El Fondo de Garantía no podrá asumir el coste de la crisis bancaria hasta 1997

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) no podrá asumir los costes de la crisis bancaria por lo menos hasta 1997, según la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas, y de la que no se derivan indicios de responsabilidad contable, según informa la agencia Efe. El contenido esencial del resultado de esta auditoría fue adelantado por EL PAÍS el pasado 19 de octubre.

El informe, enviado a las Cortes el pasado 30 de abril, que consta de unos 200 folios, contiene un estudio sobre la proyección financiera del Fondo en el que se afirma que hasta esa fecha, y contando con que no se reproduzca la crisis, no podrá adquirir cierta autonomía patrimonial que le permita actuar dentro de un sistema normal de aseguramiento.La fiscalización del Tribunal de Cuentas, de la que fue ponente el consejero Ubaldo Nieto de Alba, comprende el período más importante de la crisis bancaria, correspondiente a los ejercicios de 1980 a 1983, en los que las ayudas concedidas por el FGD y el Banco de España a entidades en crisis superó los 1,188 billones de pesetas. 519.838 millones fueron dados por el Fondo y 669.160 millones corresponden a préstamos del Banco de España.

El Tribunal recomienda la elaboración urgente de un texto legal único que constituya el marco de actuación futura de la entidad, insta al Ministerio de Economía para que regule el funcionamiento de la comisión gestora del Fondo y propone que en adelante el Banco de España y el Fondo no simultaneen sus préstamos a las entidades en crisis.

Según fuentes jurídicas, de la fiscalización no se deducen indicios de responsabilidad contable, y se destaca la falta de instrumentos legales para hacer frente a la crisis y la ausencia de una legislación del control de la solvencia bancaria.

Control de solvencia

El informe destaca en primer lugar que la falta de una adecuada legislación del control de la solvencia bancaria produce un modelo de vigilancia ineficaz y la ausencia de principios de solvencia, competencia, profesionalidad y responsabilidad. El otro punto básico de las conclusiones es la carencia total de instrumentos legales para hacer frente a las crisis bancarias del modo que se presentaron a partir de 1977, lo que provocó que la eficacia en la gestión del Fondo haya primado sobre el control.Se alude también a discrepancias entre las actas de la comisión gestora y la documentación actuaciones, falta de normativa en el proceso a seguir en la venta de activos, inexistencia de una oferta pública y generalizada de estos activos, falta de correspondencia entre las cifras contables de ventas de activos y las reflejadas en la memoria de 1983.

El informe refleja que, como consecuencia de la adquisición de acciones y participaciones a sociedades en los procesos de saneamientos de bancos en crisis, el Fondo se ha convertido en un grupo de sociedades formado por 494 participadas directas y una extensa red de sociedades indirectas. Existe, según el informe, un fuerte endeudamiento de las sociedades participadas directas del grupo con el Fondo, por un importe de 125.000 millones de pesetas, caracterizándose esta situación por la ausencia de rentabilidad y la escasa posibilidad de recuperación.

Dentro del capítulo de ayudas se especifica que los préstamos y depósitos a bajo o nulo interés otorgados por el Fondo ascendían a 115.913 millones y los concedidos por el Banco de España a 669.160 millones, es decir, un total de 785.073 millones. Además, el Fondo ha comprado activos (créditos acciones y participaciones inmuebles) por importe de 289.737 millones y ha asumido pérdidas y efectuado otras aportaciones por 73.185 millones. Además, ha habido adquisición de acciones bancarias por 41.003 millones de pesetas.

Según diversas fuentes el coste real de la crisis, hasta el 31 de diciembre de 1983,se podría situar en unos 325.000 millones de pesetas. Como beneficiarios de las ayudas figuran, en primer lugar, el grupo de Banca Catalana, con una ayuda total de -2344.044 millones de pesetas, seguido del Banco Occidental, con 81.897 millones, y Banco Unión, con 69.179 millones. Con ayudas inferiores están Cadesbank y el Banco de Madrid, con 46.999 millones; el Banco de Levante, con 65.967 millones, y el Banco de Valladolid, con 37.230 millones.