La mayoría social progresista

Que España haya avanzado mucho o poco en los últimos años, durante la mayoría socialista, es debate a menudo infructuoso, cuando las afirmaciones derivan por entero de los intereses o de la sensibilidad de cada cual. El grado de cambio puede, sin embargo, reconocerse con mayor facilidad si nos atenemos a los hechos, pues nadie podrá entonces honestamente negar que se han producido unos cuantos no imaginables sin que desde el poder público se hayan operado, al mismo tiempo, transformaciones, riada superficiales, y sí muy profundas, en nuestro Estado y en nuestra sociedad.Es el caso, por ejemplo, de la incorporación de España a las Comunidades Europeas o de la plena realización de los procesos autonómicos. ¿Puede caber alguna duda de que la integración europea de España o el asentamiento del Estado sobre principios -radicalmente distintos a los vigentes durante siglos- en cuanto a la distribución territorial del poder no son fenómenos que puedan explicarse por sí solos, sino que, por el contrario, han sido posibles mediante un amplísimo conjunto de decisiones del que, prácticamente, no hay aspecto de nuestras relaciones políticas o sociales que no haya sido afectado?

Es el caso, también, del hecho mismo que, por primera vez en nuestra historia, una mayoría y un Gobierno progresistas hayan podido cumplir una legislatura con normalidad y en plena estabilidad política. No se trata, en efecto, de un hecho intrascendente, pues fácilmente podrá recordarse que la mayor duda de muchos españoles a finales de 1982 lo era sobre la capacidad de los socialistas para gobernar, en el sentido más amplio del término, y para hacerse, de modo estable, con resortes esenciales del poder público.

La duda no era ociosa. Hasta entonces, en la tradición política española el poder público siempre tendió a degenerar en un fin en sí mismo, en algo cuyo ejercicio venía a ser su único título de legitimidad. A partir de entonces, lo que se iniciaba era una utilización instrumental y mediadora del poder, esto es, su consideración de instrumento para llevar a cabo una transformación del Estado y de la sociedad en España, o, si se prefiere, la regeneración del Estado para modernizar nuestra sociedad.

El contraste era evidente. Si nos hubiéramos limitado a administrar la herencia que recibíamos -tan adversa, desde todos los puntos de vista, a la política que se emprendía-, en lugar de modificarla muy sustancialmente y de adaptarla a nuestros propósitos, no se hubiera llegado a unas elecciones en las actuales condiciones, esto es, a un momento que posiblemente sea aquel en que los españoles, a lo largo de su historia, afrontan la decisión de su futuro con mayor tranquilidad o ausencia de temores. Y justo en este momento, la capacidad política de gobernar establemente conforme a nuevos criterios se convierte en el principal objeto de una intensa actividad de derribo, como sucede siempre que se señala el peligro de que esa función de Gobierno estable y reformador al mismo tiempo pueda quedar asegurada para España durante los próximos años.

Mejores perspectivas

Los hechos parecen avalar, en suma, la puesta en movimiento de un cambio profundo que, con todas las limitaciones o carencias que se quiera, permite, en todo caso, afirmar que las perspectivas de futuro para España son notablemente mejores y más abiertas en 1986 que en 1982.

El fenómeno más positivo y de mayor alcance de toda esa situación quizá sea que en la misma subyace la emergencia y la creciente solidez de una nueva mayoría social, en la que se han ido articulando sectores, inicialmente muy diversos, en torno a los valores y objetivos propios de una cultura cívica avanzada.

Esta nueva mayoría social, para su ascensión -legítima y necesaria en términos históricos-, ha optado, en efecto, por los cambios graduales, pero irreversibles, o lo que es lo mismo, por la efectividad de las vías legales y democráticas para el desplazamiento de los considerables obstáculos que encuentre a dicho proceso de ascensión histórica. Tales obstáculos, aun a riesgo de simplificar, pueden resumirse en un enquistamiento de oligarquías, que las hay de muy distinto linaje, y que se manifiestan no sólo en forma de intereses concretos y organizados -cuya expresión más relevante probablemente sean los corporativismos-, sino, de manera mucho más difusa y extensa, a través de comportamientos y mentalidades.

En esta situación, el formidable factor de innovación y modernización que supone para España la existencia de esa mayoría social comenzó a ser operativo en la medida que ha sido capaz de dotarse de una mayoría política identificada con sus aspiraciones. No es casual que una identificación similar, del mismo modo que ha sucedido o sucede en distintas fases de la historia reciente de otros pueblos europeos, se haya producido en el espacio del socialismo democrático, donde coinciden la concepción del Estado como instrumento para crear o fomentar las condiciones que hagan efectivas la libertad y la igualdad de los ciudadanos y un sentido del ritmo político progresista y adaptado a las realidades sociales existentes.

No está de más recordar, en un momento en que parece asistirse a una creciente valoración intelectual de los componentes utópicos de la acción política, que el pragmatismo o el sentido de la realidad no son ajenos, sino esenciales, a la utopía socialista. No es difícil comprobar que la mayor identificación con una política gradualista proviene, justamente, de sectores sociales cuya situación inicial de desventaja es mayor y que serían, por tanto, los más legitimados para la impaciencia.

Y es que, sin duda, no se desean más oportunidades perdidas en nuestra historia. España es un país con una larga experiencia en frustraciones colectivas. Nunca, sin embargo, como ahora nuestro pueblo ha tocado tan de cerca el objetivo secular de equiparación respecto al reducido conjunto de naciones que ocupan la vanguardia de la cultura y del progreso material. El mayor riesgo que amenaza al proceso de equiparación, una vez iniciado, es que se llegue a quebrar el instrumento político de que dispone la mayoría social que alienta ese objetivo histórico.

De ello son bien conscientes los adversarios de lo que la nueva mayoría social significa, a los que resulta vital debilitar la mayoría política o introducir en ella fisuras a través de las que puedan penetrar los intereses sectoriales que todavía anidan entre las ruinas del pasado. De ello también habrán de ser conscientes quienes, por el contrario, alimentan e impulsan el espíritu de modernidad, que es hoy el principal impulso y motivo de esperanza para la sociedad española. En su propia consideración de mayoría social ascendente será, en suma, esencial preservar su mayoría política.