El Estado tendrá que aportar más de 200.000 millones para el nuevo reajuste de la siderurgia

El Ministerio de Industria solicitará antes del 31 de diciembre autorización a la Comunidad Europea (CE) para conceder nuevas ayudas públicas a la siderurgia. Los nuevos reajustes que tendrá que acometer el sector requerirán aportaciones del Estado muy superiores a los 200.000 millones de pesetas, si se incluye el coste de la cobertura social, según las primeras estimaciones que maneja el ministerio. La siderurgia nacional deberá reducir su capacidad en bastante más de tres millones de toneladas y recortar sus plantillas en un mínimo de 9.000 trabajadores para recuperar la competitividad.

El informe McKinsey, encargado conjuntamente por la Comisión Europea y el Ministerio de Industria, está ya ultimado, aunque las autoridades españolas han solicitado nuevas precisiones a la consultora internacional, especialmente en lo que se refiere al problema financiero de las empresas del sector.La elección de esta consultora se debió a que conocía el sector (había realizado informes para el grupo de aceros especiales y Ensidesa), mientras que cuenta con un reconocido prestigio en Europa, donde se habla del modelo McKinsey para la viabilidad de siderúrgicas en crisis.

Con los nuevos datos, el ministerio elaborará una propuesta de ayudas que deberá solicitar a la CE antes de que finalice el año. El propio Tratado de Adhesión permite para este año la posibilidad de revisar los planes de reconversión siderúrgica, previa solicitud a la Comisión Europea. El plazo afecta sólo a los subsectores de la siderurgia integral y aceros especiales, que son los que tienen planes de reconversión en marcha y sobre los que la Comunidad quiere tener un conocimiento detallado sobre su situación y viabilidad futura.

Reducir la producción

La segunda reconversión de la siderurgia es un hecho aceptado por empresarios e Industria. España tiene una capacidad instalada teórica de 21,4 millones de toneladas anuales de acero, que, de acuerdo a lo pactado en el Tratado de Adhesión, hay que rebajar a 18 millones. Sin embargo, será necesaria una reducción adicional para adaptarse a las condiciones de un mercado muy deprimido.

La producción actual, que supera los 13 millones de toneladas al año, es también excesiva para un consumo interno de poco más de siete millones de toneladas y un mercado exterior que ya no goza de las ventajas de la desgravación fiscal a la exportación que suponían una subvención superior al 12%. Las siderúrgicas del resto de la CE ya han llegado, por imperativos del mercado, a un acuerdo para reducir en 20 millones su producción actual de 120 millones de toneladas.

El problema más grave lo re presenta nuevamente la siderurgia integral, para la que fue ron programadas en 1984 créditos y ayudas por valor de 524.000 millones de pesetas. En Altos Hornos de Vizcaya, empresa de titularidad privada pero actualmente en manos del Tesoro público por la vía de los cuantiosos créditos avalados, la dificultad es establecer el agujero, que puede superar los 100.000 millones de pesetas, según fuentes del sector.

Los expertos de McKinsey trabajan en ello a instancias del Ministerio de Industria. En esta empresa será necesario reducir 2.000 empleos más de los previstos hace dos años. También en Ensidesa, los recortes de plantilla programados en 6.000 trabajadores deberán aumentarse en unos 1.000 más.

En el caso de la siderúrgica asturiana las ayudas públicas adicionales pueden llegar a superar los 50.000 millones de pesetas. Al margen del reajuste, se trabaja en el estudio de un cierto reparto de mercados, para determinar quién se queda con la mayor parte de las fabricaciones de hojalatas y galvanizados, los productos con mayor valor añadido.

Los nuevos reajustes alcanzan también a las empresas de aceros especiales, en las que la nueva reducción de plantilla, cuantificada en 1.431 trabajadores, deberá ampliarse a otros 600 como mínimo. Las ayudas para este subsector aún no han sido cuantificadas pero se habla de la necesidad de fusión para una mejor comercialización de sus fabricaciones.

En el acero común, las 18 empresas han pedido ayudas para cerrar instalaciones y un recorte de 5.000 trabajadores, la mitad de la plantilla. Los sindicatos admiten un máximo de 3.000 y siempre por la vía de las jubilaciones anticipadas.

En este caso, dicen, no se trata, de solicitar un plan para la reconversión pendiente del sector, sino del cierre de algunas plantas, reducción de la mitad de la plantilla y posible fusión de algunas empresas. Industria no quiere fijar ningún criterio, en la política de que el Gobierno no va a pilotar ningún otro nuevo proceso de reconversión, y está a la espera de que el sector llegue a acuerdos concretos de remodelación. Pero cuenta con que la concesión de ayudas oficiales va a ser inevitable, quizá el año próximo.

Un futuro peor

Las empresas de acero común han conocido una situación boyante hasta 1985, basada en que el 70% de sus ventas era destinada a la exportación. Las ayudas para achatarramiento concedidas en 1982 fueron empleadas en muchos casos para mejorar equipos y productividad. Ahora tendrán que reducir la producción porque el consumo interno no da para más y el exterior sólo podrán absorber un máximo del 30%.

Los empresarios plantean rebajar su producción de 6,4 a 4,6 o 4 millones de toneladas. Para ello solicitan ayudas oficiales de 12.000 pesetas por cada tonelada de capacidad desmantelada, lo cual da una cifra superior a 20.000 millones de pesetas. Asimismo, quieren que se les libere de los costes de Seguridad Social en las reducciones temporales de empleo hasta que puedan convertirse en definitivas. El coste de saneamiento del pasivo de esta veintena de empresas supera los 70.000 millones.