La lucha antiterrorista, uno de los mayores éxitos del Gobierno

La decisiva colaboración de Francia, el proceso de reinserción social, la presión de la policía española y las actuaciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en el santuario francés han provocado en los cuatro años de Gobierno socialista un serio debilitamiento de la organización terrorista ETA, cuya desarticulación ha sido prioritaria para el Ministerio del Interior, dirigido por José Barrionuevo. La oposición ha admitido notables avances en la lucha antiterrorista, entre ellos la práctica desaparición de los GRAPO, pero criticó su gestión en el caso del espionaje a partidos políticos y algunas actuaciones irregulares de los cuerpos de seguridad con resultado de muerte, amén de las denuncias por torturas y el silencio oficial sobre los hilos que mueven a los GAL.

La colaboración francesa en la lucha antiterrorista, iniciada nada más llegar el equipo socialista al Gobierno, se plasmó decisivamente con el acuerdo hecho público durante la visita a Madrid del ministro del Interior francés, Gaston Defferre, en junio de 1984. El acuerdo señalaba que Francia no toleraría la comisión de "actos contrarios a las reglas del derecho francés y a la amistad y solidaridad que unen a las dos democracias, la española y la francesa. Un terrorista no es un refugiado político". Este decisivo acuerdo permitía además la vuelta a España de más de 200 miembros de ETA sobre quienes no existía ninguna requisitoria policial o judicial. Asimismo se plasmaba claramente la voluntad del Gobierno socialista francés de iniciar una fuerte presión contra ETA, que se agilizó ese mismo año con abundantes deportaciones de miembros de la organización a países suramericanos y africanos.Dos meses después del encuentro Barrionuevo-Defferre, el Ministerio del Interior anunciaba públicamente una oferta de reinserción a los activistas de ETA, continuación de la política iniciada por su antecesor, el ucedista Juan José Rosón, en colaboración con el presidente de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés. El Gobierno se comprometió a facilitar la integración en la sociedad de todos los terroristas que estuvieran dispuestos a aceptar el ordenamiento democrático y suspender su actividad armada.

Barrionuevo afirmó incluso que el Gobierno estaba dispuesto a negociar con ETA la pacificación de Euskadi directamente y, sin intermediarios, "cuando quiera y donde quiera la organización". La oferta, que en un principio causó sorpresa en la oposición, la opinión pública e incluso en algunos sectores de la propia Administración socialista, fue posteriormente aceptada en todos los sectores. El Gobierno ha conseguido en estos cuatro años que 109 personas registradas regresaran a España y ha concedido 46 indultos a personas que habían sido condenadas por actividades terroristas.

La reinserción se ha convertido en uno de los principales factores en el debilitamiento de la organización terrorista, algunos de cuyos dirigentes se acogieron a esta vía, a pesar de las críticas de sectores abertzales del País Vasco. Éste fue el caso, por ejemplo, de la vuelta a España de la dirigente histórica de ETA Militar María Dolores González Cataraín, alias Yoyes, quien llevaba ya varios años en México apartada de la organización.

Antxon Alcocer Gabaldán, Zapatones, un histórico de la rama político-militar de ETA indultado por el Gobierno, manifestaba recientemente a este periódico que mucha gente no sabe que "han vuelto tantos milis como polimilis y otros, pero lo han hecho muy discretamente y pocos se han enterado". La vuelta de los milis acogidos a la reinserción ha constituido un avance notable en el proceso de pacificación, a pesar de que sectores de Herri Batasuna se niegan a aceptar públicamente la división en el seno de ETA Militar.

La colaboración francesa se hizo patente especialmente en 1984, año en el que Francia llegó a deportar a 26 activistas de ETA a diversos países suramericanos y africanos. Actualmente se encuentran deportados en estos países 34 activistas de ETA, entre ellos importantes miembros de la dirección, como Eugenio Etxebeste, Antxon, considerado el número dos de ETA y. actualmente en Ecuador.

En julio y septiembre de 1984 se obtenían otros dos importantes éxitos en la colaboración internacional antiterrorista, aunque posteriormente se convertirían en fracasos en España: Bélgica y Francia concedían la extradición a nuestro país de dos y tres etarras, respectivamente. Sin embargo, la actitud de estos dos países -Francia concedía por primera vez extradiciones de etarras a España, y Bélgica lo hacía después de cerca de 40 años- no sirvió prácticamente de nada, ya que los tribunales absolvieron a cuatro de ellos por falta de pruebas. Este fracaso ha provocado que el Ministerio del Interior se haya abstenido posteriormente de solicitar extradiciones, incluso la del propio número uno de ETA, Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, actualmente encarcelado en Francia, y prefiera optar por negociar la deportación de los terroristas.

El ministro del Interior, José Barrionuevo, que compareció recientemente en la sede del PSOE para dar cuenta de su gestión en estos últimos cuatro años, afirmaba que se había reducido notablemente en estos cuatro años la actividad terrorista. Según el ministro, "actualmente sólo quedan dos focos con capacidad operativa: ETA Militar, que tiende a reducirse, y una serie heterogénea de grupos del terrorismo internacional. Ha quedado anulada prácticamente la capacidada operativa de ETApm, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, los GRAPO -sólo quedan tres personas que viven en Francia-, grupos de ultraderecha, etcétera".

