El presidente de los empresarios vascos pide comprensión para quienes pagan dinero a ETA

José María Vizcaíno, presidente de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), pidió ayer a la opinión pública que juzgue con prudencia el comportamiento particular de los empresarios sometidos a chantaje económico de ETA. Vizcaíno se pronunció en contra de que se adopten medidas legales contra los extorsionados y dijo que es imprescindible una reacción del conjunto de la sociedad vasca si se quiere terminar con el chantaje. Fuentes del Ministerio del Interior juzgaron "enormemente positivo" que por primera vez algunos empresarios de Euskadi reconozcan que pagan el impuesto revolucionario, "porque eso significa que se está perdiendo el miedo".

"No hay que olvidar", indicó el presidente de los empresarios vascos, "que ETA asesinó a un contratista de obras de Irún por haberse negado a pagar el impuesto revolucionario y que un buen número de personas, con sus familias, viven hoy acosadas y perseguidas ante la indiferencia de la sociedad". "Nuestra asociación ha denunciado desde siempre el chantaje de ETA y defendido que, pese a todo, hay que resistirse a la extorsión; por eso", subrayó, "estamos autorizados moralmente a pedir que no se adopten medidas legales contra las víctimas. Sí creemos que hay que poner dificultades al pago del impuesto revolucionario, pero pensamos que también hay que proteger a los amenazados y darles el respaldo social e institucional". "Es necesario", añadió José María Vizcaíno, "que desde las instituciones y desde los partidos se diga claramente que se es más patriota si no se paga a los terroristas y que se aplique una política de oposición frontal al miedo y al chantaje".Al mismo tiempo Confebask difundió una nota en la que dice: "Hemos denunciado su existencia [del chantaje y la extorsión], criticado la indiferencia con que se ha observado el proceso por determinados estamentos de la sociedad vasca y hemos dejado siempre claro que no debe cederse, en particular, ante el conocido chantaje revolucionario".

El comunicado agrega: "Sería engañoso hacer de unas cuantas personas el chivo expiatorio responsable del funcionamiento y existencia del terrorismo. Nadie puede creer que haya empresarios que estén pagando voluntariamente a los terroristas".

Ayudar a las víctimas

El vicelehendakari del Gobierno vasco, Ramón Jáuregui, se manifestó en términos similares tras destacar que el dinero entregado a ETA permite a esta organización terrorista dotarse de medios para seguir atentando contra las vidas y el patrimonio de otros ciudadanos y en contra de la economía, la convivencia y las libertades de los vascos. "Creo que la sociedad vasca tiene la responsabilidad de proteger y ayudar a las víctimas de la extorsión, de acuerdo con el pacto programático suscrito por los nacionalistas y los socialistas. El pacto", precisó Ramón Jáuregui, "establece que el Gobierno vasco dará el apoyo político y la protección necesaria a los ciudadanos amenazados o extorsionados". "Hay que levantar en torno a ellos", dijo, "una barrera de solidaridad que les permita negarse a la extorsión de la banda terrorista".El portavoz del grupo parlamentario del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, subrayó que la cifra de personas que se niegan a pagar a ETA es mucho más importante que la de sus contribuyentes, según informa desde Bilbao Tonia Etxarri.

Por su parte fuentes del Ministerio del Interior, tras elogiar a quienes reconocen públicamente que están siendo extorsionadas, remitieron las decisiones sobre las responsabilidades jurídicas que se puedan derivar del pago del impuesto a los jueces.

"Hasta el momento, y es perfectamente comprensible, son muy pocos los empresarios que recurren a las fuerzas del orden cuando son amenazados", explicaron respondiendo a los testimonios de empresarios que publicaba ayer EL PAÍS, donde los afectados explicaban que no hay defensa posible frente a las amenazas de ETA, y resaltaban la incapacidad del Estado y de la policía para proteger a quienes padecen extorsión.

Según el análisis que realizan en el Ministerio del Interior, "los papeles demuestran que al final las víctimas propiciatorias son el pequeño y mediano empresario, que, a diferencia del gran empresario, tiene menos posibilidades de organizarse su protección".