La Audiencia exculpa a 10 de los 34 procesados por el 'caso SAVE'

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia notificó ayer el auto por el que revoca el procesamiento de 10 de los 34 inculpados por el caso SAVE. La sala estima también que no aparecen indicios de un delito de malversación de caudales públicos en ningún caso, y exculpa de supuesto delito contra la Hacienda pública a los delegados de la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) en los aeropuertos y a los representantes de la Administración en los mismos.El auto de la Audiencia mantiene el procesamiento del presidente del consejo de administración y ex presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Vicente Iborra. Asimismo, continúa inculpado el gerente de la citada empresa, Francisco Casañ.

Iborra, Casañ, y las otras 22 personas que restan encausadas están acusadas de un delito de alzamiento de bienes y otro de falsedad documental. Además, los dos primeros continúan procesados en función de un supuesto delito contra la Hacienda pública.

El caso SAVE salió a la luz pública en noviembre de 1985, cuando la policía barcelonesa descubrió que la citada empresa falsificaba las actas de las recaudaciones que obtenía en 11 aparcamientos de aeropuertos españoles.

La Audiencia ha levantado el procesamiento a Joaquín Muñoz Peirats, ex diputado de UCD; Emilio Serratosa; Joaquín Viñals, ex director general de la Caja de Ahorros de Valencia; Vicente Rodrigo; Santiago Juliá; José Camallonga; Manuel Casanova; Vicente Castellano; Manuel Corell, y Silvino Navarro, vicepresidente segundo del comité ejecutivo de la Feria Muestrario Internacional de Valencia.

"Un éxito de la defensa"

El ex presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Emilio Attard, es el coordinador del equipo de abogados que defiende a los procesados. Attard dijo ayer a este periódico que el auto de la sala "es un éxito de las defensas, además de una magnífica lección de Derecho procesal".Por su parte, el juez instructor, Juan Bautista Cremades, señaló: "Se ha demostrado que el sistema funciona, ya que una instancia es la que instruye y otra la que juzga". El sumario volverá ahora al juzgado de Instrucción porque la Audiencia ha revocado también el auto de conclusión del sumario.

La Sala Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ordena al juez instructor que determine con precisión qué cantidad corresponde a cada uno de los procesados ante el posible pago de las costas y ante eventuales multas. El tribunal, asimismo, ha declarado de urgencia el procedimiento.

Emilio Attard señaló ayer que la resolución del recurso de apelación contra el auto de procesamiento "viene a corroborar la teoría de la defensa, según la cual estamos ante un simple incumplimiento de contrato".