Desautorizado el Parlamento canario para ejercer el control de RTVE en las islas

El Consejo de Estado ha negado al Parlamento canario la facultad de ejercer control sobre los directores de RTVE en el ámbito de dicha comunidad autónoma. Según un dictamen emitido por el alto órgano consultivo, a requerimiento de los presidentes del Gobierno y de la Cámara regionales, el Parlamento de Canarias no goza de competencias para obligar a los responsables territoriales de los medios de comunicación del Estado a comparecer ante una comisión del mismo, como era su intención. El titular del Parlamento, Pedro Guerra, del PSOE, declaró que confía en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional favorable a su tesis.El presidente de la Asamblea autónoma y el director general del Ente Público RTVE habían discrepado antes sobre esta potestad. El motivo había sido la investigación por parte de una comisión parlamentaria de la actuación de los medios de comunicación estatales en el archipiélago, para lo que se recabó, en febrero de 1984, la presencia de los directores de la agencia Efe, Radiocadena Española, Radio Nacional de España y Televisión Española en Canarias. El director general de RTVE se opuso a esta petición, al no reconocer ninguna dependencia de sus cargos regionales respecto a la comunidad autónoma, y propuso un encuentro "informal" de éstos con la Junta de Portavoces y la Comisión de Cultura del Parlamento. Tras insistir esta Cámara en la légitinú dad de su pretensión y amenazar con una denuncia a la autoridad judicial, por desobediencia, el máximo responsable de RTVE invitó al presidente del Parlamento canario a someter el caso al arbitraje de un órgano elegido por ambas partes para poner fin a una "larga e incómoda polémica", según sus palabras.

El dictamen del Consejo de Estado establece que la Comunidad Autónoma de Canarias "no puede en la actualidad ejercitar competencia alguna sobre el control parlamentario de la radiodifusión y televisión en el mismo ámbito territorial", y afirma que está facultada para requerir la comparecencia de los directores regionales de los medios de comunicación estatales radio y televisión, por lo que éstos no tienen ningún deber jurídico de responder a su convocatoria.