La ocultación de incompatibilidades médicas

La historia del doctor Sanjurjo, que trabajó durante 12 años en el madrileño Hospital Penitenciario de Carabanchel y al que se aplicaron las incompatibilidades médicas, lo que motivó numerosas protestas de los presos, ha tenido abundante eco en EL PAÍS. El domingo 14 de septiembre, el redactor de la sección local Jesús de las Heras publicaba una amplia información, en la que el doctor contaba sus desventuras y calificaba de "injusta" la forma en que se le aplicaba la incompatibilidad. El doctor reconocía que, además de médico de dicho hospital, ejercía como médico adjunto del Hospital Central de la Cruz Roja. Al día siguiente, 15 de septiembre, en la última página, de nuevo el periodista volvía a recoger el lado humano del tema, y ofrecía a los lectores un perfil de Jorge Sanjurjo Navarro. Poco más añadía a lo publicado horas antes, si bien. se insistía en que el caso podía resolverse con una indemnización.Días más tarde, en la sección de Sociedad, se publicaba una información, firmada por EL PAÍS, con el dato de que la Administración había localizado a 400 médicos que no hicieron la declaración de incompatibilidades, a pesar de estar obligados a ello. En el artículo volvía a aparecer la mención al doctor Sanjurjo, y se señalaba que "tenía cuatro puestos en la sanidad pública, en los que teóricamente trabajaba durante 90 horas semanales y por los que percibía 600.000 pesetas al mes".

El defensor de los lectores se puso en contacto telefónico con el doctor Sanjurjo, quien se disculpó correctamente: "No quiero seguir insistiendo sobre esta cuestión. Yo pienso que el tema de las incompatibilidades está mal llevado por parte de la Administración, pero realmente lo que no deseo es polemizar". Nos aseguró que en ese momento no tenía tiempo para seguir la conversación, y terminó pidiéndonos el número de teléfono y las horas mejores para localizarnos. Desde el miércoles pasado no hemos recibido su llamada.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la asesora del ministro para temas de comunicación, Carmen Arredondo, nos envió un informe donde aparecen los datos del expediente administrativo de Jorge Sanjurjo desde 1975, en el que se señala que "el 7 de abril de 1986, la Inspección General de Servicios del Ministerio de Presidencia dictó una resolución acordando el pase del señor Sanjurjo a la situación de excedencia voluntaria. Dicha resolución es consecuencia, según se desprende de sus propios términos, de que el interesado, incumpliendo lo previsto en la disposición transitoria 31, apartado 2, de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades, no optó dentro del plazo por uno de los cuatro puestos de trabajo del sector público que a la sazón venía desempeñando: médico adjunto de traumatología del Hospital Central de la Cruz Roja, médico del Ayuntamiento de Madrid, médico del Hospital Penitenciario y ayudante de traumatología del Insalud. En fecha 30 de junio de 1986 cesa efectivamente en el Hospital Penitenciario por pase a excedencia voluntaria. Las retribuciones como funcionario del Cuerpo Facultativo del Hospital Penitenciario correspondientes al mes de mayo pasado ascienden a un total de 154.497 pesetas íntegras. Su servicio en esa fecha se distribuía de la siguiente manera: lunes y viernes, de 16.00 a 19.00; miércoles y jueves, de 17.00 a 20.00; sábados, visita a enfermos ingresados; martes, quirófano. Cruz Roja: de 8.00 a 15.00, de lunes a viernes. Ayuntamiento: domingos, 24 horas, y festivos, 24 horas, alternos. Insalud: de 17.00 a 19.30, de lunes a viernes".

Consultado el redactor Jesús de las Heras sobre las dos primeras informaciones incompletas, al no haber recabado del Ministerio de Sanidad datos sobre este caso, reconoció que no lo comprobó "por coincidir con un fin de semana en que me fue imposible localizar a ningún responsable a nivel oficial. Yo resalté en mis reportajes el matiz humano de los reclusos, que no querían que se les quitase a este médico".

Adjetivos erróneos

Un lector, Juan López Pérez, escribe desde Madrid sin muchas esperanzas de que nos hagamos eco de sus indicaciones. Sin embargo, el tema, por reiterado, necesita de publicidad para intentar conseguir que no se repita. La cuestión es: ¿cuándo en las informaciones se debe calificar a las personas de culpables, supuestos o presuntos?

Los ejemplos de nuestro comunicante son claros. En la primera página del día 29 de julio se titulaba a dos columnas: "Francia entrega a la policía española a otro supuesto militante de ETA". En el texto se lee "el presunto etarra", refiriéndose a Jose Luis Artola, que había sido condenado a ocho años de prisión por colaboración con bandas armadas y estaba reclamado por la justicia por incumplimiento de condena. Al día siguiente, también en primera página del periódico, se informa: "La polícía francesa detíene a 11 miembros de Iparretarrak". En esta ocasión los detenidos son considerados miembros de la citada organización terrorista. A las pocas horas, tres de los detenidos estaban en libertad sin cargos.

El Libro de Estilo de EL PAÍS no deja lugar a dudas sobre el tema: "Nadie es culpable de algo mientras no medie sentencia firme de un tribunal. Debe cuidarse este aspecto, señalando que los detenidos son sólo 'presuntos culpables', 'sospechosos' o (cuando se les haya abierto sumario) 'acusados' de algo".