Juzgada constitucional la nueva ley francesa que regulará la expulsión de terroristas

El Consejo Constitucional francés dio ayer luz verde, con algunas modificaciones de poca importancia, al paquete de leyes antiterroristas aprobado por el Parlamento a fines del pasado mes de agosto. Entre dichas leyes figura una que regula la expulsión de extranjeros, es decir, que sustituye a la ordenanza que se aplicaba hasta ahora para reconducir a la frontera española a presuntos militantes de ETA. La ley entrará en vigor en cuanto sea publicada en el diario oficial francés, es decir, dentro de pocos días.

Los miembros del consejo, nueve sabios presididos por una de las personalidades más famosas y prestigiosas del partido socialista, el ex ministro de Justicia Robert Badinter, han estimado que las nuevas condiciones de expulsión, que refuerzan la autoridad del Ministerio del Interior y de la policía, son compatibles con la Constitución.

El único artículo que ha suscitado reparos es el que autorizaba a mantener detenido a un extranjero, "en un local no penitenciario", durante 10 días, en lugar de siete, mientras que se solucionan los trámites de su expulsión. Se trataba de impedir que el extranjero se escondiera o pasara a la clandestinidad mientras la comisión de magistrados prevista por la ley daba su opinión, puramente consultiva y no vinculante.

El consejo estima que el plazo anterior es suficiente, salvo en los casos en los que se invoque el procedimiento de urgencia absoluta. Si el Ministerio del Interior estima que existe "amenaza grave para el orden público" ya no interviene la comisión de magistrados, y además se podrá prolongar la detención durante 10 días, hasta que encuentre un país al que enviar al extranjero.

Victoria de Chirac

El Gobierno conservador de Jacques Chirac ha acogido la sentencia del Consejo Constitucional como una victoria. "Las leyes antiterroristas han superado todos los obstáculos. Los socialistas, que presentaron el recurso, tienen que reconocer ahora que son perfectamente constitucionales, puesto que el propio Badinter no tiene pegas que poner", explicaba ayer, satisfecho, un portavoz del partido neogaullista Asamblea para la República (RPR).La ordenanza que se aplicaba hasta ahora permitía también expulsar a un extranjero por procedimientos de urgencia absoluta y sin que intervinieran los jueces, pero siempre que existiera "necesidad imperiosa para la seguridad del Estado o la seguridad pública". Ahora, con las nuevas leyes, bastará que se aprecie "amenaza grave para el orden público". El Ministerio del Interior considera que la nueva legislación, reforzada además ante la opinión pública por el hecho de que ha superado un recurso ante el Consejo Constitucional, les permitirá "actuar con más comodidad".

Las otras leyes del paquete han pasado también la prueba de fuego sin grandes inconvenientes. Las modificaciones más importantes introducidas por el Consejo Constitucional afectan a la nueva normativa de aplicación de penas y al ámbito de aplicación de la ley antiterrorista.