'La extrema derecha amenaza de muerte a dos jueces de Bilbao
El magistrado presidente, de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia de Bilbao, Juan Alberto Belloch, y la juez María Elisabeth Huerta, titular de Juzgado de Instrucción numero 3 de la misma ciudad, cuentan desde ayer con escolta policial tras recibir ambos por correo amenazas de muerte firmadas por un grupo de extrema derecha hasta ahora desconocido. En las misivas se les acusa, entre otras cosas, de entorpecer la labor de los cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo.
Las amenazas, a las que medios judiciales y policiales han concedido mayor verosimilitud que a los anónimos habitualmente recibidos por jueces y políticos del País Vasco, llegaron a manos de la juez Huerta y el magistrado Belloch por correo el pasado lunes pasados, respectivamente. En ambos casos se trata de sobres remitidos desde la República Federal de Alemania el pasado 29 de septiembre, según se aprecia en los matasellos, informa desde Bilbao Victorino Ruiz de Azúa.
Los textos, firmados con las siglas CRUN -hasta ahora desconocidas-, contienen dos párrafos idénticos, en los que, tras describir con precisión los cargos que ocupan los destinatarios, se les comunica que están "condenados a muerte", y se enumeran los "delitos" de los que son acusados, entre los que rriencionan "alta traición a la patria, colaboración con bandas arinadas" y entorpecimiento de "la labor de los cuerpos de policía en la lucha contra el terrorismo".
Belloch declaró ayer que las cartas difieren del estilo zafio y repleto de insultos de los anónimos habituales. "Puedo imaginarme cuál es el objetivo de este tipo de amenazas", explicó el magistrado. "Pretenden intimidarnos hasta conseguir que nos vayamos del País Vasco. Yo, desde luego, no pienso abandonar, porque esto me reafirma en la convicción de que hacemos falta aquí". Ayer no se pudo localizar a la juez Huerta.
El portavoz de Jueces para la Democracia subrayó que las amenazas se producen casi simultáneamente con la campaña desatada en tomo a la orden del Gobierno para que 90 guardias civiles no comparezcan ante lajuez Huerta.
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