El progreso de la cultura

La cultura requiere libertad, y por parte de la Administración únicamente apoyo en la creación de infraestructura. Así opina el autor de este artículo, que reflexiona sobre la política cultural que debe hacerse desde el Gobierno y asegura que la cultura no se administra, lo que se administra son los asuntos culturales.

La cultura es, a la vez, creación y disfrute, esfuerzo y resultado, alumbramiento y herencia. Cuando se parte dé algo que es tan evidente se logra una guía clara para distinguir donde deben y donde no deben operar los poderes públicos en campo tan trascendental.Lo mejor que puede hacerse con la creación es dejar que sus admirables y sutiles mecanismos obren a su modo y manera. Pero como hasta la espontaneidad requiere condiciones mínimas para manifestarse es preciso asegurar a los agentes de la cultura formación adecuada y defensa de sus derechos morales, materiales y sociales, aunque no de modo distinto a como se les aseguran a otros profesionales libres o asalariados con análogo papel social: un artista no es ni más ni menos que un médico, un abogado o un químico; otra cosa será la categoría de cada uno. Cuanto exceda o falte a este tratamiento es discriminatorio porque favorecerá a unos en detrimento de otros, como lo muestran algunos anuncios públicos de ayudas a la creación (otras se dan sin ningún anuncio) en los que casi se nos anticipa también al creador agraciado y lo que tiene que crear o ha creado ya. Con estatutos profesionales, previos y generales eso no ocurriría, y el arbitrio, admisible en cuanto apreciación necesaria de circunstancias, no se convertiría en arbitrariedad.

Lo creado precisa comunicación para ser plenamente cultural. La difusión de la cultura es un proceso social espontáneo, tanto más fluido y rico cuanto más viva es la sociedad en que se crea, transmite y conserva. Ahora bien, allí donde los ámbitos de manifestación no surjan naturalmente o donde existiendo sean insuficientes, las administraciones públicas deben fomentarlos, por sí o estimulando a los particulares para que lo hagan, de modo que la cultura se muestre con riqueza, en concurrencia y libertad. Para asegurar las tres cosas es siempre preferible una política de infraestructura cultural a una política de subvenciones.

No es ya que la infraestructura implique por sí misma mayor neutralidad de los poderes públicos sino que también es la que se muestra como más necesaria: porque nos hacen falta más auditorios y orquestas estables, más y mejores bibliotecas y museos, modernas fonotecas y videotecas, salas de exposiciones; nuevos locales de uso múltiple, aptos para el cine, el teatro, la danza, las artes escénicas y los espectáculos participativos, y rescatar de su abandono las salas españolas que encierran valores artísticos o históricos. Son labores éstas menos aparentes, pero más sólidas que las verbenas, las charangas y los fuegos artificiales en que se gasta mucho dinero del contribuyente, más con ánimo de halago y propaganda que por razones de cultura popular.

Se dirá que la infraestructura por sí solamente producirá ámbitos vacíos. No es cierto. No conozco parque recién estrenado que no se llene desde el primer día de pájaros, niños, ancianos y enamorados. No hay sala de las que he referido que quede vacía a poco que cuide sus contenidos. ¿Quién discurre y ofrece los contenidos, incluso en locales sostenidos o ayudados por las administraciones públicas? No ciertamente éstas, cuyo papel es otro, sino la iniciativa privada con sus ofertas propias o concurriendo a los concursos públicos; nadie negará que los profesionales en sus campos respectivos tienen más conocimientos y capacidad de innovación que la presumible con la mejor voluntad en los poderes públicos.

Necesidades culturales

Reconozcamos también que los particulares, por la cuenta que les tiene, cualquiera sea el régimen en que operen, suelen captar con agudeza las necesidades culturales y ponderar mejor los riesgos. Cosa que, dicho sea de paso, debería hacerse asimismo con los festivales, muestras, semanas y campañas que menudean, y que lo tendrían casi todo de bueno si se calculase mejor lo que cuentan a cambio de lo que dan y el número de los que lo reciben. No es lícito emplear el dinero de todos para lucimientos personales o institucionales, y menos aún para fines partidistas.

Hay un par de cuestiones culturales de tal relieve que, o se tratan aparte, o sólo cabe aludirlas. Una es nuestro patrimonio histórico, de tal magnitud y que exige para su conservación, incremento y disfrute de recursos tales que es obligado establecer una escala de prioridades y asegurar un uso adecuado de los bienes que sustituya la actual falta de criterio o el criterio meramente conservacionista, y eficacia en la defensa, que no haya que pagar a precio de oro en el extranjero óleos que no debieron salir nunca de nuestro país. Otra de las cuestiones, imprescindible, es el fomento de la lectura, cuyo hábito hay que convertir en común entre los españoles (que dependerán así menos de las seducciones audiovisuales), empezando en la escuela y acabando en una red de bibliotecas y hemerotecas accesibles y fluidas en los préstamos.

Por inmaterial que la cultura sea, no prospera sin sustentos personales, materiales, organizativos y financieros. A este respecto es preciso recordar tres cosas: que la cultura no se administra, lo que se administra son los asuntos culturales, y hacerlo bien exige descentralización, coordinación y cooperación entre las administraciones públicas; que no debe recelarse de antemano de las industrias culturales, sin las que no llegaría a producirse la mayoría de los procesos de comunicación cultural -otra cosa es que sean (en especial los medios de masas) conscientes de su responsabilidad social, que sólo el derecho puede establecer y la sociedad exigir sin interferencias del poder-; en fin, que constituye un soporte cultural decisivo el mecenazgo de las asociaciones, de las fundaciones, de las empresas y sociedades mercantiles: más que la desconfianza hacia esas actividades se impone un tratardiento fiscal adecuado y controlado.

Ahora que ya tenemos representantes en él, conviene recordar un principio de actuación que el Parlamento Europeo formuló el 13 de noviembre de 1983: "La Comunidad no interviene sobre la cultura, interviene para la cultura".

Manuel Fraga es presidente de Alianza Popular y de Coafición Popular.