Un juez de Madrid ordena la detención de dos policías por su presunta implicación en el atraco al Banesto

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha ordenado la detención de los policías Victoriano Gutiérrez Lobo y Adelardo Rafael Martínez García por su presunta implicación en el atraco perpetrado en enero de 1985 al Banco Español de Crédito de Madrid, donde se robó un botín de 1.200 millones de pesetas. Estos dos policías, suspendidos de empleo y sueldo, forman parte de la supuesta red de policías corruptos descubierta recientemente en Santander. La policía recluyó ayer a los dos funcionarios en dependencias de Madrid.

Victoriano Gutiérrez Lobo, de 35 años, jefe del Grupo Antiatracos número 1 de Madrid, y Adelardo Rafael Martínez García, de 37 años, inspector de primera de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, fueron suspendidos de empleo y sueldo y expedientados disciplinariamente por la Dirección General de la Policía, junto a otros cuatro funcionarios, por supuestas implicaciones en atracos, venta de armas y tráfico de drogas.El caso de esta red de policías supuestamente corrupta lleva varios meses siendo investigada por un juez de Santander, ciudad donde se destapó el asunto. Este juez aún no ha decidido ninguna detención ni procesamiento sobre los supuestos implicados en estas operaciones.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ordenó en la tarde del sábado su detención y puesta a disposición judicial inmediata por su presunta implicación en el atraco al Banco Español de Crédito de Madrid, donde fueron desvalijadas 71 cajas de caudales -con dinero y joyas en su interior-, estimándose la suma total de lo robado en 1.200 millones de pesetas.

Santander

Inmediatamente la Dirección General de la Policía cursó la orden de detención, y los dos funcionarios se encuentran ingresa dos en dependencias policiales ya que éstos no pueden ingresar en prisión por su fuero.El asunto surgió por las declaraciones de un joyero de Santander, Federico Venero Hiero, que decidió hacer públicas las extorsiones de que estaba siendo objeto por varios policías y denunciar sus propias implicaciones en algunos hechos delictivos.

El joyero puso toda su información en conocimiento del juez, y la policía destinó a cuatro inspectores que investigaran esta red de policías supuestamente corruptos. El joyero declaró al juez de Santander que instruye el caso, Javier Cruzado Díaz, que los policías dirigían a bandas de delincuentes que trabajaban para ellos y les facilitaban armas e información para llevar a cabo sus acciones.

Cuatro de los seis miembros del Cuerpo Superior de Policía expedientados y suspendidos de empleo y sueldo por la dirección -Javier Fernández Álvarez, comisario jefe de la Brigada Regional de Policía Judicial de Bilbao; Victoriano Gutiérrez; Adelardo Martínez, y Rafael Jaime Portela, adscrito al Grupo Antiatracos de Madrid- coincidieron en su destino en Madrid en el año 1982.

Los hechos supuestamente delictivos que llevaron a cabo tuvieron lugar en la mencionada ciudad, Santander y el País Vasco. Los otros dos policías implicados en esta red son Miguel Angel Bercianos Torres, jefe del Grupo Antiatracos de Bilbao, y Antonio Caro Fontanillo, ex jefe del Grupo Antiatracos de Santander.