El caso del banquero Pujol

LOS FISCALES del caso Banca Catalana han culminado su trabajo solicitando formalmente a la Audiencia Territorial de Barcelona el procesamiento de ex directivos de la entidad, entre ellos Jordi Pujol, actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Independientemente de que esta cuestión esté relacionada con las actividades de Pujol previas al ejercicio de la responsabilidad de gobierno que ostenta, no cabe la menor duda de que es inevitable la politización de un tema que, desde el principio, saltó a la opinión pública trufado de todo tipo de adherencias.La petición fiscal contiene novedades respecto al contenido de la querella presentada. De las pesquisas realizadas se deduce que seis de las personas cuyas actividades han sido analizadas no hicieron nada que merezca poner "en tela de juicio la diáfana pulcritud de su cometido", y proponen separarlas del caso, al igual que exoneran a dos presuntos implicados que han fallecido durante la larga investigación. Los fiscales introducen, por lo demás, una acusación nueva: la del delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, refiriéndose a una cotización inadecuada de las acciones del banco una vez que habían empezado las dificultades. Y no retiran ninguna de las hechas inicialmente: apropiación indebida y falseamiento de datos en documentos oficiales y mercantiles.

No es superfluo insistir en estas columnas sobre la presunción de inocencia que todos los encartados merecen en uso de sus derechos constitucionales. Tampoco es necesario recalcar lo particular que resulta que se solicite el procesamiento de alguien que hoy representa la máxima autoridad política de Cataluña. Y por último, no conviene menospreciar el dato de que fueron necesarios 344.000 millones de pesetas de los fondos públicos para sanear la mala gestión del banco y que es lógico que el Estado, que tan grave merma ha sufrido en sus recursos, procedentes del bolsillo de todos los ciudadanos, exija responsabilidades a quienes las hubieran causado.

O sea, que tal y como están las cosas, la petición de procesamiento de Pujol es un hecho judicial, pero también un acontecimiento político de primera magnitud. La primera declaración del acusado, tras conocer la solicitud de los fiscales, fue menos discreta de lo que su negativa expresa a hacer comentarios podía aparentar. Después de referirse a la necesidad de guardar silencio, remitió a los informadores a lo que él mismo dijo al respecto hace dos años. Y, aunque no lo haya querido repetir ahora, en esa ocasión Jordi Pujol aseguró entonces que la presentación de la querella era una provocación del Gobierno central y una jugada sucia, no contra él, sino contra toda Cataluña. Aseveración, la primera, grave, pero creíble. Y la segunda, simplemente impresentable en boca de un político del curriculum y la sabiduría del presidente de la Generalitat, que no debe tratar de tapar con banderas políticas, y mucho menos con alusiones institucionales, cuestiones que se refieren a su actividad privada. Porque lo que Pujol no ha dicho todavía -y eso era exigible en un líder de su entereza- es qué hará en caso de ser procesado. En una palabra: si piensa que podría ser presidente de la Generalitat aun estando procesado y bajo sospecha.

El problema es delicado y, como en ocasiones anteriores, no faltan quienes subrayan la coincidencia entre un supuesto éxito político de Pujol -las recientes elecciones generales, dicen- y una mala noticia respecto a su pasado como banquero. Aunque ya se ha afirmado hasta la saciedad que con la actual agenda política ningún acontecimiento se puede producir distanciado de una consulta electoral -ya sean generales, municipales, autonómicas o un referéndum-, en esta ocasión los hechos son más testarudos que nunca. El 9 de enero el instructor del sumario, Ignacio de Lecea, adelantó que todas las pruebas básicas de la investigación estaban hechas y que ello llevaría el desenlace aproximadamente a las actuales fechas, expresando, incluso, que si las elecciones se anticipaban coincidirían con el final de la instrucción de la causa. Por otra parte, aunque Convergéncia ha conseguido un sensible avance respecto a las generales de 1982, no ha logrado, contra su propósito, superar al PSC-PSOE; y a la vista de lo sucedido con la operación Roca, es difícil reconocer que exista una sensación de nuevo éxito electoral de Pujol".

Por si el caso no estuviera ya complicado, ha venido a hacerlo más escabroso el Fiscal General del Estado al decidir que los fiscales que se ocupan del mismo, dieran a conocer la petición de procesamiento a través de una conferencia de prensa. Es harto dudoso que el principio de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia no se haya visto dañado por esta actitud -que, por si fuera poco, y para despolitizar, se diga lo que se diga ha sido aplazada con motivo de las propias elecciones generales-. La tarea de los fiscales debe realizarse ante el tribunal, y no ante los medios de comunicación. Claro que este gesto no es nuevo. Desde la colza a Rumasa, este país está lleno de grandes juicios sin resolver. Pero a veces quienes entienden de ellos -en ocasiones jueces, en ocasiones fiscales, a menudo los propios acusados o sus defensas- convierten la administración de la justicia en un espectáculo de patio de Monipodio, en el que brillan por su ausencia las garantías procesales que la Constitución y las leyes otorgan a los ciudadanos. El caso Pujol comenzó con una conferencia de prensa del fiscal del Estado, y el acusado no se quedó atrás, con manifestaciones populares de apoyo incluidas, para no hablar de lo notable que resulta que se le haya tomado declaración en condiciones notablemente diferentes a las del resto de los ciudadanos, cuando no hay norma legal alguna que así lo justifique. Ahora se anuncia en conferencia de prensa la petición de procesamiento. Y, por añadidura, todo el mundo se esfuerza en insistir en que no hay que politizar el caso, reconstruyendo los fallidos empeños por determinar la cuadratura del círculo.

La maquinaria judicial, mientras, sigue adelante con el caso Catalana, con la exasperante lentitud que todos conocemos, y que el presidente de la Generalitat es el primero en denunciar. Quedan atrás dos años de investigaciones, crispaciones políticas y relaciones tensas entre los responsables de la Administración central y los de la Generalitat de Cataluña. Se ha doblado el cabo de una campaña electoral en la que la polémica sobre el tema ha estado ausente, como si la política no tuviera nada ver con la realidad, sino con los sueños, las verborreas y la vacuidad de las declaraciones. El resultado es que las incógnitas sobre el desenlace y sus repercusiones políticas, cualquiera que uno y otras sean, continúan sin despejarse. ¿Tendremos que esperar otros dos años antes de una nueva noticia sobre esta cuestión, que está empantanando la gobernación de España y de Cataluña, desprestigiando a la Administración de justicia y avergonzando a la ciudadanía? ¿Habrá que soportar una vez más la demagogia de los acusados, la indiscreción de los acusadores, la lentitud con que se destila la sospecha? ¿Y la vida parlamentaria española y catalana seguirá callada sobre este asunto, refugiándose cómodamente en la aseveración de que es únicamente la Justicia la que tiene la palabra?