ACCIONES LEGALES CONTRA DIRIGENTES BANCARIOS

La viuda y los hijos de Ignacio Coca presentaron el pasado viernes en el Juzgado de Guardia de Madrid una querella criminal a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS. En ella piden el procesamiento de los dirigentes de Banesto, Pablo Garnica (presidente), José María López de Letona (vicepresidente-consejero delegado), José María Sainz de Vicuña y Manuel Igea por delitos contra la vida e integridad del financiero suicidado, usura y falsedad de documento mercantil. Por su parte, Banesto hizo pública una nota ayer en la que rechaza terminantemente la existencia de delito alguno por cualquiera de las personas mencionadas en la querella. Además, adelantó el propósito de no polemizar en tomo a este asunto en los medios de comunicación por respeto a los tribunales de justicia, a los cuales está sometida esta cuestión. Sin embargo, otras fuentes de Banesto informaron que laquerella fue presentada horas después de que un notario se presentase en el palacete de los Coca, en la calle Orfila de Madrid, requiriendoles al pago de la deuda vencida.

Historia de una fusión

En la querella se hace una historia de la fusión de los bancos Español de Crédito y Coca en el año 1978. Según el documento, en diciembre de 1977, Garnica y Coca firmaron un convenio en el que se establecieron las condiciones de la absorción, entre ellas la de que se comprendiera el patrimonio del Banco Coca, incluyendo activos pendientes de regularización contable. La cifra global que pagaría. Banesto a los accionistas del Coca sería de 7.500 millones de pesetas.

Allí se pactó que Coca sería nombrado consejero y vicepresidente de Banesto y que tendría derecho a nombrar a otros dos consejeros. En otro momento de la querella se considera "un sarcasmo" que las últimas presiones ejercidas por Banesto hayan tenido como protagonista a López de Letona, el gobernador del Banco de España que aprobó la fusión y que ahora ocupa el puesto de vicepresidente de Banesto, "cargo que debía haber ocupado el señor Coca y al que se vió obligado a renunciar".

En otro convenio posterior, Coca respondía con su patrimonio particular a las obligaciones de sociedades filiales de su banco y a los créditos fallidos, asumiendo hasta el 85% de su importe. Según la querella, las operaciones de producción de intereses y acumulación de éstos a la cifra de principal "fueron dictadas a Ignacio Coca, imponiéndole la periódica aceptación de sus enormes cantidades cuyo pago no podía afrontar aún después de haber comprometido los cuantiosos y valiosísimos bienes que, integrando todo su patrimonio personal, había constituido en garantía". Así, en septiembre de 1978 las obligaciones dinerarlas de Coca eran de 53.354 millones de pesetas, sobre los que se fueron cargando intereses que, acumulados al principal la elevaron hasta convertirla en 88.722 millones en septiembre de 1983, con unos intereses acumulados de 34.534 millones.

El 30 de septiembre de 1983, Ignacio Coca y el Banco Español de Crédito (a través de su consejero-director general, José María Sainz de Vicuña) llegaron a un acuerdo por el que el primero entregó al banco la titularidad de algunas sociedades que no se especifican, cuyo valor atrimonial era de 51.076 millones, "lo que produjo una reducción de la antedicha cifra deudora que quedó establecida en 37.646 millones de pesetas sobre cuyo principal nuevamente se cargaron y acumularon intereses que la elevaron a 47.565 millones de peisetas". Esta era la cantidad en cuestión cuando Coca se suicidó.

Los tipos de interés

Por tanto, la cifra de intereses cargada por Banesto desde el origen de la integración de los bancos en cuestién fue de 44.626 millones de pesetas, sobre una deuda inicial de 513.000 millones.

Los querellantes -viuda e hijos de Coca- afirman que "el tipo de interés aplicado por los altos directivos de Banesto fue enormemente desproporcionado con las circunstancias que integraron toda la operación de su fusión con el Banco Coca por la absorción que realizó de éste".

La absorción del Banco Coca por el Banesto, origen de las dificultades del caso Coca, tuvo todas las bendiciones de las autoridades monetarias. En la querella se describe del siguiente modo: "La absorción así planteada fue comunicada por los represeltantes de ambos bancos en escrito del 26 de enero de 1978 al gobernador del Banco de España que, a la sazón, era José María López de Letona. En un general contexto expresivo de lo beneficiosa que se consideraba la operación para la economía nacional, para el sector bancario y para el personal, clientes y accionistas de ambos bancos, se dijo en dicha comunicación lo siguiente: 'La entidad llamada a desaparecer (Banco Coca) no tiene ningún motivo especial que le obligase a aceptar la absorción para mejor defender los intereses de sus impositores y de sus accionistas. Es su favorable posición empresarial, por el contrario, la que hace posible la operación de absorción sin quebranto alguno para la entidad absorbente y con beneficios claros para el servicio que a la compañía nacional ha de prestar en este momento el sector bancario'.Expresó, asimismo, esta comunicación al gobernador del Banco de España que el Banco Español de Crédito se hacía cargo, por la fusión, de la totalidad de los negocios, patrimonio, derechos y obligaciones del Banco Coca a título universal, según balance en el momento de la absorción". A continuación se pidió al gobernador que obtuviese la autorización del ministro de Economía para llevar a cabo la operación de fusión de las dos entidades.