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El Gobierno retiene los sondeos del CIS para no 'dañar' a partidos de la oposición

Anabel Díez

El Gobierno no es partidario "por el momento" de que las Cortes o los portavoces de los grupos parlamentarios tengan acceso inmediato a las investigaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -en lo que se refiere a la intención de voto- por los malos resultados de algunos partidos de la oposición. En el Ejecutivo existe la impresión de que hacer públicos esos sondeos sería mal encajado por los grupos con escasa expectativa de voto y se acusaría al CIS de manipular los datos. Las fuentes informantes aseguraron que se arbitrarán fórmulas para que en tres meses los portavoces de los grupos "y todos los ciudadanos" tengan acceso a estas informaciones.

El presidente del Gobierno recibe el resultado de las investigaciones unos 25 días después de que haya finalizado el muestreo, privilegio -que había compartido con Manuel Fraga hasta que abandonara su cargo de jefe de la oposición mayoritaria, a quien se le enviaban estos trabajos un día después de que tuviera conocimiento de ellos el jefe del Ejecutivo.El anterior director general del CIS, Julián Santamaría, tenía como proyecto, según informó a este periódico el pasado mes de diciembre, publicar un boletín con las principales encuestas del centro. Este anuncio tendría que haberse cumplido un mes después, previsión que fue avalada en las mismas fechas por un portavoz gubernamental que expresó la intención de hacerlo llegar a los portavoces parlamentarios.

Transcurrido con creces ese plazo, el Grupo Socialista sostiene oficialmente que es técnicamente imposible hacer llegar a los portavoces las encuestas pocos días después de que se finalice el trabajo de campo, argumentando complejidad en las tabulaciones. Con estos argumentos el Grupo Socialista rechazó anteayer una proposición no de ley del PDP que pedía la remisión de los resultados de las encuestas diez días después de realizadas.

Fuentes de toda solvencia reconocen, no obstante, que el Gobierno ha descartado la idea de enviar a los portavoces los resultados de las encuestas "por el mal resultado" de algunos de ellos, que coinciden con los que "con mayor insistencia los piden". Menos aún, aseguran, en vísperas de una confrontación electoral.

Las mismas fuentes afirman que el período de carencia de tres meses se tiene que respetar "como ocurre en todos los países occidentales". "La oposición quiere conocer el resultado de los trabajos inmediatamente y eso no se da en ningún país del mundo", dijeron.

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Órgano gubernamental

Se recuerda que la labor del CIS no es estrictamente electoral sino de "orientación de la política del Gobierno para saber con frecuencia qué es lo que opinan los ciudadanos sobre determinados temas". Toda vez que este periódico puso de manifiesto que si el presidente del Gobierno puede tener acceso a los resultados de una encuesta 25 días después de que se produzca y, sin embargo, se arguye complejidad técnica para que la conozcan los portavoces la respuest a fue la siguiente: "para eso el CIS es un órgano gúbernamental".

Por otra parte, Rosa Conde, directora general del CIS, manifestó aver a este periódico que no existe impedimento por su parte para que los diputado: del Congreso tengan acceso, las encuestas que elabora el centro. "El único problema es que yo no puedo entregar resultados de encuestas a los diez días de realizarlas. Esto es imposible porque es un material que hay que trabajar, no puedes dar los datos en bruto pues inducirían a error".

A las dificultades derivadas del propio trabajo y de la escasez de personal en el CIS, hay que añadir en opinión de Rosa Conde el hecho de que "realizamos más de 200 estudios, anuales y hay que comprender que distribuir copias de todo Io realizado sería excesivo". Rosa Conde propone, en cualquier caso, "enviar al Congreso la revista que edita el CIS" e incluso, "una separata con los datos de encuestas para repartir a los miembros del Congreso, pero pasado un tiempo razonable desde su realización".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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