Procesado el consejo de Puente Cultural por presunta falsedad en documento mercantil

Los tres miembros del Consejo de Administración de Inmobiliaria Puente Cultural, así como la persona que les proporcionó las acciones mediante las que dominan la empresa, han sido procesados por presunta falsedad en documento mercantil. La querella surgió de entre los casi cinco millares de accionistas que invirtieron hace más de 10 años 2.000 millones de pesetas en la sociedad, de la que perdieron el control tras renunciar durante años al dividendo con el fin de que pudiera ser saneada.

Después de haber archivado hace año y medio el procedimiento seguido contra el consejo de administración de Inmobiliaria Puente Cultural, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, José Luis Barragán, acaba de dictar el auto de procesamiento de Alejandro Fuentes Dueñas, presidente; Ángel Núñez Calvo, vocal; Yolanda Martín Pereira, secretaria, y Ramón Fiter Autet, quien les proporcionó las acciones por las que dominaban la empresa.Los cuatro procesados, que han quedado en libertad provisional, deberán responder de las presuntas falsedades en documento mercantil que les permitieron revocar al anterior consejo. Para ello, sólo contaban con una mínima parte de las acciones que integran el capital de Inmobiliaria Puente Cultural. La gran mayoría de los accionistas unos se enteraron después de la operación.

El auto de procesamiento señala que, con la intención de modificar el normal tráfico mercantil, Ramón Fiter Autet se puso de acuerdo con los otros tres implicados para convocar una junta general universal -la formada por el 100% del capital- en la que, el 13 de mayo de 1986, se revocarían todas las delegaciones y poderes del anterior consejo y se nombrarían ellos mismos nuevo consejo de administración.

"A pesar de saber que existían dos millones de acciones", según el auto, la convocatoria sólo estaba respaldada por las 2.000 acciones de 1.000 pesetas de nominal que Fiter Autet había adquirido el 23 de septiembre de 1983 y que cedió días antes de la junta a las otras tres personas, ahora procesadas. El problema jurídico se centra en que, mientras estas acciones estaban registradas, las poseídas por la masa de los accionistas no habían sido inscritas en el Registro.

Casi todos los afectados, que han sido convocados para concentrarse en Madrid hoy lunes, tienen la condición de accionistas desde hace 10 años, cuando la empresa empezaba a atravesar problemas económicos. Invirtieron su dinero a partir del año 1973, a través de la fórmula de cuentas en participación por las que se les ofrecía un interés del 10%. Gracias a su dinero, la empresa adquirió principalmente media docena de hoteles.

Cuando los ingresos de la sociedad no alcanzaban para pagar los intereses prometidos, los administradores les propusieron transformar sus cuentas de participación en acciones, títulos que durante los últimos 10 años no fueron registrados.Con tal de cumplir con acreedores y propietarios, la empresa aguantó mediante la hipoteca de propiedades y revalorización de activos. Pero al no haber dinero para pagar los créditos hipotecarios, empezaron las subastas. Por escapar a ella y devolver deudas, los accionistas han aguantado siete años sin dividendo.

Según una carta enviada por el presidente ahora procesado con fecha 26 de diciembre último, los auditores (la firma CPA Touche Ros) "han determinado que la masa Patrimonial queda reducida al 7,2% de su valor contable. Alejandro de la Fuente esgrimía las reservas de los auditores para añadir que se podría reducir "aún más el valor de las participaciones".

Por el contrario, algunos accionistas afirman que el valor patrimonial debe ser superior al 80% o 90%.

En este contexto, varios centenares de accionistas han firmado un escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial, en el que, tras manifestarse en "una total indefensión" y con escasos recursos, dicen que sólo les "faltaban 86 millones de pesetas para sanear la empresa".