Investigación sobre el desalojo del Ayuntamiento vigués de 15 niños

La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Vigo ratificó ayer las declaraciones del alcalde, Manuel Soto (PSOE), en el sentido de que no se había producido "violencia generalizada" el pasado miércoles por parte de la Policía Municipal al desalojar del ayuntamiento a un grupo de 200 alumnos del colegio público de Picacho que pedían monitores de educación física para el centro. El alcalde puso los hechos en conocimiento del fiscal de la Audiencia Provincial y ordenó una investigación "por si hubiese algún indicio de violencia individualizada".Mientras tanto, han surgido numerosos comunicados emitidos por distintos grupos políticos, desde Alianza Popular al Bloque Nacionalista Galego (BNG), sindicatos y asociaciones de padres de alumnos que condenan los hechos y critican el comportamiento de la Policía Municipal.

El parlamentario del Bloque Nacionalista Galego Xosé Manuel Beiras, anunció la inmediata presentación en el Parlamento gallego de un escrito para una reunión urgente de la Mesa y la Junta de portavoces para tratar la situación educativa en Galicia. Para hoy, cuatro sindicatos han convocado huelga en todos los sectores de la enseñanza pública.

Evolucionan favorablemente las tres alumnas -doce escolares más recibieron asistencia médica- del colegio internadas en el Hospital Xeral de Vigo por contusiones sufridas durante el desalojo. Los siete padres de alumnos detenidos durante la acción de la Policía Municipal, acusados de delitos de coacción, quedaron en libertad sin cargos por orden del juez a primeras horas de la noche del miércoles.