Marruecos amenaza a España y a la Comunidad Europea
Rabat, que considera en peligro su estabilidad, expulsará a la flota pesquera si no hay fuertes compensaciones por la ampliación de la CE
Las relaciones con el Magreb, y muy singularmente con Marruecos, constituyen la principal asignatura pendiente de la política exterior española tras la integración en la Comunidad Europea y en la Alianza Atlántica. El régimen de Rabat, acostumbrado a llevar la iniciativa en sus relaciones con Madrid, se siente ahora amenazado en su estabilidad por las consecuencias económicas de la integración de España en la CE. Marruecos, para contrarrestar esta situación, ha lanzado una ofensiva en dos frentes: la posible expulsión de la flota pesquera comunitaria (española en su mayor parte) y la exigencia de negociaciones bilaterales sobre Ceuta y Melilla. Esta doble presión se produce tras el relativo fracaso de la política española, que no ha logrado crear un "colchón de intereses". Las estrategias encontradas de Marruecos y la Comunidad Europea y España son expuestas a partir de hoy en un trabajo del Equipo de Investigación de EL PAÍS.
Marruecos ha amenazado sutilmente a España y a la Comunidad Económica Europea (CE) con expulsar de sus aguas a nuestra flota pesquera. Setecientos barcos de Andalucía y Canarias y decenas de miles de puestos de trabajo (unas 150.000 familias viven directa o indirectamente de este sector) pueden quedar inactivos a partir del 1 de agosto, como consecuencia de las medidas de presión anunciadas por Rabat para conseguir mayores ayudas financieras y más amplias facilidades comerciales de la CE.El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, que considera inaceptables las contrapartidas económicas ofrecidas por Bruselas como compensación a la entrada de España y Portugal en la CE, no ha dudado en responsabilizar al Gobierno de Madrid y a la Comunidad del posible riesgo de una desestabilización política en su país. "Parece como si ustedes quisieran, conscientemente, desestabilizarnos", le ha dicho textualmente el ministro Filali a su colega Fernández Ordóñez, al tiempo que condicionaba expresamente el futuro de nuestra flota pesquera en aguas de su país a una sustancial mejora en las contrapartidas ofrecidas a Rabat por la ampliación de la CE.
Azaddine Gueossous, embajador de aquel país en Madrid, también ha hecho saber al ministro español de Asuntos Exteriores y al secretario de Estado para la CE, Pedro Solbes, que Rabat no tiene ninguna prisa en llegar a un acuerdo comercial y financiero con la Comunidad, "porque no estamos contentos con lo que se nos ofrece", y que están dispuestos a esperar al 31 de julio, fecha en que vence el actual acuerdo pesquero, para obtener lo que ahora se les niega.
El forzado regreso a puerto de nuestra flota pesquera constituye un instrumento de presión y de chantaje que habitualmente ha dado muy buenos resultados a Rabat. Desde la cesión del Sáhara, en 1975, la pesca y la reivindicación de Ceuta y Melilla -que, sin citarse expresamente, ha flotado en el aire de todas las negociaciones bilaterales- han sido bazas suficientes para que Marruecos, el país más débil y subdesarrollado, haya impuesto a España sus condiciones en los acuerdos entre ambos Estados.
La historia de estas presiones o chantajes no es nueva. El último Gobierno franquista entregó el Sáhara sin una sola contrapartida, a excepción de la venta de una parte de las acciones de Fosbucraa, S A, la empresa que explotaba los fósfatos de ese territorio, al Office Chérifien des Phosphates (OCP) marroquí. Todas las demás compensaciones, entre ellas la pesquera, han sido papel mojado.
La operación Fosbucraa, que entonces pudo parecer interesante, constituye hoy uno de los negocios más ruinosos que ha afrontado el INI en los últimos años. El holding estatal vendió al OCP el 65% de Fosbucraa, S A, empresa que contaba entonces con 5.000 millones de pesetas de capital. El OCP y el Banco Marroquí de Comercio Exterior se hicieron cargo, asimismo, del 65% del pasivo existente al cerrarse la operación (17.000 millones de pesetas correspondientes a un crédito internacional que había negociado el INI).
El pago del 65% de las acciones de Fosbueraa, S A, afortunadamente, se cobró en especie. España trasladó a la Península, previamente al abandono del Sáhara, un millón de toneladas de fósfato que se encontraban en los depósitos del yacimiento. No ocurrió así con los intereses y la amortización del pasivo citado, que Marruecos sólo abonó hasta 1979. Hoy su deuda con el INI alcanza los 35.000 millones de pesetas. El holding estatal ha asurnido además el 35% de las constantes pérdidas de la empresa.
