Hoy comienza el juicio de Tous, cuatro años y medio después de las inundaciones

La vista del sumario sobre la rotura de la presa de Tous y su influencia en las inundaciones de octubre de 1982 se inicia hoy en Valencia, cuatro años y medio después de la catástrofe. Cuatro ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) están procesados. Han sido citados a declarar el entonces presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el ex gobernador civil de Valencia José María Fernández del Río.

El proceso de Tous, como se ha dado en llamar, tendrá una vista que se prevé larga y una especial transcendencia por cuanto el Estado será responsable subsidiario de abonar las indemnizaciones que se determinen a los afectados sí es que el tribunal falla en ese sentido. La vista se abrirá esta mañana en la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, en medio de una gran expectación. Las inundaciones de 1982 causaron 9 muertos y cuantiosos daños materiales.La Asociación de Afectados por las Inundaciones de Valencia (Afiva) y la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Alzira (Apemeda) han convocado una manifestación para hoy ante el edificio de la Audiencia.

Los ingenieros que se encuentran procesados como presuntos responsables de lo ocurrido son Jesús María González Marín, Salvador Madrigal, Román Guerrero y Florentino Santos. El primero era jefe a pie de obra de la presa cuando se produjo la inundación. El segundo fue el autor del proyecto definitivo de la presa. Román Guerrero era jefe del servicio de Grandes Presas cuando ocurrieron los hechos y Florentino Santos, director de la presa de Tous.

Los dos primeros fueron procesados por el Juzgado de Xátiva, que instruyó el sumario desde el primer momento. En cuanto a los dos restantes, su procesamiento fue acordado por la Audiencia Provincial de Valencia, tras ser solicitado insitentemente por la acusación particular que representa los intereses de los 6.000 afectados encuadrados en Afiva y Apemeda, y que encabeza el letrado José Ramón Casabó.

La acusación particular solicita penas de cuatro años de prisión menor para cada uno de los cuatro procesados por sendos delitos de imprudencia temeraria con resultado de muertes y daños. La acusación pública, representada por el fiscal Gonzalo López-Ebri pide dos años para Madrigal y un año para González Marín, así como la libre absolución de los otros dos ingenieros. Tanto el Abogado del Estado como las defensas de los procesados solicitan la libre absolución.

Por su parte, las asociaciones de afectados piden indemnizaciones que suman la cifra de 15.000 millones de pesetas para compensar los daños ocasionados, que el juez instructor había calculado en 200.000 millones de pesetas. Por su parte, el fiscal cifra los daños en 41.000 millones de pesetas.