Los fiscales del 'caso Catalana' lamentan no haber podido investigar a fondo los bancos filiales de la entidad

Los dos fiscales del caso Banca Catalana estarán a 900 kilómetros de Barcelona, en Gijón, interviniendo en unas jornadas sobre delitos económicos, cuando el próximo viernes, día 21 de noviembre, se inicie a las 10.30 la reunión del Pleno de la Audiencia Territorial para examinar la petición de procesamiento contra Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, y otros 16 ex directivos de la entidad bancaria. Los representantes del ministerio público, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, habrían querido llegar más lejos en la investigación y por ello lamentan no haber podido conocer lo sucedido en los bancos filiales.

En marzo de 1984, Mena y Jiménez Villarejo fueron designados fiscales especiales para Banca Catalana. Su nombramiento se decidió en una Junta de Fiscales de la Audiencia, tras desestimarse otras candidaturas.La designación de Mena motivó comentarios. Pocas semanas antes había protagonizado un incidente sobre un presunto delito económico que afectaba al entonces presidente en Cataluña de Alianza Popular, Eduard Bueno. Mena presentó una petición de procesamiento del dirigente aliancista, pero su superior en la fiscalía, Alejandro Sanvicente, la retiró después de estudiar el caso, haciendo uso de sus atribuciones. Mena aceptó esta discrepancia en silencio, acatando el principio de autoridad que preside la carrera fiscal.

Los traslados de 1972

Esa disciplina y la obediencia al principio jerárquico emanado del estatuto fiscal, han sido dos constantes de la actividad pública de Mena y Jiménez Villarejo como funcionarios. En 1972, ambos ya se habían encontrado en una situación similar al caso Bueno, y, aunque en aquella ocasión acataron también las órdenes, fueron represaliados con sendos traslados a las audiencias de Lérida y Huesca, donde estuvieron más de dos años.El trasfondo era, en aquellos momentos, la sospecha -justificada- de que militaban en el colectivo clandestino Justicia Democrática. La excusa inmediata del traslado de Mena a Lérida fue su discrepancia verbal con la orden de que persiguiera judicialmente a los responsables de una hoja parroquial que recogía frases críticas hacia el régimen de Franco del arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany.

El traslado de Jiménez Villarejo a Huesca se produjo después de que se atreviera a pedir el procesamiento del jefe de la brigada político social de Barcelona. Un juez, Antonio Doñate decretó la concesión de libertad a un trabajador detenido en las manifestaciones del Primero de Mayo. La policía no ejecutó la medida y Jiménez Villarejo solicitó el procesamiento del responsable, por detención ilegal. Jiménez Villarejo fue obligado a presentar un recurso contra su propia petición de procesamiento, lo que efectuó tras solicitar que se lo ordenaran por escrito.

Mena y Villarejo aseguran haber investigado el caso Catalana con la misma disciplina y haber consultado todas las decisiones importantes a la Fiscalía General del Estado, cumplimentando la orden recibida el día de su nombramiento, que fue firmado por Luis Antonio Burón Barba. Cuando iniciaron el trabajo ambos tenían ya un amplio bagaje jurídico, tras cerca de 20 años de servicio, y conocían los trazados sinuosos de los delitos económicos por haber investigado, entre otros casos, el fraude de la Caja de Crédito Popular de Cataluña. Luego, después de examinar millares de documentos, trenzaron una acusación basada en los presuntos delitos de falsedad, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Tras dos años de pesquisas, los fiscales únicamente lamentan no haber podido investigar el caso en su globalidad, apurando sus ramificaciones. En su opinión, la investigación minuciosa de los bancos filiales de Catalana (Crédito e Inversiones, Alicante, Industrial de Cataluña y Mediterráneo, entre otros) hubiera puesto al descubierto la verdadera dimensión del problema. Pero aseguran que no pudieron hacerlo por la actual rigidez de la justicia, no habituada a enfrentarse a temas de esta envergadura, y por la oposición explícita del juez instructor, Ignacio de Lecea, quien reiteradamente les recordó que su mandato era investigar exclusivamente lo sucedido en Catalana.

Dos años de forcejeo

Durante estos dos años Mena y Villarejo han sido constantemente acusados de indiscreción Ellos, partidarios confesos de la máxima transparencia judicial posible, aseguran que toda la información que han facilitado ha sido suministrada con el beneplácito de la Fiscalía General de Estado, de acuerdo con el estatuto fiscal, y sin afectar al fondo de la causa.Los fiscales han sufrido cierto repudio por parte de quienes sostienen que investigar lo sucedido en la banca es un delito contra la catalanidad, al tiempo que se le ha acusado, con ánimo de descrédito, de ser unos comunista trabajando con fines desestabilizadores. Pese a ello, Mena y Villarejo han seguido compaginando durante estos años su trabajo con actividades progresistas como su militancia en la Unión Progresista de Fiscales, que preside el propio Mena.