Telefónica rehúsa detallar a un juez las escuchas legales en Guipúzcoa

La Compañía Telefónica Nacional de España se ha negado a facilitar al juzgado de instrucción de Bergara (Guipúzcoa) la relación de escuchas legales que se realizan actualmente en las localidades guipuzcoanas de Eibar, Elgoibar, Legazpia, Mondragón, Oñate y Zumárraga, según indicaron ayer fuentes de esta misma empresa. El juzgado de instrucción de Bergara solicitó esa información a la delegación de la compañía telefónica en San Sebastián a través de una instancia fechada el pasado 26 de septiembre y recibida el día 27 de ese mes.Ayer, fecha en la que se cumplió el plazo de cinco días establecido para atender el requerimiento judicial, la delegación de la compañía telefónica en San Sebastián remitió al juzgado de instrucción de Bergara un escrito en el que justifica su negativa aludiendo a la necesidad de "no contravenir el secreto del sumario".

En el escrito, la delegación de la Telefónica indica que algunas escuchas legales se realizan siguiendo las instrucciones del juzgado central de la Audiencia Nacional e invita al juez a dirigirse a ése organismo judicial solicitando la información.

La carta de la delegación de la compañía no había sido recibida ayer en el juzgado de Bergara, según se desprende de las declaraciones efectuadas anoche por Juan Francisco Uría, el juez titular de este juzgado de instrucción.

Juan Francisco Uría no quiso confirmar pero tampoco desmentir la noticia de que ha solicitado información sobre las escuchas legales que se realizan en su distrito y parecía sorprendido porque este dato hubiera llegado a los medios de comunicación.

"Sólo puedo decir", indicó, "que el comportamiento de la persona que ha facilitado esos datos es claramente incorrecto, en el caso", precisó, "de que la noticia fuera cierta". El titular del juzgado de instrucción de Bergara añadió que hasta la fecha no ha recibido de la Compañía Telefónica ninguna comunicación contraria a la normal colaboración con la justicia.

Uría añadió que en el caso de que él hubiera solicitado esa información su intervención estaría motivada por el interés en salvaguardar los derechos de los ciudadanos a preservar la intimidad de sus comunicaciones.