Los sindicatos franceses acogen el despido libre como una 'declaración de guerra'

El proyecto de ley sobre despido libre o supresión de la autorización administrativa, aprobado el pasado fin de semana por la Asamblea Nacional, ha sido acogido como una declaración de guerra por la mayoría de los sindicatos franceses, que se mantenían en una tensa vigilia desde la elección del Gobierno conservador el pasado 16 de marzo. Tanto el sindicato comunista (CGT) como el de inspiración socialista (CFDT) han anunciado el fin de la paz social, y el inicio de huelgas en el transporte y los ferrocarriles la semana pasada lo demuestra.

"No vamos a acudir a las negociaciones con la patronal con la soga al cuello como los burgueses de Calais. Haremos suficiente presión como para que los empresarios se tienten la ropa antes de echar a la gente a la calle" afirmó el secretario general de la CFDT, Edmond Maire. El pasado miércoles entraron en huelga el metro y los transportes urbanos de París y el jueves le tocó el turno a los ferrocarriles.El proyecto de ley, pendiente aun del trámite del Senado, contiene tres novedades:

1) Los empresarios ya no tendrán que solicitar autorización de la Inspección de Trabajo para despedir a sus empleados por motivos económicos, como sucedía desde 1975. Bastará con entregar a los afectados una carta y mantener una entrevista personal. El ritmo de despidos, según esta fórmula, podrá ser de hasta nueve al mes.

2) Sindicatos y patronal deberán iniciar una negociación colectiva a fin de definir los procedimientos de consulta con los representantes sindicales de la empresa, medidas de reconversión y planes sociales.

3) A principios de otoño, el Gobierno presentará una nueva ley, sancionando el resultado de esas negociaciones.

"Este proyecto de ley constituye uno de los puntos claves de la estrategia del Gobierno para estimular el mercado de trabajo", aseguró un portavoz gubernamental. La oposición, socialistas y comunistas, considera, por el contrario, que las nuevas normas provocarán una oleada de despidos, más de 100.000 sobre los ya previstos, porque la patronal no está obligada a demostrar que necesita realmente reducir la plantilla. "No es cierto que las empresas se sintieran paralizadas, porque sabían perfectamente que si tenían suficientes motivos las autoridades le permitían despedir un cierto número de trabajadores", afirma un portavoz socialista. El Partido Socialista ha presentado una moción de censura, aunque es consciente de que no tiene ninguna posibilidad de prosperar ya que el nuevo Gobierno cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente.

Divergencias

El debate del proyecto de ley ha demostrado sin embargo que existen diferencias entre los distintos sectores que integran el Gobierno de Chirac. El ministro de Trabajo, Philippe Seguin, ha conseguido una victoria personal, en el sentido de que logró hacer pasar la ley sin que el Gobierno tuviera que "comprometer su responsabilidad", es decir sin impedir completamente el debate parlamentario.Seguin, que se declara neogaullista y heredero de la tradición social de Georges Pompidou hubiera preferido que el Parlamento debatiera el nuevo procedimiento de consulta con los sindicatos y las empresas antes de suprimir la autorización de despido, pero las presiones del sector más duro le obligaron a ceder.

El ministro de Trabajo, el único que hasta ahora no había sido objeto de críticas por parte de la oposición, ha desarrollado en estos primeros meses una estrategia diferente a la de sus colegas neoliberales. Según él, el Gobierno sólo podía darse un plazo de seis meses para ver si la patronal francesa es capaz de reaccionar. Si a finales de año se comprobaba que los empresarios no estaban dispuestos a contratar nuevos trabajadores, el Gobierno debería asumir su responsabilidad y dar marcha atrás aprovechando la nueva ley.

Sobre el papel, Philippe Seguin contaba con el respaldo del todopoderoso ministro de Finanzas, Edouard Balladur. Su sorpresa fue enorme cuando el primer ministro Jacques Chirac criticó públicamente a aquellos miembros del Gobierno que le leen la cartilla a los empresarios y les responsabilizan del éxito o fracaso de la experiencia neoliberal.

El cambio de tono de Chirac se produjo durante el debate en el Parlamento y fue interpretado por la oposición como una muestra del escaso peso político de Seguin dentro del gabinete. La situación era tan comprometida para el ministro de Trabajo que Chirac tuvo que acortar precipitadamente un viaje a provincias para presentarse a última hora de la noche del sábado en la Asamblea y reiterar en público su plena confianza en Seguin.

El ministro de Trabajo tiene ahora que convencer a la patronal y a los sindicatos para que negocien y lleguen a un rápido acuerdo, pero ambos interlocutores se muestran por el momento reacios y desconfiados.