Mangada insinúa que en 1988 se recortarán los fondos para viviendas publicas

Eduardo Mangada, consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, insinuó varias veces que los fondos del Estado para construcción de viviendas públicas podrían verse reducidos sustancialmente el próximo año. Mangada advirtió, a lo largo de una reunión mantenida el viernes con representantes de asociaciones de vecinos, que sería un éxito que los próximos años se mantenga en Madrid el ritmo de inicio en la construcción de unas 3.500 a 4.000 viviendas al año, ritmo que las asociaciones de vecinos consideran de por sí insuficiente.Mangada afirmó que, sin conocer el plan cuatrienal del Estado en materia de construcción de viviendas públicas, la Comunidad de Madrid no podía tampoco adelantar previsiones, y aseguró que el Gobierno regional destinaría todos los fondos que pudiera, "pero falta saber qué pasa con el Estado".

Mangada se comprometió a defender que se mantenga para el próximo cuatrienio el ritmo de construcción actual, y añadió que, dadas las circunstancias económicas del país, eso ya sería un éxito. Mangada no tuvo reparos en dejar claro que no podía defender ante la Administración central la petición de los vecinos de incrementar el ritmo de de viviendas públicas.

Ana Isabel Ferrero, portavoz de las asociaciones de vecinos, manifestó a este periódico la profunda preocupación del movimiento por esa posible reducción de los fondos para la vivienda pública. "Por eso nadie quiere adelantar los informes referentes al próximo plan cuatrienal del Estado. Es normal que no puedan dar cifras concretas, porque eso todavía está en estudio, pero sí podrían decir si la Administración central tiene intención o no de reducir el presupuesto". Mangada defendió que el plan se había cumplido con creces globalmente, ya que el total de viviendas previstas para todos los programas en los tres años era de 10.069 y se han iniciado 10.531.

Los vecinos insistieron en que las cifras globales eran ciertas, pero que algunos barrios habían sido más favorecidos que otros, y mencionaron casos, como los de los barrios de la Ventilla o Valdeacederas, en los que la construcción lleva varios años de retraso. El consejero reconoció que, efectivamente, en algunos barrios concretos el programa no se había cumplido.

Los representantes vecinales insistieron en que la Comunidad había cumplido, y de forma irregular, su propio programa, que sin embargo, no es suficiente para solventar el déficit de viviendas públicas en la región, por lo que sería necesario incrementar fuertemente el número de viviendas en los próximos años. El consejero se ciñó a su tesis de que no hay dinero para más, y apuntó que "si algún candidato a las próximas elecciones municipales dice que se pueden hacer muchos miles de viviendas más al año, es un irresponsable".

El segundo de los grandes temas tratados en la reunión fue el reciente decreto de alquileres aprobado por el Gobierno regional. El decreto establece unos baremos por alquiler de las viviendas públicas que nunca supera el 10% de los ingresos de la familia, según el consejero.

Una familia de seis miembros, cuyos ingresos totales fueran de casi 1.400.000 pesetas, pagaría por un piso de cuatro dormitoríos un alquiler de 13.833 pesetas. Para los vecinos, sin embargo, el decreto es regresivo, puesto que por cada hijo mayor de edad se computa un 40% del salario mínimo interprofesional, trabaje o no.