El PCE denuncia la situación irregular de más de 20.000 viviendas de propiedad pública

Los concejales del PCE en el Ayuntamiento de Madrid han cifrado en 21.328 las viviendas públicas que están vacías o que su uso infringe la legislación, mientras que en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Madrid 10.000 familias han presentado la solicitud de una vivienda de propiedad pública. Según el portavoz del Grupo Comunista, Francisco Herrera, el problema de la vivienda se paliaría en gran parte solucionando ese desfase. Oswaldo Román, gerente de la EMV, reconoce la mala utilización del parque público.

El Programa de Barrios en Remodelación puso en pie 23.800 viviendas en Madrid. De ellas, el 6%, es decir 1.428, han sido vendidas irregularmente, según el PCE. Estas viviendas dependen de la Comunidad. El mismo instituto ha heredado del antiguo Instituto de Promoción Pública 87.000 viviendas. Según Francisco Herrera, no existe censo ni control alguno sobre estas viviendas. "Al menos un 20%, es decir, 17.400, está en situación irregular, bien vendidas, vacías o dedicadas a otros usos".El tercer aspecto de la denuncia del PCE se refiere a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), que gestiona 7.017 viviendas. De ellas, 2.500 están vacías, según el PCE. El gerente de EMV, Oswaldo Román, reduce la cantidad a medio centenar, aunque otras 700 están ocupadas irregularmente. Herrera extrae sus datos de un censo realizado hace meses por el mismo Ayuntamiento.

Tanto Herrera como Román, al hablar de viviendas ocupadas irregularmente se refieren a venta entre particulares, o su uso para negocios particulares, o que el propietario tenga además otra vivienda.

"Somos conscientes", afirma el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda, "que hay una mala utilización del parque público. Nosotros mismos no controlamos la venta de viviendas entre particulares. Luego nos encontramos con que el inquilino, habitualmente de una condición humildísima, no es el adjudicatario. ¿Cómo vamos a echarlo?".

En toda la Comunidad unas 12.000 familias han solicitado una vivienda pública. Son familias de ingresos mínimos. A la Empresa Municipal han llegado unas 500 solicitudes; es decir, la correcta administración de las 7.000 viviendas públicas gestionadas por ese organismo satisfaría esas peticiones.

"Desde hace seis meses", indica Román, "hemos empezado a automatizar el control de las viviendas. Vemos realmente quién habita en cada casa, y hemos comenzado a realizar contratos y revisiones anuales para comprobar si ha cambiado el nivel económico del inquilino y si merece una vivienda pública".

Denuncias

Francisco Herera aporta como muestra la constante denuncia de la Asociación Familiar San Cristóbal. El pasado año la asociación exponía ante el IVIMA que "en una barriada de 800 famillias existen viviendas cerradas cuyos arrendatarios poseen viviendas en otros lugares, en ocasiones clandestinas".La asociación considera que las viviendas públicas no son hereditarias, no pueden dedicarse a pensiones, comercios o talleres. "Es inconcebible", dice la asociación, "acogerse a la protección estatal y negociar con pisos de su propiedad".

El PCE verificó las denuncias en esa barriada: un piso convertido en taller, otro en pensión, una viuda con pensión y con dos pisos en alquiler, otra viuda que trabaja en la Seguridad Social cuenta con un piso en el barrio de Salamanca y un salón de belleza; otra viuda que posee otros tres pisos, y otra más con otro piso alquilado, un piso más en Albacete y una sala de fiestas; un señor con un taller de 30 obreros más tres pisos.