_
_
_
_
_

Informes de 1976 sobre jueces de la autodisuelta Justicia Democrática permanecen en los archivos policiales

Informes policiales sobre magistrados y fiscales de la autodisuelta asociación Justicia Democrática, cuya investigación fue ordenada por el director general de Seguridad en noviembre de 1076, permanecen aún en los archivos de la policía, según fuentes próximas a la asociación. Entre las personas investigadas se encuentran Luis Antonio Burón Barba, ex fiscal general del Estado; José Antonio Martín Pallín, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, y Clemente Auger, presidente de la Audiencia Territorial de Madrid.

Más información
Magistrados progresistas estiman, grave ampliar el fuero poficial

Un portavoz del gabinete de prensa de la Dirección General de la Policía manifestó ayer desconocer el caso y explicó que trasladaría a los responsables del departamento el requerimiento informativo de este periódico sobre el asunto.La autodenominada comunicación cifrada, y autocalificada de secreta en el mismo documento, está fechada el 2 de noviembre de 1976 y dirigida por el director general de Seguridad a todas las Jefaturas Superiores de Policía. En noviembre de 1976 el director general de Seguridad era Emilio Rodríguez Román, hoy director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia de Control de Cambios del Banco de España, y el ministro de la Gobernación -hoy Interior-, Rodolfo Martín Villa.

La comunicación dice textualmente: "El director general de Seguridad ha dispuesto que deberá V. I. encomendar a funcionarios cualificados una investigación lo más amplia y concreta acerca de la posible existencia en esa demarcación policial de personal de la Administración de justicia que integra el grupo conocido por Justicia Democrática. Las investigaciones, con absoluta discreción, se centrarán, en su caso, en la filiación, cargos, y actividad colaboradora de cada uno de los funcionarios judiciales que se citen, así como sus relaciones oficiales con la policía gubernativa".

Secreto

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

La orden finaliza, diciendo que "se insiste en el secreto que deberá acompañar en todo momento a las gestiones e informes que se deduzcan, los cuales deberán ser remitidos a esta jefatura de información".

Los informes fuerlón remitidos posteriormente por los servicios policiales, en muchos casos ya en la época de Mariano Nicolás, que tomó posesión como director general de Seguridad el 23 de diciembre de 1976, menos de dos meses después de haber sido solicitados.

Algunos de los informes remitidos a la entonces denominada Dirección General de Seguridad se referían a magistrados que ni siquiera pertenecían, a Justicia Democrática, come, los de José Vidal Fiol o Ignacio Jiménez Hernández. En la resefla biográfica de Vidal Fiol, el informe dice textualmente que . profesionalmente está considerado como una medianía y más bien incompetente, si bien, teóricamente, parece un hombre enterado, aunque no lo sea en la práctica".

En el caso de este magistrado, que no perteneció a Justicia Democrática, el informe hace referencia a su situación económica, sus relaciones familiares e incluso sus relaciones con el Cuerpo General de Policía. En la reseña biográfica de Vidal Fiol se añade que éste acudía a una peña en la que se reunían "intelectuales, escritores, abogados y algunos miembros de la Administración de justicia, todos ellos de conocida ideología socialista y regionalista".

A la citada peña, añade el informe, "también asistía gran número de componentes de la parte izquierdista de las Congregaciones Marianas de San Luis Gonzaga, de la calle Rosellón [de Barcelona], conocidos todos ellos por sus ideas autonomistas".

Entre los realmente integrantes de Justicia Democrática investigados figuran Enrique Molina Pascual, Clerriente Auger, Jesús Vicente Charnorro, Enrique Álvarez Cruz, Julián Serrano Puértolas, Francísco Huet García, Carlos de la Vega. Benayas, Antonio Carretero Pérez, Ángel García Fontanet, Luis Antonio Burón Barba, José Antonio Martín Pallín y Carlos Jiménez Villarejo.

En el informe sobre Clemente Auger se dice que "ciertas informaciones confidenciales señalaban al juez de San Lorenzo de El Escorial como asistente a las reuniones que celebraron unos 23 magistrados, jueces y fiscales y de las que salió la constitución de la denominada Plataforma de Jueces y Fiscales". A la reunión que tuvo lugar en el domicilio de Auger asistieron el hoy ministro de Justicia, Fernando Ledesma,y Juan José Martínez Zato, portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

"Agudeza investigadora"

Representantes cualificados de la asociación Jueces para la Democracia, heredera de la organización progresista Justicia Democrática, manifiestan sobre tales investigaciones policiales a magistrados y fiscales, aún en los archivos policiales: "De muestran hasta qué punto el pasado sigue viviendo en nosotros, y esperamos que la agudeza investigadora del Ministerio del Interior en esta nueva etapa haya superado en algo a lo que ponen de manifiesto esos documentos".

"Tales informes son producto de los servicios de información que todavía tenemos y que exclusivamente prueban su absoluta ineficacia", afirman dichos representantes, quienes confian en que tales prácticas hayan desaparecido "aunque existen sospechas que pueden confirmar lo contrario."

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_