Del conflicto al psicoanálisis

HACÍA TIEMPO que no se conocía una oleada de conflictos sociales como la actual: agricultores, médicos, estudiantes, metalúrgicos y trabajadores de la construcción han salido a la calle o se han declarado en huelga a lo largo de las últimas semanas para defender sus reivindicaciones. Comisiones Obreras ha anunciado además su intención de convocar una huelga general para dentro de unos días. La primera reacción oficial ante esta situación ha sido negarla, acusando de "catastrofismo informativo" a los medios de comunicación que no se encuentran bajo el control directo o indirecto del poder ejecutivo. Pero la realidad es terca y las decenas de miles de personas que cada día interrumpen su trabajo para hacer avanzar sus reivindicaciones desmienten la teoría de que tan sólo se trata de una tempestad en un vaso de agua.Las raíces inmediatas de los problemas actuales no son de índole estrictamente económica. Fueron los estudiantes los que iniciaron el movimiento reivindicativo, y sus peticiones no reflejaban otra cosa que la angustia y el desasosiego que produce un sistema de formación de dudosa calidad, con una amplia perspectiva de paro al final de los estudios. Después han sido los médicos, los mineros, los comerciantes y los agricultores quienes han salido a la calle. Se trata de colectivos muy dispares, a los que sólo une el rechazo de una situación que consideran, con razón o sin ella, lesiva para sus intereses.

La política económica ha desempeñado un papel importante como catalizadora de las reivindicaciones. La falta de acuerdo social ha movilizado a los sindicatos contra la política salarial del Gobierno, y en particular contra el 5% de aumento recomendado para este año. Los argumentos en el sentido de que los asalariados perdieron poder adquisitivo el año pasado no tienen base estadística. Según una reciente estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo privado aumentó el pasado año más de un 3% en términos reales, al tiempo que creció el ahorro privado.

Dicho de otra manera, las rentas reales de los asalariados progresaron lo suficiente como para permitir ambas cosas a la vez. La austeridad fue, pues, sólo relativa, o al menos se produjo de forma discriminatoria: no todos la sufrieron, ni todos por igual. Ni necesariamente la han sufrido más quienes más protestan.

Pero existe también una evidente dimensión política en lo que está pasando. La convergencia mas o menos puntual entre sectores de la derecha conservadora (cuyo único programa es el que proclama que cuanto peor, mejor) y el corporativismo más reaccionario, por una parte, y el radicalismo juvenil o sindical, por otra, con ser un dato importante de la situación, ni es algo nuevo ni basta para explicarlo todo. Llama la atención el hecho de que esta irrupción de la conflictividad, en parte orientada a desestabilizar al Gobierno, se produzca a apenas nueve meses de distancia de unas elecciones generales que revalidaron la mayoría absoluta de los socialistas.

Tampoco es un fenómeno nuevo. En 1977, el radícalismo social de aquella primavera fue compatible co n el voto abrumadoramente mayoritario a opciones moderadas en las elecciones de junio. Lo verdaderamente novedoso es la ausencia de alternativas, a derecha y a izquierda, al partido gobernante, lo que hace que las contradicciones sociales y políticas tiendan a expresarse en clave de contestación callejera y de impugnación frontal contra el Gobierno, único interlocutor posible. El telón de fondo de las inminentes elecciones municipales contribuye además en algunos casos a arrojar tintes electoralistas en la utilización que de la protesta se hace desde determinados partidos.

La rabieta de los gobenantes

El Gobierno ha reaccionado con desconcierto. Tal vez la expresión máxima de ese sentimiento fuera la queja del presidente Felipe González, en el debate sobre el estado de la nación, a propósito del desproporcionado incremento de las demandas sociales que se deriva de cada iniciativa reformista de su Gabinete. Pero tan cierto es que ello ocurre como que es inevitable que así sea.

