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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Soldados, no camareros

EL MINISTERIO de Defensa ha anunciado su propósito de dictar una norma para que los aproximadamente 200.000 jóvenes españoles llamados a filas cada año dediquen exclusivamente el tiempo de la mili a funciones relacionadas con la actividad militar operativa y acabe su utilización en tareas ajenas a ese cometido. Esta medida, que viene a añadirse a otras adoptadas en los últimos tiempos para mejorar la prestación del servicio militar, era obligada, y sólo es de lamentar que se haya demorado tanto.Con todo, lo que importa ahora es que la norma seapruebe y entre en vigor cuanto antes, pues la situación que intenta remediar es de las que más deterioran el esfuerzo de modernización y profesionaliz ación en que actualmente están empeñadas las Fuerzas Armadas. Situación, por otra parte, que viene de lejos, como podrían atestiguar tantos ciudadanos que pasaron la mil¡ en tareas burocráticas o en servicios relacionados con el hogar o las familias de los jefes y oficiales.

En muchos casos el joven español ha salido de la mili con algunos conocimientos de cocina, de cuidado de animales domésticos, de conducción de vehículos o de fontanería, pero sin saber muy bien cómo manejar un fusil y mucho menos algunos elementos más sofisticados de la defensa. Dando por descontado que todas esas profesiones aprendidas al amparo del servicio militar sean dignísimas, es claro que su promoción dista mucho de figurar entre las finalidades a que debe destinarse el dinero que entrega el contribuyente a las Fuerzas Armadas.

Existen abundantes indicios que apuntan a una escasa dedicación del tiempo de la mili a la preparación militar del recluta. Otros testimonios insisten en que con frecuencia el tiempo transcurre sin hacer nada o se destina a faenas que nada tienen que ver con la defensa. Según recientes encuestas, una mayoría muy amplia del personal en filas considera la mili como la experiencia más frustrante de su vida, y piensa que no se corresponde con las necesidades con las que se justifica programáticamente una dedicación de muchos meses.

Situaciones atípicas como las descritas deben desaparecer del seno de las Fuerzas Armadas. Pero igualmente deberá desaparecer la sensación de inseguridad que los frecuentes accidentes entre los soldados, tanto en la manipulación de las armas como en otras acciones, han ido generando en torno al servicio militar. Sean los accidentes pocos o muchos comparados con los que se producen en otros ejércitos europeos, la cifra de 100 a 200 jóvenes muertos y de 3.000 a 4.000 heridos cada año durante el servicio militar no puede quedar solamente en resignación.

A partir de esta deficiente realidad, hay que considerar muy positivo que la norma anunciada por el Ministerio de Defensa recoja también las condiciones que deberán ser tenidas en cuenta en los cuarteles para evitar los accidentes entre los soldados. Habría que felicitarse, y más que nadie los jóvenes reclutas y sus familias, si esta predisposición es indicio de que una nueva actitud más responsable en cuanto a este problema se abre paso en el Ejército. Es necesario acabar con la tradicional insensibilidad ante los accidentes durante el servicio militar, casi siempre mal investigados y por los que apenas se exigen las debidas responsabilidades.

A la prestación personal de los españoles a la defensa nacional debe corresponder la contraprestación del respeto a su dignidad personal y a su seguridad por parte del Estado. Los abusos e indignidades por parte de los mandos no son muchas veces pequeños excesos, como se pretende suponer, sino verdaderos atentados a los derechos del individuo. En este orden la utilización de soldados en tareas del exclusivo beneficio de jefes y oficiales, como fue frecuente, debería avergonzar en primer lugar a todo buen militar profesional. Y debería ser exigible, de otra parte, ante los tribunales, como ocurre en la Administración civil, la correspondiente indemnización por los daños que se causaran como consecuencia de fallos en ese correcto funcionamiento a que está obligada la Administración militar.

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