Ruiz-Giménez: "No hemos actuado en el 'caso El Nani' porque nadie nos lo ha pedido"

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, explicó ayer el hecho de que no haya intervenido en relación con el caso El Naní señalando que no ha recibido ninguna petición al respecto: "No hemos actuado porque nadie nos ha pedido que actuemos", declaró a este periódico. No obstante, Ruiz-Giménez no excluyó la posibilidad de actuar por iniciativa propia; resaltó que el caso está sub júdice, y precisó que sólo si hubiera demoras o anomalías de tipo procesal, la oficina del Defensor del Pueblo intervendría en el asunto: "Estamos dispuestos a intervenir sin ningún temor". El Defensor del Pueblo habló ayer en el Pleno del Congreso, donde presentó el informe de 1985 de la institución.

Joaquín Ruiz-Giménez recordó la actuación de oficio emprendida por la oficina de la que es titular tras la muerte de Mikel Zabalza, al conocer las declaraciones de la novia del joven navarro sobre presuntas torturas. A la pregunta de por qué la oficina del Defensor del Pueblo actuó a inicitiva propia en el caso de Mikel Zabalza y no lo ha hecho a la vista de las noticias sobre la desaparición de Santiago Corella, el Nani, tras su interrogatorio en dependencias policiales, Ruiz-Giménez no exluyó la posibilidad de hacerlo. Pero argumentó que la persecución de los delitos es competencia de la Fiscalía General del Estado. "Nosotros no podemos intervenir en las actuaciones de los tribunales", precisó.Ruiz-Giménez declaró también a este periódico que no había mantenido ningún contacto con el ministro del Interior, José Barrionuevo, en relación con la desaparición de Santiago Corella.Preguntado sobre la ley antiterrorista, el Defensor del Pueblo se limitó a recordar los casos en los que ha intervenido la institución a lo largo de 1984 y 1985, cuando han existido denuncias por presuntos malos tratos en establecimientos policiales, y en relación con el control parlamentario de su aplicación, así como a los contactos con el fiscal general del Estado para seguir casos concretos."El Defensor del Pueblo está vigilante para que se cumpla la Constitución", dijo Ruiz-Giménez. Por otra parte, sobre la incomparecencia de 90 guardias civiles ante una juez de Bilbao para asistir a una rueda de reconocimiento tras una denuncia por presuntas torturas, Ruiz-Giménez no quiso pronunciarse como Defensor del Pueblo."Como jurista", dijo Ruiz-Giménez, "digo que hay que respetar las resoluciones judiciales o recurrirlas por los cauces legales".

El Defensor del Pueblo señaló que el caso El Nani y la incomparecencia de 90 guardias civiles ante un juez en Bilbao son problemas que no podían haber sido incluidos en el informe presentado ante el Congreso, ya que trata de casos acaecidos en 1985; pero que aparecerán en el próximo informe, relativo a este año y que probablemente se discutirá en el mes de febrero de 1987.Por otra parte, todos los grupos políticos de la Cámara elogiaron la labor del Defensor del Pueblo, tras su intervención en el Pleno del Congreso. Los portavoces de los grupos coincidieron en calificar de "escandalosa" la administración de la justicia, y resaltaron que ello se debe a la falta de medios, frente al "celo y abnegación de los servidores de este poder del Estado".

Según la memoria presentada. por Joaquín Ruiz-Giménez, el 20% de las quejas de los españoles se refiere al mal funcionamiento de la justicia. El diputado más extremadamente duro, no con el Defensor del Pueblo, sino con el Gobierno, fue el comunista Nicolás Sartorius. "En España no hay justicia, porque es lenta, cara e inoperante", dijo Sartorius, para quien, "curiosamente, los aspectos de la justicia que no funcionan son siempre los relacionados con los trabajadores", y puso como ejemplo el Tribunal Central de Trabajo.Informes burócratasEl portavoz del PNV, Joseba Azkárraga, resaltó las quejas de ciudadanos que han visto afectados sus derechos constitucionales, como son los de la nacionalidad, la integridad física, de las personas y la tutela efectiva de los tribunales.

Azkárraga solicitó a esta institución que contraste más detenidamente "los informes burócratas enviados por los responsables policiales". Modesto Fraile, portavoz del PDP, resaltó igualmente el mal funcionamiento de lajusticia y los fallos de las administraciones públicas. "Es preocupante la reiterada falta en el puntual cumplimiento por parte de muchas dependencias de la Administración de las obligaciones que les vienen impuestas por la propia ley del Defensor del Pueblo y por la propia Constitución".

Con ello, Fraile quería denunciar la resistencia que algunos órganos administrativos ponen a la labor del Defensor del Pueblo. No obstante, Ruiz-Giménez resaltó que estas trabas han disminuido considerablemente respecto a años anteriores.

El portavoz de Minoría Catalana, Jordi Casas, coincidió con el resto de los portavoces de los gruos parlamentarios en denunciar los retrasos que se originan en los tribunales.