Competitividad y flexibilidad laboral

Si alguien se propone casar los diferentes artículos, opiniones y editoriales que, desde la firma del Acuerdo Económico y Social (AES) y especialmente en los últimos días, se han vertido sobre el binomio flexibilidad-despido, tengo la sensación de que fracasará necesariamente.Pocos temas provocan tanto derroche de ambigüedad, oportunismo o demagogia, sin duda porque estamos ante una decisión social trascendental que, como siempre, esconde dentro de sí un conflicto de intereses.

Sería absolutamente inútil pretender que cualquier liberalización de normas laborales no repercute sobre las condiciones de trabajo y, en definitiva, sobre el trabajador. Pero también es falso, por simplista, mantener que la postura empresarial de exigir una liberalización de las normas que regulan las relaciones laborales, y en especial el despido, está dirigida a la destrucción de las conquistas sociales y retrotraer la historia a la época de la revolución industrial, feudalismo o esclavitud, según el ardor del interviniente.

La empresa es una organización que busca, aunando los esfuerzos de todos los que en ella participan, obtener un beneficio y, en consecuencia, contribuir a un bienestar social. Ese es su papel y no otro. Si crea empleo es porque puede retribuirlo. Si promueve el desarrollo profesional de quienes trabajan en ella es porque no se detiene y avanza. Si se le puede legítimamente exigir unos impuestos y cargas sociales razonables es en función, exclusivamente, de un hecho previo e imprescindible de generación de beneficios.

Ha habido momentos históricos, generalizables a toda Europa y muy definidos en nuestro país, en los que se pretendió que la empresa (como tantas otras cosas) fuese estable, inmutable. Nada le podía ocurrir y su única capacidad de evolución era hacia el crecimiento. Para ello, el Estado ofrecía una tutela determinada y unas normas que hacían congruente ese sistema de relaciones industriales.

No hay opción posible

Esos tiempos ya están superados y la propia biología nos impide volver atrás. El mundo en que vivimos, la misma sociedad que mira con tanto recelo la liberalización del despido, está exigiendo al individuo y a las empresas un proceso continuo, un mayor bienestar, una adaptación a tecnologías y formas de relación humana que nada tienen que ver con aquella rigidez. Centrándonos en las exigencias a la empresa, la situación resulta aún más diáfana: si tú no te adaptas, otros lo harán; si no eres competitivo, la misma sociedad en su libertad de elección acabará con tu propia existencia. No hay opción posible. La empresa que pretenda competir tiene que optimizar su productividad y vigilar sus costes, y no puede permitirse el lujo de mantener una plantilla inadecuada o una persona improductiva o innecesaria.

Las modas, los productos, las técnicas y sistemas productivos son cada vez menos estables. La empresa necesita personas, es lo más importante para ella, pero necesita poder contratar y despedir con facilidad de acuerdo con la oferta y la demanda de los bienes o servicios que ofrezca.

Evidentemente, esto choca con el contrato por tiempo indefinido, con el despido radicalmente nulo, con las indemnizaciones excesivas y disuasorias, con los procedimientos administrativos que dejan la decisión fuera de la empresa. Es absurdo negarlo. No podemos querer avanzar en algunos aspectos y dejar otros inamovibles.

Tres millones de parados son razón suficiente para intentar una nueva solución.

Una cosa está clara: el trabajador tiene que tener su protección económica, jurídica y sindical. Esto es absolutamente compatible con la liberalización del despido. Protección económica porque al dejar de percibir un salario regularmente debe contar con un seguro de desempleo que le proteja en una situación de necesidad. Jurídica porque nadie niega que puedan producirse abusos que habrán de llegar a los tribunales y éstos deberán fijar una indemnización que en justicia corresponda. Y sindical porque la libertad lleva consigo la necesidad de una negociación que ha de existir dentro y fuera de las empresas.

Mayor competitividad

Si somos capaces de aumentar la competitividad, ésta generará empleo. Si el conjunto de la economía nacional mejora, no cabe duda de que la repercusión sobre el paro es inmediata.

Podemos seguir indefinidamente discutiendo los términos y los matices: qué es flexibilidad, qué es lo que sobrepasa la flexibilidad y se acerca al despido libre, qué es despido libre. Pero me temo que será inútil. Estamos viviendo la experiencia de la contratación temporal y hemos visto cómo, cada día, van aumentando las colocaciones por esta vía gracias a una sola cosa: la posibilidad de terminar el contrato con libertad. Si esa libertad la tuviésemos sobre toda la plantilla, con las garantías que ya he mencionado, el efecto sería indiscutiblemente el mismo.

Dejemos las máscaras y las consignas y hablemos claro. Si hemos hecho una opción por la democracia y la libertad, si apoyamos la libre iniciativa y la economía de mercado como motor del progreso social, hagámoslo con todas las consecuencias: libertad para emprender, libertad para contratar y libertad para despedir.

Después ya podremos hablar de las responsabilidades de cada uno, pero primero pongámonos de acuerdo en una base sólida, en cuál es el objetivo que pretendemos de la empresa. En una economía estatalizada, las células-empresa son piezas sólidas y es la Administración quien garantiza el funcionamiento. Por el contrario, en una economía de mercado, libre, lo estable es el tejido empresarial vivo. Unas células crecen, otras mueren, otras nacen, y el funcionamiento eficaz lo garantiza la capacidad humana de emprender y de innovar. Hay más riesgo e incertidumbre, pero, sin duda, más iniciativa y creatividad.