La mayoría de las cajas de ahorro renueva sus estatutos fuera de plazo

La gran mayoría de las 77 cajas de ahorro, representativas de un 40% del sistema financiero, renovarán sus estatutos fuera del plazo fijado para la aprobación de los mismos por sus respectivas comunidades autónomas, que expiró ayer.Sin embargo, portavoces de dichas entidades y de sus autoridades autonómicas expresaron ayer confianza en que los obstáculos puestos por una u otra parte no impidan incumplir el objetivo final de que las nuevas asambleas y consejos de administración estén constituidos antes del 19 de enero próximo.

En las zonas donde los actuales órganos de gobierno de las cajas han trabajado con mayor celeridad -principalmente el País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia-, los problemas surgidos tampoco han permitido cumplir los plazos con carácter generalizado, según las noticias recogidas ayer por este periódico en fuentes del sector y de los gobiernos autonómicos.

En otras regiones, como Cataluña, Castilla-León, Madrid, País Valenciano y Aragón, todavía falta que la mayoría de las asambleas de las cajas se pronuncien sobre el proyecto de estatutos aprobados por los consejos de administración.

Salvo en el País Vasco, en el que las seis cajas de ahorro habían presentado antes del verano sus estatutos al gobierno autónomo, que ahora parece interesado en demorar la renovación de asambleas y consejos hasta después de las elecciones municipales, la tónica general ha consistido en que las autonomías han devuelto a las cajas el proyecto de estatutos, por entender que algunos aspectos incumplen la ley de órganos rectores de las cajas (LORCA).

Los gobiernos autónomos de Galicia y Cataluña intentan que la futura representación de los municipios en asambleas y consejos -al menos un 40%- sea elegida de forma proporcional al número de concejales. Las autonomías gobernadas por socialistas pretenden que la elección siga criterios mayoritarios.

No obstante, los actuales responsables del sector afirman que al final prevalecerán en cada caso las posiciones de los gobiernos autónomos, tanto donde los enfrentamientos sean resueltos por el diálogo, como donde los problemas den lugar a recursos judiciales.