El presidente puso un ejemplo: antes, vino a decir, las loterías se adjudicaban a dedo y nadie protestaba. Ha bastado que se produzcan algunos fallos con el nuevo sistema de asignación para que quienes antes callaban acusen a los socialistas de nepotismo sistemático. Determinadas protestas y movilizaciones -como las del campo o las de los trabajadores de empresas en crisis que se acogieron a los Fondos de Promoción- ilustran esta situación.

Pero no debiera maravillarse Felipe González por eso. Ningún Gobierno puede ignorar, si quiere sobrevivir, las demandas crecientes que, en una sociedad desigual, suscitan las expectativas abiertas por las reformas que el propio Gobierno impulsa. Gobernar es elegir, en un marco de recursos limitados, entre opciones alternativas. Ello implica asumir riesgos, pero para que los asuman son votados los políticos.

La distancia entre unas demandas en progresión geométrica y una capacidad limitada para responder a ellas es hoy, en todo el mundo, el principal problema de las democracias. Frente a esa contradicción caben en teoría dos salidas: el recorte deliberado de las demandas mediante la paralización de las reformas, o la convivencia con esa contradicción. Lo que no procede es la rabieta de los gobernantes, súbitamente presos de un complejo de incomprensión por parte de los ciudadanos que debería empujar a éstos a sentir lástima.

Si los agentes sociales y la opinión pública no hicieran patentes sus exigencias, la inercia del poder conduciría a adoptar decisiones arbitrarias y absolutamente encarnadas con los caprichos y las veleidades de los gobernantes.

Al Gobierno corresponde definir una política de prioridades. Es seguro que será impugnada por alguien, pero ésa es su responsabilidad. Entre el mantenimiento a ultranza del principio de autoridad, sosteniendo a ministros y altos cargos ineptos y abrasados para demostrar quién manda aquí, y la sumisión o afásia ante lo que se grita en lacalle hay muchas opciones. Es propio de buenos políticos saberlas distinguir y decidirse por ellas.

Debilidad la arrogancia

Sin embargo, los conflictos que comentamos hasta ahora tienen en común la inicial negativa de la Administración a dialogar con los administrados. Ha sido preciso salir a la calle para que la Administración comenzase a darse por enterada de que algo sucedía que no estaba previsto en los planes de la burocracia. Y entonces nos hemos podido maravillar ante virajes espectaculares en cuestión de horas, haciendo que lo que ayer se negaba apareciera hoy como un elemento esencial del programa de transformación de la sociedad española. .

Este oportunismo del Gobierno esconde algunas de sus debilidades fundamentales. La tan denunciada arrogancia socialista resulta del olvido sistemático de las instituciones (Parlamento, sindicatos, organizaciones empresariales o profesionales, medios de comunicación) a la hora de enfrentarse con los problemas de fondo de la sociedad española. Por lo que se refiere a los sindicatos, principales protagonistas de los conflictos actuales, no existe, ni ha existido en los años de Gobierno socialista, un proyecto viable para su consolidación en el marco de una democracia industrial avanzada.

Al faltar ese proyecto, las cosas han sucedido de la peor manera imaginable: los sindicatos han visto cómo el número de adherentes disminuía y han optado por la vía de la radicalización. La Administración, cansada de predicar en el desierto, ha decidido imponer sus puntos de vista y sus reformas sin mayores contemplaciones. Y él país ha salido a la calle para discutir sus problemas.

Tan peligroso sería ignorar las tensiones sociales actuales (con la idea, por ejemplo, de que contradicen el sentido de la historia) como magnificarlas hasta el punto de pensar que pueden alterar sustancialmente el equilibrio político del país. Lo importante es extraer alguna consecuencia positiva de todo ello, y una bien podría consistir en la necesidad de una mayor confianza del poder ejecutivo en las instituciones políticas, sociales y econ6micas.

La mediación de éstas es fundamental para que los conflictos se sustancien en otro lugar que en la calle. El aislamiento en la Moncloa, el desprecio, la critica desabrida a la Prensa que cumple su función como contrapoder, el autoritarismo democrático y la irritación sólo indican el camino de un psicoanálisis colectivo que este país no se merece.