Los casos Palazón, Rumasa y Uteco, entre los afectados
Unas 20 causas por delitos monetarios resultarán afectadas, según fuentes jurídicas, por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ayer la inconstitucionalidad de las penas de privación de libertad establecidas en la ley 40/1979. Las más conocidas son el caso Palazón, pendiente de juicio, el caso Uteco, en el que ya recayó sentencia, y el caso Rumasa, en cuanto a la inicial acusación fiscal por delitos monetarios, que correspondería juzgar una vez finalizado el proceso por los delitos de falsedad y estafa por los que José María Ruiz Mateos fue entregado por la RFA a España.
En el caso Palazón, los principales implicados son Francisco Javier Palazón -huido de la Justicia-, Eduardo García de Enterría y su esposa, Amparo Lorerzo Velázquez, ambos en libertad provisional.
El principal implicado en el caso Uteco es Felipe Solís Pérez -hijo de Domingo Solís y sobrino del ex ministro José Solís- condenado el 13 de marzo de 1984 como autor de delito monetario a tres años de prisión y 700 millones de pesetas multa, junto con Ricardo Cruz Tuñón, director de la Caja Provincial de Jaén.
Una de las máximas autoridades jurídicas en materia de delitos monetarios, Daniel Álvarez Pastor, reprochó ayer al Tribunal Constitucional que no hubiera llegado al pronunciamiento adoptado ayer hace tres años, cuando se le planteó por primera vez esta cuestión, con lo que "habría evitado el cumplimiento injusto de penas de privación de libertad y un inútil trabajo de la Audiencia Nacional".
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, manifestó ayer en Valladolid, según informa Gonzalo Rodríguez, que el Gobierno ya sustituyó en 1983 la vieja ley de delitos monetarios por una ley orgánica.
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