley de saneamiento de las haciendas locales.

El diputado de AP José María Aznar mostró su discrepancia con el real decreto y con el procedimiento de devolución de las cantidades, aunque destacó que "más vale que se devuelvan, aunque sea por un mal procedimiento y aunque sea con ciertas irregularidades, si las hay".

Por el Partido Liberal, José Carlos Aparicio anunció la oposición de su grupo a la convalidación del real decreto y destacó que "se trata de dar un cheque en blanco", ya que se propone un crédito ampliable, con el riesgo de un aumento del déficit público, y no se precisaba si los 50.000 millones provendrán del Banco de España o de la deuda pública.

El diputado de IU Ramón Espasa destacó que se trata de corregir "un importante y grave error político del Gobierno cuando aprobó la ley de Medidas Urgentes para el Saneamiento de las Haciendas Locales".

El Grupo Socialista se opuso a que este real decreto se tramite como proyecto de ley, ya que, según Fajardo, "constituiría un inconveniente en cuanto a la rapidez y agilidad que se requiere".