Los fiscales acusan

A MEDIDA que trasciende el contenido de la petición de procesamiento presentada por los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo contra Jordi Pujol y otros 16 ex directivos de Banca Catalana aumenta la preocupación por la gravedad y concreción de las acusaciones que se plantean.El nuevo escrito de los fiscales -fruto de una tenaz investigación de más de dos años de trabajo- formula graves acusaciones contra el presidente de la Generalitat por sus actuaciones personales concretas, algunas de las cuales, como las relativas a la venta y cesión de acciones, fueron efectuadas cuando ya ostentaba la máxima representación política de Cataluña. El cúmulo de datos y precisiones aportado por los fiscales tras su trabajo recrudece severamente las acusaciones iniciales que se habían formulado contra los imputados.

De las acusaciones de carácter genérico vertidas en el texto de la querella inicial, presentada en mayo de 1982, en la que se señalaba como principales irregularidades descubiertas las alteraciones en la contabilidad, la creación de un sistema de administración paralelo conocido como caja b, la instrumentalización de activos ficticios para ocultar pérdidas, la existencia de sociedades de paja y la ocultación de información a los accionistas, que eran presuntamente constitutivas de los delitos de falsedad y apropiación indebida, se ha pasado a una exposición pormenorizada de estas actividades en las que maniobras y responsabilidades personales aparecen con la mayor crudeza.

La acusación de que en enero de 1982 se vendió un paquete de 11.157 acciones de la familia de Jordi Pujol -de las que 1.057 eran propiedad del propio presidente- por más de 25 millones de pesetas, es decir, al 226% de su valor nominal, a una sociedad instrumental prácticamente quebrada que había obtenido un préstamo, semanas antes, de la propia Banca Catalana para poder realizar el pago, plantea multitud de interrogantes en relación con los acontecimientos que ocurrieron posteriormente. Pocos meses después, a primeros de mayo, los inspectores del Banco de España descubrieron la existencia de un agujero en Banca Catalana de 47.000 millones de pesetas, y, en noviembre, después de que aflorara la crisis en toda su magnitud, y tras la intervención del Fondo de Garantía, el valor de este tipo de acciones fue reducido a una peseta.

La cesión del principal paquete de acciones de Pujol -97.702 títulos- a la Fundació Catalana, en mayo de 1982, y que, según los fiscales, no puede imputarse válida, al no cumplirse una de las condiciones estatutarias, despierta mayores sospechas aún, que deberían ser esclarecidas cuanto antes, por la trascendencia política del caso, al margen de la calificación penal de estos hechos y de la marcha del proceso. En opinión del ministerio público, esta operación constituía un ardid para evitar que se conociera el verdadero precio de los títulos. Sin embargo, este punto, en el que se basa la acusación de maquinación para alterar el precio de las cosas, no parece suficientemente argumentado.

Esta polémica cesión de las acciones del presidente de la Generalitat se efectuó en los mismos días en que el Consell Executiu intervino como tal para buscar una salida a la crisis de Banca Catalana. Además, es evidente el carácter político de esta discutida donación a una fundación por tratarse de una institución cuyas normas de creación y funcionamiento están reguladas por una ley del Parlamento de Cataluña que, en opinión de los fiscales, también ha sido vulnerada.

Al margen de estas consideraciones, también es necesario que la opinión pública conozca las averiguaciones del ministerio público sobre los pormenores de las presuntas irregularidades más significativas descubiertas para una mayor comprensión de las complejas operaciones realizadas bajo la árida terminología financiera. No es lo mismo hablar de activos ficticios a secas que explicar cómo se equilibraban los balances acudiendo a prácticas tan burdas como la de pagar 200.000 pesetas a un estudiante para simular un crédito y, por tanto, un activo del banco de 11 millones de pesetas.

A estas alturas de la investigación, y según los datos conocidos, va tomando cada vez mayor cuerpo la idea de que la compra de bancos fue uno de los factores desencadenantes de la crisis, tanto por los elevados precios pagados como por los costes suplementarios e injustificables que la acompañaron. La acusación de que en la compra de acciones de otros bancos se habrían invertido 11.061 millones de pesetas, el doble del capital social de Banca Catalana, es un síntoma del todo elocuente.

Por estas y otras razones el trabajo de los fiscales supone un esfuerzo que puede ayudar a comprender una importante crisis bancaria. Sin embargo, todas estas afirmaciones constituyen simplemente las alegaciones de los acusadores. Para formarse un cabal juicio de lo ocurrido es preciso cuanto antes conocer también la versión de los propios imputados- y los móviles que les impulsaron a sus actuaciones. Para ello, y lo hemos repetido muchas veces, nada mejor que la aceleración del procedimiento y el deslinde de las responsabilidades concretas de unas personas de la representación política que en un determinado momento ostentan. Nadie, por tanto, puede, moral ni jurídicamente, condenar a unas personas sobre las que ni tan siquiera han recaído todavía autos de procesamiento. Precisamente la presunción de inocencia constituye un postulado básico de todo sistema judicial democrático.