Querella criminal contra un servicio técnico por usurpación de marca comercial

Las empresas fabricantes de electrodomésticos dejarán de percibir este año entre 300 y 400 millones de pesetas en concepto de reparaciones a domicilio como consecuencia de la actuación, presuntamente delictiva, de un denominado Servicio Técnico Especializado (STE), que aparece registrado en las guías telefónicas precedido del nombre comercial de la práctica totalidad de fabricantes de electrodomésticos del país. La Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos (Anfel) ha presentado una querella criminal por usurpación de marca comercial contra los responsables del citado STE, con domicilio en las calles de Adra, 2, Ánsar, 40, y Alejandro Morán, 32, de Madrid.

Los responsables de este servicio han ideado un sistema que les permite ejercer en la práctica una especie de monopolio sobre la contratación de reparaciones de electrodomésticos. Para ello se sirven de la involuntaria complicidad de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE),a través de las normas que regulan la publicación de anuncios e inserciones en las páginas de la guía telefónica. El procedimiento utilizado consiste en contratar números de teléfonos domiciliados en tres calles madrileñas que alfabéticamente están al comienzo del listado: Adra, Alejandro Morán y Ánsar. En consecuencia, cuando un usuario acude a la guía para buscar el teléfono de un determinado servicio de reparaciones de electrodomésticos, los tres primeros que encuentra corresponden a Servicio Técnico Especializado (STE). Otro tanto ocurre si recaba el número llamando al servicio de información telefónica, al 003. La operadora consulta su monitor, que reproduce la guía telefónica, y, obviamente, facilita el primer número que aparece en su pantalla.José Luis Fernández, secretario general de Anfel, manifestó a Radio EL PAÍS que, por término medio, unos 2.000 usuarios recaban diariamente en Madrid la presencia en su domicilio de un técnico para la reparación de algún electrodoméstico. En estos momentos, la mayor parte de las llamadas es recogida por STE, en perjuicio de los servicios oficiales de las diferentes firmas que operan en el mercado. Enrique Martínez de Lecea, asesor jurídico de Ibelsa-Zanussi, considera que el daño económico es muy importante, al tiempo que se, causa un serio quebranto a la imagen comercial, puesto que los usuarios terminan desconfiando de todos los técnicos y fabricantes.

Al descubrirse este fraude, a comienzos de año, fueron varias las empresas que decidieron emprender acciones judiciales contra los responsables. Finalmente, ante el alcance de los hechos, optaron por actuar a través de Anfel, la asociación sectorial. "Mantenemos una doble vía", declaró Fernández. "Por un lado, frente a los responsables de STE, por usurpación de marca comercial. Por otro, negociando con responsables de Telefónica para que en una próxima edición de guías se impidan nuevas inserciones". Anfel considera que una empresa que actúa en régimen de monopolio público no puede desentenderse de un problema que afecta a todo un sector de la industria. Fernández afirma que el terna ha sido puesto en conocimiento de los responsables de la CTNE, quienes expresaron su disposición a colaborar y subsanar el vacío legal. María Luisa de Aguinaga, asesora jurídica de Cetesa, la empresa que gestiona las guías telefónicas, declaró desconocer los hechos, indicando que, legalmente, ni Telefónica ni Cetesa son responsables del contenido de las inserciones y anuncios que aparecen en las guías. La responsabilidad es del anunciante", concluyó.

Un sencillo negocio

STE no es en sí mismo un taller de reparaciones. Se trata de un sencillo negocio que funciona Con un teléfono y una telefonista. Ésta recoge los avisos y seguidamente los pasa a diferentes talleres y técnicos, que pagan 2.000 pesetas por cada aviso que reciben. "La calidad de las reparaciones es muy deficiente, y su precio, muy superior a los establecidos en las tarifas oficiales", indicó el responsable de la asociación de fabricantes. "Además", añadió "se produce un fraude fiscal muchas veces al cobrar el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Se juega con el IVA para engordar o aliviar la factura". Anfel ha puesto estos hechos en conocimiento de la Inspección de Hacienda. La revista Coop, órgano de las cooperativas de consumo, publica en su último número datos relativos a las protestas de los usuarios, que han tenido que pagar cantidades considerables por reparaciones que en muchas ocasiones son defectuosas.Varios usuarios consultados manifestaron haber presentado reclamaciones ante las firmas fabricantes y organizaciones de consumidores. En algunos casos, los concesionarios oficiales envían un técnico que evalúa la reparación. presupuesta el precio que habría costado la reparación efectuada por personal autorizado. Así, por ejemplo, por la reparación de una lavadora de la marca Eldesa, Servicio Técnico Especializado cobró 8.736 pesetas. La casa autorizada examinó el trabajo y la factura y rebajó el precio de la reparación, si lo hubiese efectuado uno de sus profesionales, a 6.035 pesetas.

De la A a la Z

Servicio Técnico Especializado hace uso de la práctica totalidad de las marcas comerciales del sector de electrodomésticos, desde Agni hasta Zanussi, tanto de línea blanca como de línea marrón. Cualquier usuario madrileño propietario de un aparato averiado tiene muchas posibilidades de caer en manos de este servicio si no se molesta en localizar los auténticos servicios oficiales. Los primeros números de la lista telefónica corresponden al STE, en Adra, Alejandro Morán y Ánsar. Los números están centralizados mediante un servicio desviador de llamadas que concentra todas las comunicaciones en una de las tres pequeñas oficinas. El usuario que pregunta por el servicio de una determinada marca recibe una respuesta afirmativa, y se le comunica que en un plazo máximo de 48 horas se atenderá su aviso. Ningún responsable de STE quiso responder a las preguntas de un informador. Una secretaria, la "señorita Montse", dijo ser la máxima responsable, y afirmó desconocer la existencia de una querella criminal por usurpación de marca comercial. Sin embargo, el portavoz de la Anfel manifestó que la querella se tramita en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, realizando investigaciones la Policía Judicial.