El desacuerdo de Parlamento y Consejo de Ministros impide aprobar el presupuesto de la CE para 1987
La falta de acuerdo entre el Consejo de Ministros de Hacienda y el Parlamento Europeo impidió ayer la adopción de un presupuesto para la Comunidad Europea (CE) en 1987, una situación que Henning Christophersen, comisario europeo encargado de Asuntos Presupuestarios, describió como "muy grave". "Lo peor que puede sucedernos", añadió el comisario danés, "es una crisis institucional como la que parece avecinarse". Si la nueva crisis abierta ayer no queda resuelta en enero, como más tarde, la CE deberá adecuar sus gastos en 1987 a los del año anterior. Este arreglo transitorio perjudica a los países mediterráneos, y en especial a España.
El presupuesto para el año próximo incluía, por un lado, una reserva de 100 millones de ECU (unidad de cuenta europea, equivalente a 140 pesetas) destinada de facto a garantizar la neutralidad financiera de España. La aplicación de los doceavos provisionales implicará además otorgar la prioridad a los gastos agrícolas, en detrimento de las políticas estructurales, que benefician a los miembros menos desarrollados.Christophersen hizo hincapié, en la conferencia de prensa que dio ayer en Estrasburgo, en que la persistencia de la actual situación bloquearía también la puesta en marcha de políticas tan importantes como la de ayudas pesqueras estructurales, varios proyectos de investigación y el programa de educación Erasmus, elaborado por el comisario español Manuel Marín. Tras el fracaso, ayer, poco después de las tres de la madrugada, de la concertación entre el Consejo de Ministros de Hacienda y la Comisión Presupuestaria del Parlamento Europeo, esta última aconsejó al pleno de la Asamblea que aprobase un prespuesto superior al presentado por los titulares de Hacienda,
Mientras los diputados conservadores, liberales y gaullistas se resistían a seguir esta recomendación, una mayoría parlamentaria democristiana, socialista y comunista votó a mediodía un presupuesto de 36.398 millones de ECU, superior en 151 millones al adoptado por el Consejo ministerial, y que, sobre todo, rebasa en 89 millones de ECU el aumento máximo autorizado por los responsables de Hacienda. Esa cantidad suplementaria iba a ser sobre todo destinada a la ayuda al desarrollo.
Para evitar el conflicto, representantes de los Gobiernos de cuatro países meridionales e Irlanda se mostraron partidarios de someter a la Asamblea de Estrasburgo un presupuesto a caballo entre la oferta inicial del Consejo y las peticiones de los eurodiputados, pero los miembros septentrionales de la CE acabaron por imponer su punto de vista.
Consciente, de las consecuencias que la crisis puede tener para España, su representante, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, se declaraba favorable a "cualquier solución con tal de que tengamos un presupuesto y podamos empezar a trabajar en serio".
La aprobación por una mayoría parlamentaria de un presupuesto no significa, en absoluto, que éste vaya a entrar en vigor, porque, a diferencia de lo sucedido el año pasado, el presi lente de la Asamblea, el francés Pierre Pflimlin, no lo firmará probablemente para evitar ser llevado por segunda vez por el Consejo ministerial ante el, Tribunal de Justicia Europeo.
En enero, nuevo intento
En su sentencia de junio pasado, los jueces de Luxemburgo indicaron en sustancia que, en caso de discrepancias entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria de la Comunidad, éstas deberían continuar su concertación hasta lograr un acuerdo, lo que intentarán de nuevo en enero, acaso durante la sesión plenaria del Parlamento, prevista para mediados del mes próximo.
La obtención de un compromiso entre ministros y diputados no depende tanto, como resaltó el francés Jean Pierre Cot, presidente de la Comisión Presupuestaria, de la aprobación de unos millones más o menos que consagren el derecho de la Asamblea a rebasar la barrera límite de aumento autorizada a la Asamblea por el Consejo de Ministros.
La consecución de un acuerdo pasa, según el socialista Cot, por la toma en consideración por los titulares de Hacienda de dos problemas mucho más serios, sobre los que los eurodiputados desearían que sus interlocutores hiciesen, por lo menos un gesto de conciliación: el déficit presupuestario, estimado en 4.000 millones de ECU en 1987, y la reducción de los excedentes agrícolas, responsables, en parte, del agujero en el presupuesto.
Aunque desoyeron las sugerencias del Parlamento para disminuir los excedentes, los ministros aceptaron en noviembre crear un capítulo presupuestario para intentar resolver esta cuestión, pero rehusaron dotarle de fondos, motivo por el cual los eurodiputados consideraron insuficiente la iniciativa.
La prueba de la buena voluntad del Consejo tendrá lugar, según fuentes parlamentarias, el próximo fin de semana, cuando los titulares de Agricultura, reunidos de nuevo en Bruselas, se esfuercen una vez más por recortar la producción de leche y carne.
Un acuerdo entre los responsables de la Europa verde podría incitar a la Asamblea a flexibilizar su postura.
