Las asociaciones de jueces consideran "desproporcionada" la condena a Pacheco

La totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales españolas calificaron ayer en Sevilla de "dura y desproporcionada" la condena de seis años de inhabilitación impuesta al alcalde de Jerez, el andalucista Pedro Pacheco, por la Audiencia de Sevilla, aunque recalcaron que "los jueces sólo pueden aplicar la ley, y es el poder legislativo el que tiene la facultad de modificarla".

En un comunicado hecho público "ante la polémica suscitada por la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla al alcalde de Jerez", la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales reconocen el derecho de "todo ciudadano español a criticar las resoluciones judiciales" y afirman que "los jueces necesitan esas opiniones y críticas para conocer la realidad social".

Las asociaciones de jueces y fiscales señalan en su comunicado -redactado por consenso, sin la participación de los magistrados que juzgaron a Pacheco- que "el alcalde de Jerez ha sido enjuiciado no por criticar una resolución judicial, ni por decir que la justicia es un cachondeo, sino por imputar un delito de prevaricación al señalar las posibles connivencias o complacencias de los magistrados del tribunal con el abogado del señor Osborne". [Pacheco, tras anular la Audiencia de Sevilla una orden municipal de derribo de un chalé de Bertín Osborne, aludió a "connivencias y complacencias"]. El comunicado añade que el Código Penal establece la pena de inhabilitación con carácter obligatorio con la que ha sido condenado Pacheco, y que "esta pena le ha sido impuesta en su duración mínima". "Sin embargo", afirman, "es una pena dura y desproporcionada, pues tiene una duración máxima de 12 años y mínima de 6. Pero los jueces sólo pueden aplicar las leyes".

"El Parlamento es el único que puede hacerlas o modificarlas; no obstante, los tribunales, mediante propuestas de indulto, pueden solicitar del Gobierno la moderación de las penas que estimen desproporcionadas, y el ministerio fiscal y el condenado tienen esa misma facultad".