Víctimas y detenidos

Durante el Gobierno socialista, según el ministro, "el número de víctimas del terrorismo ha sido de 156, que son muchísimas, pero es el índice más bajo de los Gobiernos democráticos, y se observa una tendencia a disminuir. Este año ha habido 10, de ellas cinco en un solo atentado. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse a 1975". Asimismo afirmó que, desde diciembre de 1982 hasta febrero de 1986, "el número de detenidos en relación con el terrorismo ha sido de 2.560 (2.004 de ETA), de los que pasaron a disposición judicial 1.310. La ley antiterrorista es una ley desgraciadamente necesaria".La legislatura socialista también ha sufrido momentos críticos por la viol ncia terrorista. El 4 de noviembre de 1982, una semana después de las elecciones, ETA asesinó en Madrid al general jefe de la División Acorazada Brunete, Víctor Lago Román. Durante 1983, la actividad de ETA se intensificó, y la situación se agravó posteriormente con la aparición de los GAL. El secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal, en Madrid, y el asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, en el País Vasco, en marzo y octubre de 1983, provocaron los momentos más tensos en la sociedad española durante la etapa socialista. Poco tiempo después del asesinato de Martín Barrios, los GAL iniciaban su actividad terrorista contra ETA en suelo francés.

Dos nuevos asesinatos llevados a cabo en 1984 -el del senador socialista Enrique Casas (23 de febrero) y el del dirigente de la coalición abertzale Santiago Brouard (20 de noviembre)- serían considerados como dos intentos de anular el proceso de reinserción y la negociación del Gobierno con ETA. Casas, asesinado por ETA, y Brouard, por los GAL, serán considerados como las víctimas de dos extraños sectores que pretendían aniquilar cualquier posibilidad de diálogo. Las informaciones de este diario en relación con el asesinato de Santiago Brouard provocaron una demanda por la vía civil del ministro del Interior, José Barrionuevo, que fue desestimada por el juez.

Éxitos y fracasos

La actuación policial mejoró sensiblemente en la lucha antiterrorista, y entre sus éxitos destaca la reciente desarticulación del denominado comando Nafarroa (Navarra), uno de los más activos de la organizacion terrorista, y la detención de varios miembros liberados de ETAm.La policía tiene en su haber también el desbaratamiento del secuestro del directivo del Athlétic de Bilbao Juan Pedro Guzmán, hecho por el que la Dirección de la Seguridad del Estado inició una nueva estrategia, consistente en solicitar comisiones rogatorias para el interrogatorio de todos los miembros de la dirección de ETA refugiados en el sur de Francia que dirigen las acciones que posteriormente se llevan a cabo en España.

La gestión del departamento de Interior también se ha significado por la puesta en marcha de la ley de extranjería, que ha cubierto un enorme vacío legal para regularizar la situación de los extranjeros en nuestro país, a pesar de que su entrada en vigor provocó serios problemas con la comunidad musulmana de Ceuta y Melilla.

La oposición y la opinión pública criticaron duramente irregulares actuaciones de los cuerpos de seguridad, especialmente de la Guardia Civil, que culminaron con la muerte de varias personas. Entre ellas, la muerte del dirigente de los GRAPO Juan Martín Luna, un niño fallecido en Valmojado (Toledo) al disparar guardias civiles en un control y la muerte de un joven de 21 años en Guadalajara por disparos de la Guardia Civil cuando, recogía caracoles.

La muerte de Mikel Zabalza, en noviembre de 1985, mientras estaba detenido por la Guardia Civil, ha sido el último case, de una serie de denuncias de torturas y malos tratos durante la etapa socialista. Amnistía Internacional, en su informe de 1985, afirma que, a pesar de la intruducción del hábeas corpus como garantía para los detenidos, la incomunicación con arreglo a la ley antiterrorista "ha seguido aplicándose de manera generalizada y Anmistía Internacional ha llegado a la conclusión de que, a pesar de las nuevas garantías, dicha medida

[la ley antiterrorista] facilitó la tortura y los malos tratos". El Gobierno respondió a Amnistía Internacional que desde diciembre de 1982 había recibido 111 denuncias de torturas y malos tratos que implicaban a 327 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Ochenta y ocho de tales casos se encontraban todavía en fase de diligencias previas, afirma el informe de AI de 1985.

Uno de los escándalos políticos surgidos en la pasada legislatura estuvo centrado en el descubrimiento, en mayo de 1985, de que policías de la Brigada Interior, mandada por el comisario Alberto Elías, dedicaban presuntamente parte de sus esfuerzos a conseguir informaciones confidenciales de partidos políticos como Alianza Popular y el PCE.

El ministro Barrionuevo reiteró que no existían tales actividades, pero el juez José María Vázquez Honrubia, instructor de la causa derivada de la querella interpuesta por AP, intervino en la sede de la citada brigada 180 informes policiales sobré AP.

Vázquez Honrubia envió el caso al Tribunal Supremo por entender que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, el ministro del Interior, José Barrionuevo, y el diputado socialista Eduardo Martín Toval podían ser autores de algún delito relacionado con el escándalo.

El Supremo respondió que no existían indicios de tal delito en los políticos citados, por lo que el juez instructor archivó la causa, si bien en el auto correspondiente afirmó que algunos policías hacen información sobre partidos políticos, actividad que el propio magistrado deducía que, a la vista de la decisión del Supremo, no era ilegal. AP y el PCE recurrieron el auto de archivo, y la causa pasó a la Audiencia Provincial de Madrid, que aún no ha tomado una resolución definitiva.