Expediente contra los agentes acusados de negocios con tragaperras

La Jefatura Superior de Policía de Valencia ha decidido abrir un expediente disciplinario a los policías presuntamente implicados en la explotación de máquinas tragaperras instaladas en clubes de alterne, lo que está prohibido por la normativa policial. Ésta es, en el plazo de pocas semanas, la segunda investigación que se decide iniciar por el mismo caso. La primera de ellas se refería al inspector Ángel Ventimilla, del grupo octavo de la Jefatura.

En la de ahora se investigará a Amadeo Abonjo y Pedro Roncales, destinados en el gabinete de Identificación y en el grupo adscrito a la Audiencia Territorial de Valencia, respectivamente. Todos ellos han sido implicados en el negocio de las máquinas tragaperras por Miguel Martínez Sala y algunos propietarios de locales nocturnos valencianos.Carlos Gómez de Ramón jefe superior de Policía de Valencia, aseguró ayer que el expediente disciplinario abierto al inspector Ventimilla no ha ofrecido hasta el momento pruebas de que esté implicado en este negocio. Gómez de Ramón manifestó que la Jefatura no conocía los nombres de otros inspectores relacionados con la explotación de máquinas tragaperras, hasta que ayer fueron publicados, lo que ha motivado que se inicie esta segunda investigación. En el caso de Ventimilla, al parecer, el negocio figura a nombre de su esposa. Se calcula que una máquina tragaperras puede proporcionar unos beneficios mensuales que superan las 200.000 pesetas.

Descubrimiento casual

El caso de las tragaperras fue descubierto de forma casual hace poco más de una semana cuando Miguel Martínez Sala, regente de un local de alterne cerrado por orden del Juzgado número 14 de Instrucción de Valencia, cuyo titular es Guillermo Forteza, solicitó permiso del juez para poder retirar unas máquinas tragaperras instaladas en su establecimiento. Guillermo Forteza se interesó por la identidad de los copropietarios de las máquinas y Martínez Sala, visiblemente nervioso, acabó citando los nombres de los inspectores Ventimilla y Abonjo.El nombre de Pedro Roncales no surgió en esta conversación, según manifestó ayer a este periódico el abogado de Martínez Sala.

Como socio del negocio figura asimismo Francisco Soriano Pérez, que es, además, uno de los cinco dueños de clubes nocturnos, que aseguraron haber entregado dinero, a cambio de protección, al subcomisario Miguel Herrero, anterior jefe del grupo policial adscrito a la Audiencia, del que también forma parte el citado Pedro Roncales. Contra Miguel Herrero se siguen diligencias previas por un presunto delito de cohecho, que también son instruídas por el Juzgado número 14 de Instrucción.