Coalición Popular descarta acciones de masas en Melilla

Dos de los tres representantes del pueblo de Melilla elegidos en las últimas elecciones -todos ellos, de Coalición Popular- concedieron ayer una conferencia de prensa poco después de su llegada a la ciudad procedentes de Madrid, donde habían mantenido contactos con altos cargos de la Administración, así como de su partido. Tanto Luis Fernández Muñoz, presidente de AP de Melilla, como el diputado electo José Luis Sánchez Usero, coincidieron en que su partido se pronunciaba por utilizar la vía institucional para expresar sus reivindicaciones, descartando cualquier tipo de acciones callejeras o de masas.

Fernández Muñoz insistió en que la entrevista del líder de CP, Manuel Fraga, con el de la comunidad musulmana de Melilla, Aomar Mohamedi Dudú, se produjo a instancias del Defensor del Pueblo. "Por venir de donde venía, Fraga aceptó", dijo, "aunque antes nos preguntó qué nos parecía y, en aras de la normalización, decidimos que lo recibiera".Fernández Muñoz admitió, sin embargo, que los tres representantes de CP no lograron hablar con Fraga, debido a la reunión que mantuvieron con representantes de los ministerios del Interior y Justicia, que se celebró durante la tarde del viernes.

Fernández Muñoz explicó que la reunión con Rafael Vera, subsecretario del Ministerio del Interior, y Liborio Hierro, de Justicia, a la que asistió también el delega do del Gobierno en Melilla, Andrés Moreno, se había mantenido en términos "tensos, aunque dentro de un clima de cortesía". El presidente de AP de Melilla destacó: "Por primera vez, el Gobierno nos hizo una amplia y clara exposición de los proyectos politicos que tiene para la ciudad".

Sobre la intención del Gobierno de legalizar la situación de Melilla, los representantes de AP en la ciudad no pusieron ningún reparo, aunque, como siempre en esta localidad, la aplicación concreta de estas intenciones es la que se convierte en objeto de polémica.

Fernández Muñoz puntualizó que el Gobierno les había asegurado que "todas las peticiones de nacionalidad serían tramitadas para que se resuelvan en uno u otro sentido".

Fernández Muñoz expresó su preocupación por el hecho de que la aplicación de la normativa, al margen de las nacionalidades que ahora puedan ser concedidas, pueda llevar en el plazo de los próximos cinco a 10 años a que a quienes se les deniegue la nacionalidad, pero se les conceda la categoría de residentes, puedan tener acceso a la nacionalidad española. Para el presidente de AP, esto significaría "que en un plazo relativamente corto habría una gran cantidad de musulmanes españoles".