Los socios marroquíes en Fosbueraa, S A han propuesto a España, en los últimos meses, convertir su deuda en capital y proceder a una ampliación del inicial de la empresa. La parte española no ha aceptado la propuesta; aunque tampoco el INI se atreve a ejecutar la deuda por razones políticas.
La baza de la pesca
Las pesquerías en aguas de Marruecos y el Sáhara, que han llegado a ocupar a más de mil barcos, han constituido en los últimos 10 años la mejor arma de presión de Rabat sobre Madrid.
En febrero de 1977, apenas un año después de la entrega del Sáhara, España firmó en Rabat un Acuerdo de Cooperación en Materia Pesquera. El citado acuerdo, que nunca llegó a cumplirse, contenía dos notas de singular importancia: la negativa española a reconocer la soberanía marroquí sobre aguas del Sáhara y la irriposición marroquí de un proceso acelerado de transferencia de parte de nuestra flota pesquera a empresas de aquel país.
La cuestión de la soberanía se obvió reconociendo a Marruecos derechos administrativos, exclusivamente, sobre las aguas al sur del cabo Noun, que son las del
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Marruecos amenaza a España y a la CE si no hay fuertes compensaciones por la ampliación de la CE
Viene de la página anteriorSáhara. Esta sutil distinción ha sido adoptada por la CE.
En abril de 1981, tras varios años de continuos apresamientos de pesqueros por patrulleras marroquíes y después de dos meses de amarre forzoso de la flota, se firmó un nuevo convenio con Marruecos, por un año, que fijaba condiciones duras para España: creación de empresas conjuntas que tenían que marroquinizar (transferir a empresarios de este país) entre el 40% y el 50% de sus flotas en un período de cinco años y con créditos oficiales españoles. Además, el Gobierno concedió a Rabat un crédito de 3.525 millones de pesetas.
En 1983, en condiciones todavía mucho más severas, se firmó el actual acuerdo pesquero. La flota española en estas aguas, en virtud de dicho acuerdo, ha reducido en los cuatro años de vigencia su tonelaje en un 25% (de 108.000 a 78.500 toneladas) y sus barcos en un 30% (de 920 a 698 unidades). Y a cambio de este convenio, además, el Gobierno de Madrid concedió a Marruecos créditos blandos (a bajo interés y muy largo período de amortización) por valor de 550 millones de dólares. La mayor ayuda crediticia concedida por España de una sola vez a un tercer país.
Este acuerdo, aunque ha sido muy oneroso según fuentes de la Administración, ha permitido mantener la actividad en aquellos caladeros y ha reportado cuantiosos beneficios a una docena de empresas. Se ha pescado más de lo autorizado; y algunos empresarios han transferido sus barcos a Marruecos, pero siguen controlando la descarga y comercialización de las capturas y el avituallamiento de los barcos.
Deudas y armas
Las condiciones impuestas por Rabat en la pesca no han impedido que la balanza comercial haya sido en los últimos años muy beneficiosa para España (la cobertura de exportaciones sobre importaciones supera el 150%).
La bondad de estos datos queda atemperada, no obstante, por la creciente insolvencia marroquí y por la naturaleza de los bienes que se intercambian, que facilitan una rápida sustitución del país suministrador.
Las deudas de Marruecos con España, unos 53.000 millones de pesetas a finales de 1986 en operaciones comerciales a medio y largo plazo, también ponen en cuarentena la bondad de nuestro saldo de intercambios. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que es la institución oficial encargada de respaldar las operaciones de comercio exterior, ha suspendido el aseguramiento de las ventas a aquel mercado.
España, al margen de la deuda de 53.000 millones de pesetas asegurada y contabilizada por CESCE, ha suministrado a Marruecos armas y material de uso militar por un valor de 326 millones de dólares (unos 43.000 millones de pesetas). Esta operación ha sido financiada en un 80% con los créditos blandos concedidos a Marruecos en el marco del último acuerdo de pesca. El otro 20% ha sido financiado por las firmas suministradoras y por un grupo de bancos liderado por Aresbank.
La Empresa Nacional Bazán (seis patrulleras por 105 millones de dólares), ENASA (1.582 camiones por 171 millones de dólares), Land Rover Santana (1.645 jeeps todo terreno por 30 millones de dólares) y las empresas nacionales de óptica ENOSA y de electrónica INISEL (radar, transmisores y elementos ópticos de visión nocturna por 20 millones de dólares), han sido las firmas españolas beneficiadas por tan suculento contrato.
