El BCA estudia presentar, una oferta para sanear la Caja Rural de Cantabria

El Banco de Crédito Agrícola (BCA) y el grupo asociado de cajas rurales estudian en estos días la posibilidad de conceder ayudas a la Caja Rural de Cantabria para reflotarla e impedir su exclusión del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), siempre y cuando se pueda cambiar la gestión de la entidad, se alcance un acuerdo por el que los trabajadores abandonen las posiciones actuales de huelga y el propio fondo acepte prorrogar el saneamiento un año más. El mantenimiento de la Caja Rural de Palencia aparece como más difícil, dado su nivel de pérdidas acumuladas y el volumen de ayudas suplementarias que exigiría.

La decisión de la comisión gestora del FGD en cooperativas de crédito de aplazar durante 15 días una toma de decisión sobre el futuro de las cajas rurales de Cantabria y Palencia, aunque rechazó los planes de viabilidad presentados, ha dejado abierta una puerta para un posible reflotamiento. El Banco de Crédito Agrícola, que tiene que renegociar en estas semanas el convenio con las cajas rurales asociadas, trata de demostrar que la asociación sirve para algo, y por ello está intentando forzar un acuerdo que permita la supervivencia de una entidad y la venta ordenada de otra.

Por lo que se refiere a la Caja Rural de Cantabria, con unas pérdidas acumuladas a finales del pasado ejercicio de 1.500 millones de pesetas, la solución pasaría por una aportación por parte del grupo BCA-cajas rurales de unos 200 millones de pesetas en forma de nuevo capital, que no recibiría retribución alguna hasta que no estuviera en rentabilidad, pero exige a cambio que se clarifiquen algunos aspectos ,previos que el grupo no puede solucionar por sí mismo.

Entre estos aspectos se encuentran el que se considera necesario cambio de la gestión actual, que debe aceptarse por el consejo rector de la caja; el compromiso de los trabajadores de abandonar su posición de huelga, y que el Banco de España y el FGD acepten prolongar por un año más la vigencia del plan de saneamiento diseñado, para un periodo de cinco años, hace ahora poco menos de tres.

Las cajas rurales asociadas verían con buenos ojos que se tomara una decisión de este tipo de forma que se frenara el proceso de desaparición de algunas entidades en determinadas zonas geográficas, y en el propio BCA se entiende que ésta es una ocasión compradora se hiciera cargo de las pérdidas proporcionales 11 número de oficinas que adquiriera no es aceptada por los potenciales compradores, que además querrían quedarse todos ellos con las oficinas situadas en las poblaciones más importantes.

Otra alternativa que se maneja es vender las oficinas libres de cargas y que el FGD asuma los créditos fallidos, pero a esto se opone el propio fondo, que recuerda la decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de que el saneamiento de las cajas rurales no debe suponer nuevas ayudas públicas.

La tercera hipótesis que se ha manejado, aunque se ha descartado, es vender las oficinas y proceder después a la suspensión de pagos, porque ello significaría un fraude de ley que exigiría la anulación de los acuerdos de venta tomados con anterioridad.