El fiscal pide dos meses de cárcel para los ocupantes del local de la calle del Amparo

El fiscal ha pedido dos meses de cárcel y una multa de 50.000 pesetas para cada uno de los 15 jóvenes acusados de un delito de coacciones por la ocupación del inmueble situado en el número 83 de la calle del Amparo, en el barrio de Lavapiés, el pasado 1 de noviembre. Por su parte, la empresa propietaria del local, Unión Iberoamericana de Promociones Industriales y Comerciales SA (UIPIC), niega haber emprendido una acción legal contra los ocupantes, que mañana por la tarde harán una entrega simbólica de todos los escombros retirados durante la ocupación ante las puertas del inmueble citado.

Los acusados recuerdan que su intención era "convertir un lugar abandonado hace 15 años en un centro cultural y alternativo". "No sólo se nos niega el derecho a una vivienda o a crear por nuestros propios medios una alternativa cultural", señala un portavoz de los ocupantes, "sino que actúan violentamente contra nosotros y encima quieren llevarnos a la cárcel".El fiscal estima que "se impidió el ejercicio del derecho de propiedad a la. entidad titular" y pide la aplicación del artículo 496 del Código Penal por un supuesto delito de coacciones. En total son 18 las personas acusadas. Para 15 de ellas se piden penas de dos meses de cárcel y multa de 50.000 pesetas. Para las tres restantes, menores de edad, multas de 40.000 y 20.000 pesetas, con 60 días de arresto sustitutorio en caso de impago.

La ocupación del local de la calle del Amparo, 83, duró 11 días. El 1 de noviembre los vecinos de la angosta calle, en el corazón del barrio de Lavapiés, se encontraron con una inesperada sorpresa. Una veintena de jóvenes había ocupado el viejo almacén de tres plantas que en su día fuera un economato de la compañía Electra, SA, tal como podía leerse en los gastados azulejos de la fachada. Los primeros ocupantes se introdujeron en el local por una ventana y después lograron abrir la puerta metálica de la entrada.

Los vecinos no salían de su estupor aquel día. Unos se sentían molestos por la presencia de varios punkies entre los jóvenes ocupantes, pero la mayoría cooperó con los ocasionales inquilinos y les proporcionó muebles y material para la rehabilitación del inmueble. Una nave de 300 metros cuadrados acogió días después el primer y único estreno teatral en lo que pretendía convertirse en un centro cultural alternativo.

En los pisos superiores pernoctaban el 11 de noviembre unos 15 jóvenes, que se despertaron sobresaltados ante la irrupción de la policía. Los agentes mantenían una vigilancia desde lejos del edificio, pero ese día entraron con una orden judicial, justificada por la petición expresa del ministerio fiscal. El desalojo, según los ocupantes, fue violento. "Nos empujaron y golpearon cruelmente", declaró uno de los afectados, "en ningún momento nos mostraron la orden de desalojo". Los ocupantes fueron detenidos y trasladados en un furgón policial al edificio de los juzgados, en la plaza de Castilla.

Los ocupantes acamparon con algunos de sus enseres -"la policía se quedó con parte de nuestras pertenencias", señalaron en una sala de audiencia. Uno a uno fueron prestando declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 24, Félix Alfonso Guevara. Esa misma noche la policía disolvió a unos 300 manifestantes que protestaban por el desalojo. El local fue precintado y se reforzó la vigilancia El 16 de noviembre unas 400 personas volvieron a recorrer las calles de Lavapiés a los gritos de "la ocupación no es un delito, es un derecho".

En Madrid existen más de 100.000 viviendas vacías y 50 grandes locales desocupados, según estimaciones de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV). Según el, presidente de la FRAV, Salvador Torrecilla, "igual que se ha puesto en marcha una ley de ex propiaciones para fincas manifiestamente mejorables, deberían arbitrarse medidas legales que mejoren las injusta situación de los locales vacíos.

Los acusados, de momento, procuran sacar fondos como pueden en previsión de una sentencia desfavorable. Camisetas, pegatinas y una fiesta en El Barberillo de Lavapiés, prevista para esta tarde, son algunos de los medios con los que esperan hacer frente a probables multas. Mañana, a las ocho de la tarde, los vecinos del barrio de Lavapiés tendrán ocasión de volver a ver a sus ocasionales inquilinos. "Vamos a devolver la mierda que sacamos del local de la calle del Amparo a sus dueños", afirma un portavoz de los ocupantes. La peculiar romería consistirá en la entrega simbólica de los escombros retirados.

Carlos García Tapia, director de la firma UIPIC, declaró ayer que la empresa no tiene nada que ver en la acusación contra los ocupantes del inmueble de la calle del Amparo, 83. "Nosotros denunciamos en su día la, ocupación ilegal", afirmó, "lo que motivó probablemente la intervención de la policía. Sin embargo, no interpusimos ningún tipo de querella o reclamación contra los ocupantes, por lo que no tenemos nada que ver en la acusación".

"Para nosotros, el asunto terminó cuando los jóvenes fueron desalojados", añadió Carlos García, que se reserva el destino que UIPIC tiene pensado para el inmueble. La actividad de la empresa, según su director, es fundamentalmente "la promoción de negocios e inversiones".

Un precedente

El pasado 30 de abril, el fiscal del Juzgado de Distrito número 21 de Barcelona solicitó que se impongan dos multas de 5.000 pesetas a cada uno de los 19 jóvenes que el 7 de diciembre de 1984 ocuparon un inmueble situado en la calle del Torrent de l'Olla, del barrio barcelonés de Gràcia.Pertenecientes al colectivo Squat Barcelona, pretendían, a partir de esta acción, realizar otras ocupaciones similares. El inmueble ocupado se encontraba abandonado desde hacía 10 años y había servido con anterioridad de ambulatorio.