La aplicación de créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo a 20 años, con cinco de carencia y un tipo de interés del 5,55%) y de créditos acogidos al Consenso OCDE (8,1% de interés y 8,5 años de amortización) a exportaciones militares, ha provocado serio malestar en algunos ministerios, singularmente en Asuntos Exteriores, y entre un amplio sector del empresariado, que pensaba apoyarse en estos créditos para suministrar a Marruecos bienes productivos.
El hincapié de Rabat en aplicar los créditos del acuerdo de pesca a material de uso militar (los gastos de defensa no están sujetos a las restricciones que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional a este país), junto al interés de los ministerios españoles de Industria y Defensa para que se llevara a efecto esta operación, contribuyó de forma decisiva a que se firmaran estos contratos. La controversia con Asuntos Exteriores, sin embargo, retrasó su tramitación. Finalmente, y dada la escasa ortodoxia de destinar ayudas al desarrollo a financiar ventas militares, se decidió considerar tales contratos (patrulleras, vehículos, transmisores y radares) como de carácter civil y evitar así la preceptiva autorización de la Junta Interministerial de Exportaciones de Armas y Explosivos.
El Gobierno español tiene pendientes de aprobación, además, solicitudes de adquisición de municiones, obuses y minas por parte de Marruecos, por un importe cercano a los 200 millones de dólares. Hace unos meses, la Junta de Exportación de Armas y Explosivos no autorizó una operación de la sociedad Trebal (Explosivos Alaveses, Empresa Nacional Santa Bárbara y Esperanza y Cía) que habían concedido ya a Marruecos, para su formalización, un crédito de 91,5 millones de dólares. Operaciones todas ellas al margen del crédito del acuerdo de pesca.
La entrada de España en la CE ha perjudicado a Marruecos, cuyo comercio exterior depende casi en un 70% de la Europa de los doce, y ha cambiado las reglas del juego en las relaciones bilaterales de ambos países.
Nuevos y viejos agravios
La integración ha afectado gravemente a la economía de Marruecos porque gran parte de sus exportaciones a la CE (agrios, tomates y otros productos hortofrutícolas) coincide con producciones de la península Ibérica, y porque su situación previa al ingreso de España le daba ciertas ventajas arancelarias a la hora de competir con nuestro país. La CE, que se comprometió a mantener las corrientes tradicionales de exportación de los países mediterráneos, tras la ampliación, elaboró nuevos protocolos comerciales para los mismos.
Pero Marruecos se ha negado a firmarlos. Sostiene que la oferta comunitaria es regresiva, porque impide un incremento de las exportaciones en el futuro; porque tiene como límite 1995-1996 (fecha en que España estará totalmente integrada en estas producciones); y porque los mecanismos que se le proponen van a ir paulatinamente situándoles en desventaja.
Rabat tampoco acepta los acuerdos financieros que se proponen, al considerarlos insuficientes, y acusa a España de haber presionado con éxito a la CE para que se redujeran las exportaciones tradicionales de Marruecos al Mercado Común. España, que paralizó durante meses estos acuerdos, ha explicado una y otra vez que nunca discutió las cantidades ofrecidas a este país y que con el bloqueo de los acuerdos lo único que pretendía es que a Canarias no se le aplicase un sistema peor que a los países terceros mediterráneos.
Marruecos pide un tratamiento excepcional respecto a otros países mediterráneos, debido al enorme peso de la CE en su economía y a su deseo de incorporarse -lo ha solicitado ya- a la Europa de los doce.
El ministro de Asuntos Exteriores, Filali, según testigos, dijo textualmente a Fernández Ordóñez en octubre pasado: "Parece como si la CE quisiera, conscientemente, desestabilizar ciertas regiones. Nosotros necesitamos que nuestros socios comerciales nos apoyen. Nos estamos democratizando, pero la situación actual nos desestabiliza".
Un alto cargo marroquí, en privado, insistió en los últimos días: "A EE UU y a la CE por razones políticas les interesa un Marruecos estable y prooccidental; pero esto tiene un precio. Tres millones de marroquíes viven del cultivo de agrios y productos hortofrutícolas y si la CE cierra las puertas a estos productos, se pueden producir fenómenos de desestabilización social y política. No tendríamos otro remedio que dirigirnos a los países del Este, cuya influencia tendría repercusiones de todo tipo".
