El Ayuntamiento se enfrenta a dos ministerios por una zona anexa al Retiro

El Ayuntamiento de Madrid y los Ministerios de Obras Públicas y Educación mantienen desde hace cinco meses una guerra sorda sobre el libre acceso a los terrenos del antiguo cerrillo de San Blas, junto al parque del Retiro, en el que se levanta el observatorio astronómico y varios organismos oficiales. De esta guerra se benefician algunos trabajadores de la zona, a los que, enterados del conflicto, les basta llamar al policía municipal que se encuentra a la entrada del Retiro para dejar sin efecto la prohibición de los vigilantes jurados contratados por los departamentos ministeriales encargados de impedir el paso a la zona a aquellos automovilistas no autorizados.

La escena puede resultar chocante, pero se produce dos, tres o hasta cinco veces al día. Un automovilista llega a la puerta del recinto vallado en la que se muestra un cartel indicador de que sólo se permite el paso a los vehículos autorizados. Un vigilante contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) le pregunta dónde va, y al reponderle el conductor que a aparcar, le indica que salga del recinto.El conductor retrocede unos metros, sale del vehículo y solicita la intervención del policía municipal que se encuentra a la entrada del Retiro. Éste, ante las órdenes superiores recibidas, acompaña al automovilista y comprueba que se le deja entrar.

Un infarto y un incendio

El origen de esta situación, según informó un portavoz del MEC, fue un incendio ocurrido en el instituto Isabel la Católica -que se encuentra dentro del recinto- y un infarto que le dio a un funcionario de la Dirección General de Programación e Inversiones del MEC. Los bomberos y la ambulancia tuvieron muchos problemas para llegar ante la cantidad de coches que invadían las calles interiores.Para controlar estas situaciones, evitar los robos en el interior de los vehículos y vigilar, como en otros edificios del Estado, la entrada y salida de visitantes se acordó contratar un servicio de vigilancia privado que, compuesto por dos personas, permanecen en la entrada desde las siete de la mañana hasta las 15.30. Su misión es anotar las matrículas de los que entran de visita y comprobar que el personal autorizado exhibe la tarjeta.

En este momento disfrutan de tarjeta de acceso al recinto unos 800 funcionarios y contratados laborales y unos 400 estudiantes y profesores de la escuela universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

Terreno público

Sin embargo, la Junta Municipal de Retiro, ante las peticiones de varios ciudadanos y la pretensión del MEC de poner una contrabarrera, consultó la documentación existente y comprobó que en el recinto vallado hay una parte que es de propiedad municipal. Ante ello, Castor Iglesias, presidente de la junta de distrito, afirmó que nadie podía impedir el acceso a un terreno público y advirtió al MEC que no podía cerrar el paso. "A pesar de ello, y de la noche a la mañana, fue instalada la contrabarrera, por lo que, tras darle un plazo, ordené que fuera retirada", informa el concejal."Considero inútil el gasto de dinero público que se está haciendo con la contratación de vigilantes, pues no pueden impedir el acceso a los terrenos que allí tiene el Ayuntamiento", dice Iglesias. "De momento la policía está actuando con la ordenanza en la mano".

"La zona está iluminada, se mantiene limpia y su conservación está a cargo de los ministerios. El Ayuntamiento afirma que hay una servidumbre de paso hacia un terreno de su propiedad, pero este terreno es un terraplén al que se accede por la calle de Alfonso XII, según un acta de deslinde de terrenos suscrito en 1971", afirmó un portavoz del MEC.

Ante esta situación, la Administración ha anunciado la tramitación de un interdicto para recobrar y retener el terreno y para poner de manifiesto el derecho del Estado a su plena posesión.

Como primera medida se ha requerido al Ayuntamiento notarialmente para que exhiba los títulos en los que funda su petición, según informó un portavoz del MEC. La respuesta de Castor Iglesias, que niega que el terreno municipal sea un terraplén, ha sido pedir a gerencia que defina el paso de servidumbre antes de hacer una consulta al gabinete jurídico. "Nosotros no tenemos que demostrar nada. Si quieren saber cuáles son nuestros terrenos, que vayan a la Casa de la Villa", dice Iglesias.