La catástrofe anunciada

ACABAMOS DE perder 500 hectáreas de bosque por el fuego, y ahora llega el agua. Las inundaciones de este otoño arramblan campos, ganado y vidas humanas. Pero no es esto todo. Cuando se produce la sequía -que en algunas zonas españolas es simultánea a la inundación de otras- suele tener el carácter de una cita concertada con la adversidad. En todo ello, aunque la desgracia sea siempre inaceptable, es difícil seguir encontrando los elementos de una sorpresa. Ya no hay sorpresas: el ciclo sequía-incendio-inundación como triple flagelo en las causas de desertización de España nos persigue desde hace siglos. La sequía borra la humedad del suelo y favorece el incendio, y el incendio allana las tierras que ensanchan el camino de las riadas.El ciclo de los incendios se suele saldar con la inevitable culpabilización al ciudadano -campesinos que queman rastrojos, paelleros de fin de semana, colillas tiradas por los turistas, pirómanos, intereses criminiales sobre los terrenos...-, pero el de las inundaciones disminuye los argumentos de los inculpadores oficiales, aunque no los elimina del todo. En su afán de culpabilizar, todavía encuentran en las víctimas a algunos culpables de serlo cuando tienen sus viviendas por donde llega el agua. Pero además queda el azar o su representación en la acechante gota fría, que llega por los aires sin que nadie pueda detenerla, y a veces ni preverla.

Las catástrofes naturales que viene padeciendo nuestro país mal pueden considerarse de la misma categoría que la explosión de un volcán o el acontecimiento de un terremoto, que irrumpen con una frecuencia irregular y con el carácter de episodios en largos intervalos históricos. Las catástrofes españolas se repiten con una cadencia temporal y una coincidencia espacial tan alta que hay un derecho a exigir que el conocimiento experimental inspire las medidas políticas y administrativas necesarias para atajarlas. La política hidráulica de los sucesivos regímenes españoles, incluyendo el actual, no ha tenido el desarrollo ni la generalidad necesarios. La construcción de canales, encauzamiento de ríos, edificación de represas y de pantanos en los lugares idóneos, obras seguras de trasvase, protección adecuada de las zonas repetidamente afectadas son algunas de las obras más elementales que apenas se han abordado.

Actualmente, incluso planes y previsiones se contradicen entre sí por las diferencias entre los organismos encargados de llevarlos a cabo y, sobre todo, por las enfermedades infantiles de las autonomías. Cuando se recuerda el ingenio y el dinero, las tensiones también, derrochados en el trasvase Tajo-Segura por los megalómanos del franquismo, y se contemplan ahora las tierras de Orihuela y Murcia anegadas por el agua, cabe el derecho a preguntarse cómo se administran los fondos públicos en este país. Cómo se administraron en el pasado y cómo se utilizan ahora. O, en definitiva, cuáles son las prioridades del gasto y la eficacia administrativa en el cumplimiento de las normas.

El Estado destina muchas veces más a indemnizaciones que a obras de infraestructura que eviten éstas, al evitar los daños. La política de obras públicas sigue siendo incoherente, y la distribución presupuestaria, alicorta y falta de planeamiento a medio plazo. Dispuesta a ahogar millones para tapar agujeros financieros de grandes tinglados y enana a la hora de resolver cuestiones imperiosas que nos anuncian el retorno de la catástrofe.

Este editorial ha podido ser prácticamente el mismo desde hace décadas. Como el de los accidentes de tráfico en las carreteras, la insuficiencia de los aeropuertos, la ausencia de servicios o el maltrato a los ciudadanos por parte de la Administración. Pero el mismo no: han crecido la intermediación burocrática, el hastío y la perplejidad. Han crecido las urbanizaciones prohibidas y sin saneamiento, las ramblas edificadas, las estadísticas poblacionales y el número de cargos a discutir, lucubrar y explicar. Mientras tanto, el pueblo espera, como en una tragedia griega, que el ciclo fatal continúe.