Marruecos amenaza a España y a la CE si no hay fuertes compensaciones por la ampliación de la CE
y junto a estas advertencias, una amenaza: "No habrá acuerdo de pesca con España y la CE si no llegamos a un entendimiento en los temas comerciales y financieros. Todo está ligado".A estos nuevos agravios hay que añadir otro, que viene de lejos: la prohibición de tránsito por España de los productos marroquíes. Una reunión de ministros de los departamentos afectados, convocada por Exteriores, terminó como el rosario de la aurora: Carlos Romero, titular de Agricultura, se opone al tránsito, que en cambio defienden los ministerios de Transportes y de Asuntos Exteriores. Las presiones del lobby naranjero valenciano han sido decisivas para la prohibición. Los partidarios de la autorización argumentan que este sector de intereses controla suficientemente el rriercado europeo, además de los beneficios que reportaría a los transportistas. Y que en cualquier caso, con la prohibición, Espana incumple acuerdos internacionales de transporte y el Tratado de Roma.
Rabat, en estas circunstancias, repite una y otra vez que no tiene prisa en aceptar las propuestas comerciales y financieras de la Comunidad, porque no le gustan, y que prefiere aguardar a la expiración del vigente acuerdo de pesca con España -termina el 31 de julio- para volver a reconsiderar todos los temas.
La Comunidad, a quien corresponde la negociación de los nuevos acuerdos pesqueros con Marruecos (artículo 167 del Tratado de Adhesión de España y Portugal), ha realizado ya varias visitas a Rabat y ha entregado a las autoridades marroquíes una primera propuesta. No ha habido respuesta por parte de Marruecos y un alto cargo de este país ha comentado que el documento de la CE es inaceptable.
Firmeza de la CE
La postura de la CE es la de no modificar en ningún caso los protocolos comerciales y financieros y limitarse a discutir sobre los recursos pesqueros marroquíes y el acceso a los mismos. La Administración española, por su parte, se escuda oficialmente en que el próximo acuerdo de pesca es una cuestión de la CE y Marruecos, pero no ignora que los problemas de un forzado amarre de la flota van a afectar esencialmente a España; al margen de que la CE sea quien abone, en última instancia, el coste de esta Ínactividad o quien tenga la responsabilidad de buscar nuevos caladeros si no hubiese acuerdo.
Funcionarios españoles reconocen, no obstante, que habrá que conceder nuevos créditos. "El actual acuerdo de pesca ha sido muy caro; le dimos 550 millones de dólares a Marruecos, y Rabat no se va a conformar con menos en el próximo. La CE no va a llegar ni mucho menos a esa cantidad, porque los Estados del norte no lo van a consentir, y habrá que buscar una compensación bilateral para que firmen".
Madríd y Bruselas ven inevitable un duro enfrentamiento con Marruecos, pero están convencidas de que Rabat no puede permitirse una ruptura con la CE ni puede prescindir, dados sus niveles de endeudamiento, de los mercados español (34 kilos por habitante y año) y comunitario (ocho kilos por habitante y año) para sus recursos pesqueros.
España, para facilitar la firma, podría conceder a Marruecos aparte de una ayuda financiera: el derecho al tránsito de sus mercancías por nuestro país, según fuentes diplomáticas. Marruecos acrecentará o disminuirá su presión sobre Ceuta y Melilla en función de la marcha de las negoclaciones con la CE, añaden las citadas fuentes
La fortaleza del débil
Marruecos debe al mundo 14.000 millones de dólares (más del 100% de su producto interior bruto) y se gasta cada día -según estimaciones militares españolas- entre 1,5 y 2 millones de dólares en la guerra del Sáhara.Cuenta con 23 millones de habitantes, de los que el 57% tienen menos de 20 años, y padece unas elevadísimas tasas de natalidad (2,6%) y analfabetismo (65%). Carece de petróleo y gas, y su agricultura es incapaz de abastecer a la población. La balanza comercial presenta fuertes déficit (el valor de lo exportado no llega a cubrir el 55% de los bienes y servicios que importa).
Hassan II, rey y jefe supremo de la Iglesia nacional, rige desde hace 26 años los destinos de Marruecos combinando un régimen parlamentario y de partidos con un poder personal claramente autoritario. "La situación política" de este país, se afirma en un reciente documento confidencial de la Administración española, "es muy comprometida y las perspectivas de estabilidad son muy lejanas. La difusión de un integrismo islámico de corte populista y el reforzamiento y modernízación de sus fuerzas armadas, como consecuencia de la guerra del Sáhara, representan peligros importantes para la monarquía constitucional alauí".
"Existen grandes obstáculos", agrega el documento, "para que la economía marroquí pueda recuperarse en un futuro inmediato de la larga crisis que soporta".
Las malas perspectivas de los productos primarios en los mercados internacionales, los efectos negativos de la ampliación de la CE, y la disminución de las remesas de divisas enviadas por los emigrantes, añade el documento, no auguran una pronta recuperación de su economía.
