Pedrol pide al Gobierno 100 millones para los defensores de la colza

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius, se entrevistó ayer con el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, para trasladarle personalmente la petición que le presentaron 10 de los 38 abogados defensores de los procesados en el sumario de la colza, encaminada a recibir del Gobierno 100 millones de pesetas como honorarios de todos estos letrados. El ministro le respondió que trasladaba el asunto al Gabinete de Estudios del departamento; y que a la vista de su informe tomaría una decisión.Los abogados enviaron previamente un escrito a Pedrol en el que le explicaban las dificultades que ven para cobrar por su trabajo, ya que sus clientes tienen gran parte de los bienes embargados. Asimismo, arguían que el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, por acuerdo adoptado en el Senado, concedió en su día 100 millones de pesetas a las asociaciones de afectados para que pudieran contratar los servicios de abogados que actuasen como acusacion particular. Este dinero fue repartido por el Colegio de Abogados de Madrid, según fuentes de este organismo profesional.

Millones para todos

La reunión entre Ledesma y Pedrol se inició a la una de la tarde en el despacho del ministro, informaron fuentes del departamento. El presidente del Consejo General de la Abogacía hizo una larga exposición para explicar que sus compañeros entienden que se produce una discriminación respecto a la acusación particular, teniendo en cuenta además que la acusación es ejercida ya por el fiscal. Sin embargo, los defensores son imprescindibles para la realización del juicio -explicó Pedrol recogiendo los argumentos de sus compañeros-; y, si dejasen de ejercer su labor por problemas de honorarios, los acusados quedarían en la más absoluta indefensión, ya que sería difícil una sustitución apresurada en este momento, en un caso cuyo sumario consta de 250.000 folios.Por otro lado, fuentes jurídicas han destacado que la concesión de los 100 millones de pesetas supondría un agravio comparativo con respecto a otros abogados que llevan a acusados declarados insolventes en distintos casos. Estas fuentes añadieron que en el supuesto de que el Gobierno accediera a la petición delos defensores, el Ministerio recibiría un rosario de peticiones de letrados cuyos clientes no tienen dinero para abonar sus honorarios.

El abogado de la acusación particular Antonio García Pablos preparaba ayer el cuestionario que habrá de ser enviado al presidente y al vicepresidente del Gobierno para que declaren como testigos.

Como informó EL PAÍS en sus ediciones de ayer, el cuestionario debe ser remitido en primer lugar a las demás partes, por si desean añadir alguna pregunta; y posteriormente llegará a los referidos testigos, que podrán prestar declaración en sus respectivos despachos.