400 vecinos de Reinosa han denunciado daños causados por la Guardia Civil

Un total de 400 denuncias se acumulan ya en las oficinas de la Policía Municipal de la localidad cántabra de Reinosa, suscritas por otros tantos vecinos, quienes manifiestan haber sufrido daños o lesiones cometidos en sus personas o bienes por la Guardia Civil en el curso de las últimas semanas, y sobre todo durante los pasados días 16 y 17, en los recientes enfrentamientos entre la población y miembros del cuerpo.

Las 400 denuncias individuales que tiene ya en su poder la policía no son, probablemente, el final de las que la población civil de Reinosa se propone presentar, al margen de posibles querellas de las que todavía no existe constancia en el Juzgado de Instrucción, donde sí se ha recibido un escrito que pudiera ser seguido de posterior denuncia, firmado por médicos del ambulatorio de la Seguridad Social dando cuenta de la aparatosa irrupción en el centro, cuando se estaba atendiendo a numerosos heridos, de varios miembros de la Guardia Civil en la tarde del Jueves Santo. Un enfermero fue objeto de malos tratos por parte de aquéllos, según la denuncia.Sin duda alguna, cuando los ciudadanos de Reinosa hayan terminado sus acusaciones escritas, en el Juzgado de Instrucción se podrá llevar, conjuntamente, el desarrollo de todas las diligencias, esto es, las originadas por los sucesos del 11 y 12 de marzo y las ocasionadas por los últimos graves disturbios. Será también llegado el momento de realizar las prácticas correspondientes.

El juez, Mauricio Bugidos, de 30 años, natural de Palencia, quien desempeña en Reinosa su primer destino profesional, manifestó ayer su "decisión" de llevar el caso adelante. Bugidos declaró: "Bautismos como éste que me ha llegado siempre vienen bien si se afrontan con decisión".

A mediados de marzo la Audiencia Provincial decidió nombrar un fiscal especial, José María Martínez Matesanz, para trabajar con Bugidos en la investigación por los sucesos del 11 y 12 de marzo y a cuyas diligencias se han unido las originadas por los incidentes posteriores.

Las diligencias abiertas a mediados de marzo a causa de la posible retención ilegal por los trabajadores del presidente de Forjas y Aceros, Enrique Antolín, durante la noche del día 11 de marzo, siguen todavía su tramitación cuando ya han prestado declaración 40 personas. Dos han sido ya procesadas por depósito de armas, y el juzgado tiene abierto sólo por este delito un sumario aparte; se trata del delincuente común David Pérez González (varias detenciones por delitos contra la propiedad) y José González Gutiérrez, carente de antecedentes penales. A ambos les fue ocupado el subfusil, que la Guardia Civil perdió durante sus enfrentamientos con los trabajadores el 12 de marzo.

La Guardia Civil ha remitido al juzgado varios atestados y otros han sido requeridos ya por el magistrado; sin duda alguna, cuando todo el material informativo obre en poder del juzgado, determinados mandos y miembros de las fuerzas antidisturbios serán citados para declarar.

Por otra parte, unos 2.000 vecinos de la localidad realizaron ayer una cadena humana por las calles de Reinosa sin cortar el tráfico y sin que se produjesen incidentes.